Sector conservero en Perú comienza a sentir el impacto de un mercado local restringido

¿La razón? La baja capacidad de financiamiento principalmente de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que estuvieron, en algunos casos, varios meses sin operar durante el 2020. Otro factor es la inseguridad jurídica para continuar operaciones en algunas plantas en el norte del país (ver más abajo); y, por último, un mercado local restringido por el mismo Estado, según denunció el presidente de la ACP, Jesús Veliz.

Y es que desde inicios del 2021, la ACP ha intentado que el Programa Nacional de Alimentación Escolar-Qaliwarma “cumpla” con la ley de compras a la producción nacional (Ley N° 27767) y adquiera las conservas directamente de la industria, pero sin conseguirlo.

Qaliwarma es un mercado potencial para cualquier industria de alimentos en el Perú, por los tres millones de escolares que reciben desayuno y almuerzo diariamente del programa.

“Tuvimos una reunión con el director del programa y lo que nos menciona es que sólo puede hacer las adquisiciones en paquete, es decir, conservas, fideos, leche y azúcar juntos. Eso no lo podemos hacer nosotros porque podría ocurrir una contaminación cruzada entre los productos en los almacenes”, sostuvo.

Bajo esas reglas, Veliz anotó que se estaría restringiendo a la producción nacional de participar en una compra pública, lo que es aprovechado por los intermediarios y los importadores, pues el programa estaría adquiriendo productos de Vietnam y China, pero que cuando llegan al país se les pone la etiqueta de ‘Cómprale al Perú’, señaló.

“Podríamos bajar el precio hasta en un 10% respecto al precio que le compra Qaliwarma a los intermediarios. Ese beneficio será para el programa, y además se podrá fiscalizar nuestras plantas; pero también se estará dando trabajo a más mujeres”, añadió.

Caso Paita

Véliz también informó que dos empresas conserveras de consumo humano directo (CHD), cuyos montos de inversión recientes sumarían US$ 3 millones, estarían por dejar de operar en la Estación Naval de Paita, Piura, administrada por la Marina de Guerra del Perú.

Según declaró, una de las empresas es de congelados para CHD -con más de 500 trabajadores- que ya se encontraría en pleno cierre de la planta tras no habérseles renovado el contrato tras diez años de operar en dicha base, “sin opción a renegociar”. Gestión.pe quiso conocer la versión de la empresa pero evitaron declarar.

La segunda empresa es Pesquera Tierra Colorada S.A.C. -con más de 200 trabajadores- cuyo vínculo contractual se resolvería si es que la empresa no cumple, en un plazo corto, con el pago de una deuda con la Marina de Guerra del Perú. “No es fácil el pago cuando han dejado de operar dos meses y su capacidad de producción aún no se ha recuperado”, señaló Veliz.

Consultada por los dos casos, la Marina de Guerra del Perú respondió que, en el primer caso, se habría dado fin al vínculo contractual debido al vencimiento de dicho contrato, y “ya no resultaba viable (la renovación), al no encontrarse la planta de frío en condiciones óptimas para prestar el servicio requerido; ni encontrarse el citado contrato de prestación de servicios acorde a la normativa para la gestión de inmuebles del sector Defensa, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales”, señalaron.

Respecto a Pesquera Tierra Colorada S.A.C, precisaron que el contracto de usufructo aún no ha sido resuelto, sin embargo, “se encuentra en trámite el procedimiento de apercibimiento para el cumplimiento de obligaciones por parte de la citada empresa, la que a la fecha tiene compromisos pendientes con la Marina”.

Aunque precisó que si la empresa cumple con el pago de sus obligaciones dentro del plazo previsto, y de no existir ningún tipo de obligaciones adicionales incumplidas a tal fecha, se mantendría vigente el contrato al 2026.

¿Qué ocurrirá con dichos espacios si ambas empresas salen de la base? La Marina indicó que, de recibirse propuestas de conserveras interesadas, serán evaluadas, en mérito a la mejor oferta en lo que se refiere al pago por el acto de administración o disposición que solicite.

Dato

- La producción nacional de conservas actualmente solo cubre el 30% de la demanda nacional, es decir, 1.2 millones de cajas de los cuatro millones que pide el mercado.