La brecha de infraestructura en el Perú, calculada en más de US$100,000 millones, se posiciona como un gran reto, pero de igual tamaño son los potenciales beneficios de concretar su cierre. Las Asociaciones Público-Privadas (APP), en este contexto, aparecieron como un mecanismo para contribuir al respecto.
En la actualidad, sin embargo, la percepción sobre los avances, en general, es baja. Solo un 22% de la población está satisfecha con la infraestructura nacional, de acuerdo con el Ipsos Global Infraestructure Index 2023. Incluso, se reporta que el Perú retrocedió tres puestos y se ubicó en el número 63 en el Índice de Infraestructura del Ranking de Competitividad Mundial 2023 del Institute of Management Development (IMD).
Radiografía
Ante el significativo reto que significa la brecha de infraestructura, en 2008 y 2014, se promulgaron normas legales para impulsar la ejecución de obras bajo el mecanismo de APP.
Con este escenario, se tuvo que, entre dicho lapso, lograron adjudicarse 46 proyectos que contemplaban una inversión de casi US$17,200 millones. Un reporte de EY Perú identificó que, hasta antes del 2015, se observó una tendencia creciente en el monto de inversiones de APP hasta llegar a los US$5,795 millones. Sin embargo, algunos cambios sobre esta base normativa desaceleraron su dinamismo. Entre el 2015 y 2022, se asignaron solo 21 proyectos adicionales, con una inversión menor a los US$3,800 millones.
Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, explicó que los cambios en las normativas que se efectuaron le quitó capacidades a ProInversión, a cargo de la adjudicación de los proyectos bajo esta modalidad.
“Ocurrió que ProInversión ya no tenía independencia para hacer las adjudicaciones y tenía que pedir autorizaciones, le quitaron capacidad de decisión para los procesos de APP. Además, la intervención de la Contraloría fue muy perjudicial, tuvo una actuación negativa, no tenían conocimientos [sobre este esquema] e imposibilitó que varios proyectos salgan: los procesos de adjudicaciones duraron más”, comentó Carrillo en diálogo con Gestión.
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En detalle, cambios normativos sobre el Decreto Legislativo 1224: Marco de Promoción de la Inversión privada mediante APP y Proyectos en Activos (PA) dificultaron un mayor avance. Así, por ejemplo, se tuvo que, en el 2022, el número de adjudicaciones de proyectos APP cayó hasta los US$18 millones, equivalente a casi el 1% de lo que se registró el siguiente año.
Carrilló señaló que, sin embargo, se dieron algunos cambios normativos, recientemente, para devolverle sus facultades a ProInversión y se ha observado una recuperación significativa de su ritmo visto años atrás. El 2023, con este nuevo marco, se cerró con inversiones por un total de US$1,229 millones.
A este contexto también sumó que organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, ayudaron a estructurar varios proyectos, facilitando así sus aprobaciones internas respectivas.
Proyecciones
De acuerdo con ProInversión, para este 2024, se espera más que sextuplicar el valor de las adjudicaciones respecto al año previo, superando los US$8,000 millones. Hasta el cierre de agosto, reportaron haber adjudicado 12 proyectos por una inversión total de US$6,076 millones. Estos correspondieron a rubros como hidrocarburos, electricidad y, principalmente, transportes.
“Cuando se habla de brecha de infraestructura incluye desde colegios rurales hasta la construcción de vías para trenes, proyectos de irrigación, cuyo funcionamiento sea de largo aliento y considerando rubros como transporte, saneamiento y más. Las APP pueden ejecutar grandes proyectos”, sostuvo Carrillo.
Un reporte de EY Perú registró que, para el período 2024-2026, se tienen identificados 95 proyectos de tipo de APP y PA en cartera por un valor de más de US$23,000 millones.
Para Carrillo, aunque se mejoró la normativa de estos esquemas, “hay mucho espacio para acelerar mucho más el cierre de la brecha”. “El Estado debería ponerle más esfuerzo es hacer más simple la norma, permitiendo las adjudicaciones de manera pronta. El costo de oportunidad de lo que perdemos como país es brutal. Por ejemplo, cada año que no tenemos agua limpia [por la brecha en saneamiento] tiene implicancias en el desarrollo de los niños”, puntualizó.
El reporte de EY también reveló que, mientras países como Chile, Colombia y Uruguay, tienen máximo cuatro entidades públicas que participan en las fases de una APP, en Perú sube a seis entidades, es decir, quienes emiten opiniones técnicas sobre el proceso.
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