
En medio de un nuevo cuestionamiento legislativo a la Ley del Servicio Civil , tras la exclusión del Tribunal Constitucional de su aplicación, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) responde.
Gestión entrevistó a Guillermo Valdivieso, presidente ejecutivo de Servir, para conocer la posición institucional, los avances concretos desde el Decreto Legislativo N° 1602, Ley del Servicio Civil, y las barreras que aún enfrenta la reforma.

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-¿Cuál es la posición de Servir frente a la reciente exclusión del Tribunal Constitucional?
Nuestra posición es clara: todas las entidades del Estado deberían formar parte del sistema de gestión de recursos humanos. Excluir al TC, como ocurrió anteriormente con otras instituciones, debilita la coherencia de este sistema.
Si hay particularidades —y sabemos que algunas entidades las tienen— estas pueden abordarse con criterios regulatorios dentro del propio marco del sistema. Pero, una exclusión total rompe con los principios de igualdad de oportunidades, meritocracia y orden administrativo.
-¿El Congreso consultó a Servir antes de aprobar esta medida?
En su momento emitimos una opinión técnica en contra del proyecto original. Volveremos a presentar una opinión que, esperamos, pueda ser considerada por el Poder Ejecutivo antes de tomar una decisión definitiva.
-¿Qué consecuencias puede tener seguir excluyendo entidades?
Significa que cada institución puede empezar a fijar sus propias reglas sobre contratación, evaluación, compensaciones y carrera, rompiendo la lógica de unidad administrativa. Eso nos aleja del objetivo de construir un servicio civil profesionalizado y con reglas comunes para el Estado.
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-¿Qué impacto ha tenido el Decreto Legislativo N° 1602?
Este decreto marcó un cambio importante al establecer la obligatoriedad del tránsito para las entidades del Poder Ejecutivo. Desde su aprobación en diciembre de 2023, el número de propuestas de Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) presentadas aumentó en más de 700% respecto de los diez años anteriores.
Esto se logró también gracias a un nuevo modelo de asistencia técnica más focalizado, la simplificación de pasos y la incorporación de incentivos para las entidades.
-¿Cuál es el universo de servidores públicos bajo el ámbito de aplicación de Servir?
Estamos hablando de aproximadamente 600,000 trabajadores del Poder Ejecutivo. No se incluyen los regímenes especiales (como salud, educación, Fuerzas Armadas, servicio diplomático) ni los gobiernos locales, que aún no cuentan con un reglamento de compensaciones.
-¿Cuántas entidades ya tienen su CPE aprobado?
A la fecha, 33 entidades han completado esta fase y tienen sus CPE aprobados, lo que representa más de 20,000 posiciones organizadas bajo el nuevo régimen. Además, hay 10 propuestas adicionales con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que han retornado a Servir para su aprobación final.
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-¿Cuántas de esas entidades ya han incorporado servidores?
Solo 18 de las 33 han iniciado procesos de incorporación, ya sea por concursos públicos o designaciones de confianza. Entre ellas están Servir, Ministerio de Energía y Minas (Minem), MEF, CEPLAN, OEFA, Ositrán y Perú Compras.
-¿Cuántos servidores públicos han sido incorporados hasta hoy?
A la fecha, tenemos 3,179 servidores públicos vinculados formalmente al régimen del Servicio Civil. Es una cifra que, aunque modesta, muestra un avance progresivo frente a los ritmos que se tuvieron durante los primeros años de implementación.
-¿Por qué no se ha logrado incorporar más personal?
El CPE aprobado no garantiza que la entidad tenga los recursos disponibles para iniciar concursos o designaciones. Muchas entidades elaboran un plan de implementación gradual según su presupuesto. También hay resistencia al cambio entre los propios servidores, lo que requiere trabajo de sensibilización. Por eso no basta con normas: hay que acompañar técnicamente y generar condiciones reales para avanzar.

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-¿Servir está preparando alguna medida para facilitar ese tránsito?
Sí. Estamos trabajando con el MEF una propuesta normativa para actualizar el reglamento de compensaciones, que no se ha modificado desde hace más de diez años. Una de las principales barreras que hemos identificado es que el servidor que migra desde otro régimen —como el 276 o el 728— puede terminar percibiendo una remuneración menor al ingresar al régimen Servir. Ese es un desincentivo claro para muchas personas.
Por eso estamos evaluando medidas como el pago de la CTS al cese y no mensualmente, lo que reduce la presión sobre el presupuesto sin afectar el derecho. También se está revisando la posibilidad de mejorar la escala remunerativa para determinados puestos, sobre todo en sectores donde hay brechas salariales que dificultan atraer perfiles adecuados.
La intención es que ningún servidor vea afectadas sus condiciones económicas por transitar al nuevo régimen.
-¿Qué etapas siguen para implementar esa propuesta?
En este momento estamos en la etapa de diseño técnico. Una vez que tengamos la propuesta consolidada, se trabajará con el MEF su viabilidad presupuestaria y se planteará una modificación normativa.
Esperamos contar con una versión final en el segundo semestre de este año. La implementación dependerá del respaldo que reciba a nivel del Poder Ejecutivo y del proceso normativo. Pero, creemos que hay voluntad política para avanzar, porque se trata de una medida necesaria para viabilizar el crecimiento del régimen Servir.
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-Uno de los temores es la evaluación de desempeño, ¿cuál es la situación actual?
La Ley del Servicio Civil establece una gestión del rendimiento anual. Sin embargo, el Consejo Directivo de Servir decidió suspender sus efectos vinculantes en 2024, es decir, ya no genera ceses automáticos. Hemos iniciado el diseño de un nuevo modelo más objetivo, que priorice la capacitación y considere la posibilidad de reconversión laboral antes que una desvinculación. La evaluación debe servir para mejorar, no para castigar.
-¿Qué opinión tienen sobre el proyecto que otorga beneficios completos a los trabajadores CAS?
Nosotros coincidimos en que todos los servidores deben tener condiciones equitativas, pero planteamos que el tránsito sea al régimen Servir, no al 728. El régimen 728 no permite carrera ni ascensos salvo por ley, lo que congela las condiciones laborales. En cambio, Servir permite progresión profesional mediante concursos internos, y eso genera motivación, movilidad y mejora en la calidad del servicio público.
-¿Cuál es la posición institucional frente a quienes insisten en derogar la Ley Servir?
Derogar la Ley sería renunciar a todo el esfuerzo por establecer un sistema con reglas claras, meritocracia y estructura común. Volveríamos a la discrecionalidad y a la fragmentación del aparato estatal. Nuestro enfoque es seguir corrigiendo lo que sea necesario, pero sin perder de vista el objetivo general: construir un servicio civil moderno, técnico y competitivo.
-¿Qué objetivos se han trazado para este segundo semestre?
Esperamos duplicar el número actual de servidores incorporados. También lanzaremos una maestría gratuita en gestión de recursos humanos e innovación pública, dirigida a servidores del Estado.
Y relanzaremos el programa de crédito-beca para estudios de posgrado, ampliado ahora a universidades nacionales, para incluir a servidores de todo el país que antes no podían postular por barreras económicas o geográficas.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.