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La inversión pública en salud avanza a paso lento en el Perú. A falta de tres meses para que culmine el 2023, la ejecución total de los tres niveles de gobierno (nacional, locales y regionales) no supera el 40% para establecimientos de salud, de acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Es decir, de un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 6,140.4 millones para proyectos en salud, todavía queda pendiente ejecutar S/ 3,766.1 millones en 89 días.
La modesta ejecución la lidera el Gobierno nacional, con S/ 1,232 millones ejecutados, un avance de 45.5% de su PIM para proyectos en salud. Como es predecible, el empuje en este nivel del Estado es liderado por el Ministerio de Salud (Minsa). Dentro del ente rector en salubridad se encuentra el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), cuya función principal es formular, evaluar y ejecutar obras en este sector.
El Pronis tienen a su cargo 108 proyectos de inversión, de los cuales, a 57 de ellos se les asignó PIM en 2023. Gestión, tomando como base los proyectos con presupuesto asignado este año, analizó a los 21 tienen un costo superior a S/ 100 millones.
Sin embargo, de ese último grupo, 11 no han ejecutado ni el 50% de su presupuesto asignado para este año, al 2 de octubre, según pudo constatar este diario. ¿A qué se debe este retraso? Especialistas responden.
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Incapacidad técnica
De los 11 proyectos identificados por este diario, seis explican su lento avance en 2023 porque iniciaron obras recientemente. Pero hay 5 casos alarmantes por más de un motivo (ver tabla).
Está, por ejemplo, el caso del Centro de Salud Enrique Montenegro en San Juan de Lurigancho. La mejora de este establecimiento inició en 2019 y se esperaba que esté listo en 2021. Sin embargo, del presupuesto que se le asignó para este año (S/ 2.4 millones), no se ha ejecutado ni un solo sol.
Respecto a su costo total, superior a S/140.8 millones, solo se ha avanzado el 1% del PIM la obra. Según el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) de Invierte.pe, tuvieron problemas para licitar el expediente técnico del proyecto en 2022, lo que retrasó su ejecución.
Un diagnóstico similar tiene el proyecto de mejora del Hospital de Apoyo Tomas Lafora en La Libertad. Esta obra inició ejecución en 2021 y espera ser terminado en diciembre de este año.
Pero la meta parece poco probable. Si bien tiene un 46.4% de ejecución de su presupuesto asignado para 2023, solo se ha avanzado el 3% de su costo total: S/ 166 millones. Según el SSI, aún no se culmina su expediente técnico y hay nula ejecución física.
Otro caso parecido es el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia en Huancavelica. Aunque se espera culminar su mejora aún en 2025, el SSI revela que se paralizó en 2022. El contratista, señala el reporte, resolvió el contrato porque Pronis habría incumplido el pago de valorizaciones y entregó un expediente técnico incompleto.
A falta de 3 meses para que acabe el 2023, solo se ha ejecutado el 7% de lo asignado este año. Respecto a su costo total (S/ 348 millones), se ha avanzado el 58%.
Para Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), es claro que existe un mal diseño de los proyectos, lo que afecta su posterior ejecución desde el Pronis.
“Se detectan irregularidades y resultan inconclusos. La queja mayoritaria en regiones siempre es que los proyectos avanzan lento y para culminarse cuestan cinco veces más su costo inicial”, explica a Gestión.
Por su parte, Óscar Ugarte, extitular del Minsa, asegura que el Pronis se ve superado por la cartera de proyectos que se le asignan, lo que explica la diferencia entre los que concentran la mayoría de financiamiento y el resto de la cartera.
“Es un ‘cajón de sastre’. A la hora de armar el presupuesto, los congresistas suelen incluir sus propios proyectos. Algunos no tienen ni estudios previos y se los encargan al Pronis. Hay mala capacidad de gestión porque están dispersos en todo el país”, asegura a este diario.
Desde el CMP también creen que no todo es culpa del Pronis. “No podemos reclamarle al Estado ejecutor todo porque las universidades no forman buenos técnicos. Hay pocos ingenieros que conocen el sistema hospitalario. Al final buscan en el extranjero, que es más oneroso, lo que incrementa el gasto”, revela Urquizo.
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Regiones ‘en UCI’
Si la situación no es alentadora a nivel nacional, en regiones la situación no es mejor. A inicios de octubre, los gobiernos locales y regionales han ejecutado menos del 40% de su presupuesto para proyectos en salud este 2023 (ver gráficos).
A consideración del CMP las cifras reflejan la necesidad de que el Minsa recupere la gestión directa de los proyectos que hoy promueven los gobiernos subnacionales en sus regiones.
“Estamos pidiendo que la rectoría regrese al Minsa por completo porque los prefectos a veces no quieren ni recibir a los promotores de proyectos. Se necesita una reforma profunda para que eso pueda corregirse”, recalca Urquizo.
El decano del CMP recuerda el caso del Hospital Antonio Lorena en Cusco, que inició ejecución en 2012 y a la fecha todavía no se culmina. “Es el ejemplo más emblemático de cómo los gobiernos regionales diseñan proyectos sin asesoría técnica y alargan la espera”, expone.
Precisamente, el ministro de Salud, César Vásquez, aseguró que su gestión buscaría recuperar esta capacidad de la cartera a raíz del fallecimiento del congresista Nano Guerra García. Como se sabe, el exprimer vicepresidente del Congreso de la República murió porque el centro de médico en Arequipa al que lo llevaron estaba cerrado.
Sin embargo, Ugarte cree que ese no es el mejor camino. “Se requiere una normatividad preventiva. El personal a cargo de los proyectos en los gobiernos subnacionales no puede ser designado por confianza”, afirma.
El exministro de Salud asegura que se necesita proteger la inversión de salud con requisitos de nombramiento similares al del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). “Ahí requieren funcionarios de carrera y por eso sus políticas se sostienen en el tiempo”, considera.
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Pronis: Contraloría alertó irregularidades
La Contraloría General de la República publicó un informe de control posterior en septiembre último sobre el proyecto de mejoramiento del Hospital Santa Rosa en Puerto Maldonado, obra que hoy no aparece en la cartera de la unidad ejecutora del Minsa.
En su reporte, la entidad de control encontró responsabilidad en 22 funcionarios. De ese grupo, la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar acciones penales contra 3 servidores públicos.
De acuerdo con la institución los funcionarios de Pronis a cargo del proyecto ignoraron la normativa pertinente para contratar un servicio de consultoría para elaborar el expediente técnico de la obra. El perjuicio económico asciende a S/ 1,187 millones.
Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.
