Rafael López Aliaga deja de ser alcalde de Lima para perseguir la presidencia del Perú, pero ello no significa que renuncie también a su enfrentamiento con Rutas de Lima (RdL). Así lo dejó claro durante su “Rendición de Cuentas 2025″, realizada el último domingo.
En este evento, realizado como un preámbulo a su ya confirmada salida de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), López Aliaga dejó claro cuál es el siguiente objetivo: que se suspendan los peajes que le quedan a RdL en el sur de la capital.
“Se los pido a mis hermanos del sur (de Lima). Vamos a hacer acto de presencia, a partir de (hoy), en los Juzgados Penales de Lima Sur. Hay que ir allá porque hay una jueza, a la que ya la sala de derechos humanos le ha dicho que suspenda el cobro de esos peajes. Pero se resiste. Lamentablemente hay mucha corrupción”, dijo allí.
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Forma parte de estrategia contra la corrupción
López Aliaga también destacó que este pedido, en torno a los peajes del sur, forma parte de su “lucha frontal contra la corrupción” y cerraría el círculo en torno a lo que ya pasó con los otros puntos de control del tránsito que tiene RdL en la ciudad.
El líder de Renovación Popular específicamente se refirió a la suspensión de los peajes en Chillón y Conchán. Ambos fueron cortados por fallos del Tribunal Constitucional (TC), que dio luz verde a una medida cautelar con este fin. “Gracias al TC se ha suspendido el cobro de esos peajes”, remarcó.
Durante su presentación, el exalcalde también se refirió al caso de la Av. Ramiro Prialé. Según comentó, fue a partir del caso de un “hermano” suyo, que falleció durante su traslado por esta vía desde Chosica, que decidió instar al Consejo Metropolitano de la MML para intervenir la zona.
Rafael López Aliaga realizó su rendición de cuentas 2025 en el Parque de la Exposición.
“Eso me llamó a pedirle su voto a cada uno de 40 regidores metropolitanos para declarar en emergencia la (avenida Ramiro) Prialé, entrar y realizar la megaobras: puente Ñaña, puente Morón y bypass Las Torres. Ya están próximos a ser inauguradas. Era decisión política, tenemos denuncias penales por eso, pero a mucha honra”, refirió.
Como se recuerda, a finales de septiembre, RdL anunció el inicio de su liquidación “como consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la MML”, principalmente.
Entre los puntos que llevaron a la empresa a tomar esta decisión está precisamente la “toma indebida del tramo Ramiro Prialé”, de acuerdo a Brookfield, principal accionista de RdL.
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Sin peajes del sur, ¿se cancelaría la concesión?
De darse la medida cautelar en torno a los peajes del sur, como sugirió López Aliaga, RdL vería cortado el total de sus ingresos en la concesión, lo que lo llevaría a una situación bastante delicada.
Cuando anunciaron su liquidación, RdL precisó que, con la suspensión de Conchán y Chillón, ya tenían 26 casetas paralizadas, lo que les ha privado de recibir más del 60% de sus ingresos.
“Sugerir ello es básicamente una cancelación de facto de la concesión. Sin ingresos no se puede operar ni mantener, tampoco enviar las ambulancias que atienden los accidentes de tránsito en las vías”, advirtió.
Esa respuesta de Llano fue ante la sugerencia que hizo Wilber Medina, abogado de la MML, muy en línea con lo que ahora pidió López Aliaga: que la Fiscalía ordene la suspensión total de los peajes de RdL, hasta que se resuelva el caso de la alcaldesa Susana Villarán.
Una de las casetas del peaje de Conchán, hoy suspendido por decisión judicial. Fotos Britanie Arroyo / @photo.gec.
Para Juan José Cárdenas, socio experto en infraestructura de Damma Legal Advisors, no hay duda de que, si el Poder Judicial (PJ) suspende los peajes que le quedan a RdL, no podrían seguir cumpliendo sus obligaciones.
“Con la liquidación, ya no tienen gerentes, solo el liquidador tiene los poderes de la empresa. Entonces, si ya no tienen ningún ingreso, simplemente no pueden seguir operando. Efectivamente sería una terminación de facto de la concesión”, explicó.
El experto indicó también que el hecho de que una autoridad pública como el alcalde de Lima sugiera presionar al PJ para que tome una decisión que afecta un contrato firmado por el Estado peruano es peligroso para otros acuerdos similares.
“Es un mal precedente. Bajo esa argumentación, podría aplicarse a cualquier otro caso. Por ejemplo, hoy son los peajes, pero luego podría ser la TUAA del aeropuerto”, sostuvo.
“Creo que sería un argumento adicional para el concesionario y demostrar la expropiación que reclaman. Si ya no pueden cobrar ningún peaje, por lo tanto no reciben ingresos, es a favor de lo que solicitan (en el arbitraje)”, concluyó.
Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes fui parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.
