El ingeniero recordó que hace un año el entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, presentó la llamada Ley MAPE, una propuesta para ordenar la minería artesanal y de pequeña escala. Foto: GEC.
El ingeniero recordó que hace un año el entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, presentó la llamada Ley MAPE, una propuesta para ordenar la minería artesanal y de pequeña escala. Foto: GEC.

La no solo destruye bosques y ríos, también tiene aliados en el Congreso, según el ingeniero Víctor Gobitz. El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la ampliación del se ha convertido en el salvavidas de quienes lucran al margen de la ley.

“Cada prórroga del es un premio a la informalidad. El Congreso está protegiendo a una minoría que explota recursos sin control ni responsabilidad ambiental”, dijo Gobitz en entrevista con Canal N.

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El ingeniero recordó que hace un año el entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, presentó la llamada , una propuesta para ordenar la minería artesanal y de pequeña escala. Sin embargo, el proyecto “duerme el sueño de los justos” en el Parlamento.

“En lugar de discutir una norma moderna, se opta por alargar un registro que hoy sirve de escudo para quienes no quieren fiscalización”, sostuvo.

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Un negocio sin minas y sin control

Gobitz explicó que detrás del operan plantas de beneficio que no tienen minas propias, pero procesan , sin estándares de seguridad ni control ambiental.

“Son operaciones que contaminan y dejan pasivos que paga la sociedad. A eso se suma la venta de insumos -combustibles, explosivos- sin trazabilidad alguna”, alertó.

Para el exlíder gremial, el sistema ha creado un “ecosistema informal” con poder económico y capacidad de presión política.

“No son los mineros artesanales los que presionan por estas ampliaciones, sino los empresarios que se enriquecen a su costa”, subrayó.

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Cálculo político y silencio del Ejecutivo

Gobitz cuestionó también la composición del Congreso. Señaló que la Comisión de Energía y Minas, presidida por Víctor Cutipa (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo), “impulsa abiertamente una agenda en favor de la minería informal”, y mencionó a Guido Bellido y Roberto Sánchez como legisladores que respaldan la sin discutir una política de fondo.

“Hay un cálculo político equivocado: creen que con esto ganan votos, pero en realidad están legislando para un grupo reducido con intereses económicos, no para el verdadero trabajador minero”, dijo.

El experto lamentó, además, la falta de liderazgo del Ejecutivo. “Ni el presidente José Jerí ni el premier han expresado una política clara contra la minería ilegal. Si Fuerza Popular y Alianza para el Progreso no apoyan el cierre del Reinfo ni la Ley MAPE, están fallándole al país”, afirmó.

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Gobitz también puso en duda el carácter espontáneo de las recientes movilizaciones a favor del .

“Los cascos, baños portátiles y toda la logística de esas marchas no los paga el minero artesanal. Los financia quien lucra con la informalidad”, aseguró.

En su análisis, la informalidad minera ha dejado de ser solo un problema económico o ambiental: es ya una red con intereses políticos enquistados.

“Mientras el Congreso siga prorrogando el Reinfo, el país seguirá atrapado en un círculo donde unos pocos ganan millones y el Estado pierde autoridad”, concluyó.

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