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Tras el mensaje a la nación de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el Gobierno presentó el proyecto de ley N° 05632, que busca que el Congreso de la República le otorgue facultades legislativas para solucionar una serie de problemas en seguridad ciudadana, gestión de desastres por la llegada del Niño Global, e infraestructura social.
En materia económica, son al menos siete las medidas que el Ejecutivo plantea (ver tabla). Una de ellas pretende establecer un marco normativo respecto a la prestación de los servicios de saneamiento y la dotación de agua potable; así como la regularización del derecho de propiedad, de las características físicas de los predios urbanos, de habilitaciones urbanas y de edificaciones.
Si bien, los especialistas consultados por Gestión consideran que las propuestas del Gobierno para regularizar el derecho de propiedad y saneamiento son positivas, creen que hace falta un mejor desarrollo de las mismas para ver si realmente generarán beneficios.
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Registro de predios
El Poder Ejecutivo contempla en uno de sus proyectos de Decreto Legislativo incluir mecanismos notariales, municipales y registrales “que permitirán la debida inscripción de la propiedad, garantizando la información verídica sobre las características de los predios urbanos, sobre los procesos de habilitaciones urbanas y edificaciones.
La idea, de acuerdo con el proyecto, es corregir distintas limitaciones, defectos y vacíos existentes en diferentes leyes vigentes. Aún así, no se dio mayor detalles de cuáles exactamente serán dichos mecanismos.
Para el Poder Ejecutivo, las altas cifras de viviendas autoconstruidas y pendientes de saneamiento de titularidad y/o de las características físicas justifica la implementación de la norma, “mediante la simplificación del desarrollo de los procedimientos administrativos para reducir costos”. Y, el déficit de viviendas amerita la rápida intervención del Gobierno a fin de crear mecanismos que permitan a los propietarios hacer un mejor aprovechamiento de sus suelos teniendo predios saneados.
Para Luis Francisco Paz, asociado en Miranda & Amado, la propuesta del Poder Ejecutivo es válida, pero no atacaría todos los problemas del derecho de propiedad.
“Es una parte del enfoque. Los costos para las transacciones notariales y municipales son altos. No son amigables. Eso es verdad, pero también es cierto que la autoconstrucción no solo responde a eso. También responde a la informalidad e impunidad”, asegura a este diario.
Agrega que “los costos registrales los puede pagar una empresa grande. Una sola partida registral te cuesta S/ 6.00. Un predio antiguo tiene como 40 páginas. Países como Colombia cuenta con tarifas planas”.
Luis Aliaga, asociado principal del área inmobiliaria en PPU, explica que “la autoconstrucción, que es construir sin título habilitante, ocurre por diversos niveles de informalidad”. En este contexto, coincide con Paz: “Me parece una buena intención, pero sigue siendo genérico”, afirma a este diario. Para los costos administrativos, Aliaga cree que podrían plantearse exoneraciones en tributos de predios, por ejemplo, pertenecientes al programa MiVivienda.
Para Paz, la propuesta gubernamental se olvida que, si bien los gobiernos regionales (Gores) y municipales están encargados del ordenamiento territorial, su fiscalización y control es deficiente. “Por ejemplo, la declaración de demolición nadie la cumple” sostiene.
“Antes Cofopri era el ente especializado de hacer la titulización. Hoy la potestad la tienen los Gores que no tienen la capacidad técnica ni el personal. En los últimos 25 años se informalizado todo por eso”, afirma Aliaga.
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Saneamiento
Para la prestación de los servicios de agua y saneamiento, el Ejecutivo busca agilizar la atención inmediata en el caso de que exista población afectada por emergencias, estableciendo una ley que evite la dependencia de decretos de urgencia (DU).
De acuerdo con la justificación del mismo proyecto, actualmente solo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) está autorizado para adquirir materiales y equipamiento para atender emergencias de niveles 4 y 5, como sería el caso de El Niño global.
Sin embargo, dice el Ejecutivo, las últimas emergencias han evidenciado la necesidad de que otros niveles de gobierno, como los Gores y municipalidades, también tengan esta facilidad para que puedan valerse de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y responder eficazmente.
“Resulta necesario que dichas situaciones sean recogidas en norma con rango de ley, y así evitar que constantemente se dicten medidas extraordinarias para dicha habilitación, a través de decretos de urgencia, como viene sucediendo a la fecha”, sostiene el Ejecutivo.
Al respecto, Milton Von Hesse, extitular del MVCS, considera que la idea es buena. Sin embargo, no soluciona el fondo. “El problema es que las EPS son un modelo fallido. Tienen mala gestión comercial y técnica. Un indicador es que en la selva y sierra solo el 20% del agua que reciben tiene la cantidad de cloro adecuado”, afirma el también director de Videnza Consultores.
Von Hesse asegura que las EPS no tienen el personal capacitado, como ingenieros sanitarios y economistas, para mejorar su respuesta. “Seguramente ayudará que reciban dinero, pero no será suficiente”, dice de la propuesta gubernamental.
Por ello, el exfuncionario considera que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) debería reenfocar su accionar sobre las EPS. “Deben centrarse en mejorar su atención. En los últimos años se han dedicado a transferirles dinero para que instalen micromedidores y así financiar su gasto corriente”, asegura.
Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.
