Restan 51 días para concluir con el proceso de formalización minera (31 de diciembre), pero hasta ahora no hay visos de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República vaya a poner en debate el proyecto de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape), que debía poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Al parecer existiría, contrariamente, más preocupación por generar aún más espacios para la operación de mineros informales a través de acelerar la reversión de concesiones mineras al Estado, que incluso la misma prórroga de dicho registro.
Como hemos informado, esa comisión pasó a cuarto intermedio un predictamen que plantea extender la vigencia del Reinfo hasta el 2027, recogiendo cuatro proyectos que plantean su prórroga en plazos diversos, que van desde el 2026 al 2029).
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Sin embargo, en lo que más ha puesto foco dicha comisión es en los proyectos que proponen endurecer las condiciones para la minería formal, a través de modificar la Ley General de Minería, para encarecer los costos para mantener concesiones, y hasta aplicarles caducidad si no cumplen plazos determinados de actividad e inversiones mínimas.
Hasta marzo de este año, había dos proyectos para “castigar” concesiones mineras “improductivas”, pero a la fecha, la comisión de Energía y Minas ha acogido ya seis iniciativas legales con el mismo tenor.
Esas iniciativas, en su mayoría han sido presentados por bancadas como Podemos Perú, Bloque Magisterial y Bancada Socialista, pero también de Renovación Popular (RP), partido liderado por el candidato presidencial Rafael López Aliaga.
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¿Cuántas concesiones operan?
El proyecto de RP, por ejemplo, argumenta que, de 37,408 concesiones mineras vigentes que ocupaban 15.5 millones de hectáreas (al 31 de julio del 2024, según data del Ministerio de Energía y Minas - Minem) solo en 1,220 concesiones, el 3.2% de ese universo, se realizaban actividades mineras, 342 de exploración y 708 de explotación.
Cita que, conforme a data del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), 49 titulares mineros poseían 9,172 concesiones por 6.4 millones de hectáreas (el 24% del total de concesiones), mientras que solo diez titulares mineros concentraban el 16.9% del total de hectáreas concesionadas.
derechos mineros vigentes (a julio del 2024). fuente: Proyecto de ley de Renovación Popular
En tal sentido, su proyecto propone incrementar el monto a pagar por derecho de vigencia de la concesión, a razón de US$ 5 por hectárea (ha.) por año (desde los US$ 3 actuales) y caducar la concesión al cabo de 10 años de no invertir en exploración (por un mínimo de US$ 1 millón), o de 20 años si no inicia producción (el plazo actual es de 30 años).
En tanto, el proyecto de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, plantea incrementar aún más, hasta US$ 10 por ha., el derecho de vigencia a pagar para titulares que cuenten entre 50 mil a 100,000 has, y de US$ 20 para los que tengan más de 100,000 has.
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Buscan generar espacio para informales
Propone además que la caducidad se produciría a los 20 años de no reportar producción mínima. En cambio, los montos que plantea que paguen los pequeños mineros o artesanales, son mínimos.
Su objetivo, refiere, es desconcentrar las concesiones ociosas para crear oportunidades de acceso a la formalización (de mineros informales) y “fomentar la distribución de las fuentes de generación de riqueza”.
En la misma línea, la iniciativa de la Bancada Socialista propone se declare la caducidad por falta de explotación al cabo de 5 años consecutivos, sin que se presente justificación, de forma que la concesión retorne al Estado.
Concesiones en actividad a agosto 2025. Fuente: Minem
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¿Sustento para prorrogar el Reinfo?
El proyecto de Podemos Perú, presentado por el congresista Guido Bellido, plantea una nueva causal de caducidad: por no iniciar estudios ambientales en los dos años de obtenida la concesión, o no iniciar exploración o explotación a los cuatro años siguientes de otorgada.
Ya en la última sesión de esa comisión, el citado parlamentario, al insistir en su propuesta para extender el Reinfo hasta el 2029, planteó que los mineros informales pudieran realizar operación en áreas concesionadas que no tuvieran instrumento de gestión ambiental aprobado.
En la misma sesión, el congresista Roberto Sánchez (de Juntos por el Perú) pidió que el tema de la reversión de las concesiones “ociosas” al Estado, se valore también en el nuevo texto sustitutorio a replantear en el cuarto intermedio para la prórroga del Reinfo.
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Inversión minera se retraería aún más
Consultado por Gestión sobre el tema, Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dio a entender que no es que existan “concesiones ociosas”, sino lo que hay son las demoras en poner los proyectos mineros en marcha, por la conocida demora del Gobierno en dar las autorizaciones para su inicio.
Señaló que, solo el obtener la concesión para la fase de exploración puede tardar más de 6 meses, y otros seis en obtener los permisos para iniciar actividades, más los plazos que toma el realizar consulta previa (de ser el caso).
Pero, añadió, cuando se trata de un proyecto de construcción de mina de cierta envergadura, el mismo puede tardar entre 40 a 60 años en desarrollarse.
Cárlos Gálvez, ex presidente de la SNMPE, advierte consecuencias de recortarse plazos para las concesiones mineras
En tal sentido, Gálvez advirtió que, de aprobarse ese tipo de proyectos de ley, la inversión minera en el Perú podría retrasarse aún más, y las inversiones previstas para ejecutar proyectos importantes en cartera, optarían por desviarse a otros países, pese al repunte que mantiene la cotización de los minerales.
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En tanto, Marcial García, experto en minería de EY-Perú, señaló que, no es que las concesiones estén improductivas porque las compañías no quieran realizar actividades, sino que existen mil trabas que surgen en el propio Estado, además de los conflictos sociales.
Puso como ejemplo el caso del proyecto cuprífero Quellaveco, descubierto hace más de 90 años y que recién se pudo concluir y poner en producción en el año 2022. Si ahora se pretende recortar las concesiones, el Perú resultará siendo aún menos competitivo que otros países mineros, subrayó.
PPU: No se entiende cómo funciona esta industria
A su turno, Rafael Peña, socio líder del área de minería del Estudio Phillippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, señaló que es preocupante que existan ese tipo de propuestas legales, y al plantear que existen concesiones mineras “ociosas” no se entiende cómo funciona la industria minera.
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Refirió que el problema no es que exista un presunto acaparamiento o que las concesiones estén ociosas, sino los “cuellos de botella” que existen en la tramitación de más de 200 permisos que se requiere para dicha actividad, además de la conflictividad social que impide que muchos proyectos se lleven a cabo.
“Anunciar la revocación retroactiva de concesiones mineras resulta inviable e irresponsable, y puede abrir la puerta a la proliferación de la minería ilegal, que hoy en día es uno de los principales problemas del país, que destruye el medio ambiente y financia economías ilegales”, apuntó el experto.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
