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Diferentes organismos a nivel internacional empiezan a dar la voz de alarma ante una posible crisis alimentaria en el mundo. De hecho, la región de América Latina acaba de ser declarada en situación de emergencia por la Organización de Estados Americanos (OEA), debido a la actual crisis de fertilizantes.
En la medida que la invasión rusa a Ucrania se extiende y el rebrote de la pandemia en China dificulta el tránsito marítimo, 19 países han impuesto la prohibición de exportar alimentos, entre ellos Argentina y Brasil -según el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFRI)-, mientras que México optó por exonerar, por un año, aranceles a casi 70 productos importados en pro de controlar su inflación.
Las medidas en Perú, en tanto, se han centrado en beneficios tributarios internos. Desde mayo rige la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a cinco productos de la canasta básica, como el pollo (congelado), huevos, pan, fideos y azúcar, así como sus principales insumos; con el objetivo de mitigar nuevos incrementos de precios. No obstante, en productos como el pan y el pollo no se registra un impacto.
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Asimismo, el gobierno dio luz verde -entre idas y venidas- a la compra de fertilizantes por S/ 348 millones con el propósito de que los productores agrarios tengan acceso al insumo, aunque el éxito de la iniciativa dependerá de cuán rápido pueda llegar la urea y otros nitrogenados al país.
Medidas arancelarias
Pero, ¿puede Perú aplicar medidas arancelarias? Edgar Vásquez, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, recordó que el país cuenta a la fecha con 22 acuerdos de libre comercio que permiten que al menos el 91% de las importaciones ingresen libres de aranceles; excepto con Rusia, con el que no hay un tratado de libre comercio pese a que suministra casi el 70% de los fertilizantes que demanda la agricultura peruana.
En esa línea, agregó, podría determinarse un beneficio -reducción o exoneración- temporal del arancel, considerando el actual contexto de una posible crisis alimentaria.
Pero más allá de ello, dice Vásquez, “no hay mucho margen para aplicar nuevas políticas arancelarias”. Incluso, hizo referencia al instrumento de franja de precios para productos agrícolas como el maíz amarillo, arroz, azúcar y leche; pero que actualmente no se aplica porque los precios de dichos productos están más altos que la franja máxima.
Carlos Posada, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), sin embargo, plantea otra alternativa que además ha entrado a la agenda de la Comisión de Economía del Congreso de la República.
En diálogo con Gestión.pe, explicó que para aminorar el impacto que los elevados costos del transporte internacional de mercancías ejercen sobre el precio de los bienes importados al país, debería excluirse de la declaración aduanera el valor del flete así como el seguro que pagan los importadores.
“Si sumas el valor del flete del contrato de transporte internacional, que hoy está por encima de los US$ 18,000 y el seguro, y sobre ello aplicas el IGV de 16% mas el 2% de la declaración municipal, lo tributado es bastante elevado. Solo debería tributarse sobre el valor de la mercancía, que además también ha subido de precio por el panorama internacional”, indicó.
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Anotó que países como El Salvador y Ecuador ya lo han establecido, Colombia lo haría la próxima semana, mientras que Brasil aún lo está evaluando. Por su parte, Costa Rica formuló que la base imponible de los derechos y tributos a la importación se determine por el valor de referencia del flete declarado durante el 2019, precisamente para eliminar el efecto del actual costo, que ha subido en más de tres veces.
¿Afectaría las arcas del Estado? Posada menciona que el actual contexto de la crisis logística ha generado una sobre ganancia al Estado. Y es que en el 2019, el valor del flete bordeaba los US$ 1,200 y sobre ese precio se aplicaba el impuesto aduanero.
Hoy el precio del flete es de US$ 18,000 en algunos casos. “El Estado no perdería mucho, sino que entraría un producto con un precio más accesible a la economía”. En esa línea, agregó que la medida debería ser temporal y para todos.
Si bien la Comisión de Economía estaría evaluando la propuesta, Posada indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podría publicarla a través de un decreto supremo.
Avanza al Pleno
El MEF también estaría por recibir facultades para legislar sobre medidas financieras a favor de la agricultura, como la exoneración de aranceles y otros impuestos a la importación de insumos agrícolas (ver el texto). El dictamen fue aprobada por la Comisión de Economía y espera su votación en la Comisión Agraria.
De acuerdo al sustento de la comisión, la recaudación por concepto de aranceles bordea los S/ 1,400 millones al año, mientras que el presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es de S/ 11,000 millones que eventualmente podría elevarse para atender, a través de los programas sociales, a una mayor población que no pueda acceder a productos por los altos costos, por lo que consideran necesario aplicar beneficios arancelarios a la importación.