A pesar de que la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se vence este próximo 31 de diciembre, Gestión identificó que, solo en el último mes y medio, tres proyectos de ley que fueron ingresados al Congreso de la República buscan extender su plazo hasta el 2026. Ante este escenario de reiteración, el Ejecutivo anunció, la semana pasada, que afina detalles para también presentar al Legislativo su propuesta de Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería, denominada Ley Mape, que plantearía la eliminación del registro.
Ante este panorama, dos exministros de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores y Carlos Herrera Descalzi, y Carlos Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), compartieron con Gestión sus perspectivas acerca del proceso de formalización que lleva 23 años en la agenda pública.
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Retribución en el Congreso
“Estos proyectos de ley reflejan que los intereses de la minería ilegal atraviesan a varios partidos que están en el Congreso”, aseguró Gonzalo Tamayo. Coincidió con ello Carlos Herrera y señaló que “se nota una insistencia” por buscar la ampliación del Reinfo. “La protección de esta actividad ilegal está en el Estado”, subrayó.
A su turno, Gálvez pronosticó que, en las próximas semanas, esta dinámica se mantendría. “Los PL van a seguir llegando y van a hacer presión de toda naturaleza para que las leyes no se cumplan. Lo que pasa es que muchos de los congresistas han llegado al Congreso pagados por la minería ilegal. No es gratis, es una ‘retribución’”, sustentó.
Y la presión se ha sentido en el último mes y medio. La primera propuesta identificada por este diario data del 12 de septiembre, cuando el congresista Paul Gutiérrez, de Perú Libre, presentó el PL 8899/2024-CR con el fin de ampliar el “plazo del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal”.
Le siguió la iniciativa de José Luna, de Podemos Perú, quien presentó el 17 de octubre el PL 09259/2024-CR para proponer la “ley que modifica el artículo 6 del decreto legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, a fin de evitar mayor desempleo e inseguridad ciudadana”.
En ambos escritos, los legisladores plantearon que el plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal se amplíe hasta el 31 de diciembre del 2026.
La más reciente es de Guido Bellido, de Podemos Perú, y data del 24 de octubre. Mediante el PL 09294/2024-CR, Bellido propone modificar la misma ley, pero para que el vigor del Reinfo se extienda hasta el 30 de junio del 2026; es decir, medio año antes de la fecha señalada en las anteriores propuestas.
“Tres veces han sido bastantes. No todas las insistencias las vamos a ver sobre la superficie de la tierra como estos proyectos. Hay otros que se hacen bajo tierra”, despuntó Herrera.
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Ecosistema delictivo
Gálvez identificó en este empecinamiento un mecanismo para seguir prolongando la expiración del Reinfo, un espacio que, según enumeró, les da paso libre al mal manejo de impuesto, al descuido ambiental, a la utilización de explosivos sin autorizaciones y a un quebrantamiento de los derechos humanos. “Porque hay explotación de gente”, resumió. Se trata, bajo su definición, de un “ecosistema delictivo”.
El especialista señaló que los gobiernos regionales son protagonistas en este círculo contraproducente. Tamayo reforzó la idea: “Una de las razones por las que (Reinfo) ha fracasado es porque, en algunos casos, en las áreas de los gobiernos regionales, pueden haber estado concentrados los intereses de la minería informal. Requiere una centralización de la supervisión de estas actividades”, dijo.
Remarcó, asimismo, que los intereses de quienes quieren mantener el status quo se canalizan a través de la figura de un congresista y hay partidos que se prestan para ello.
Herrera, por su parte, indicó que “es un sistema que se siente empoderado porque algunas autoridades son débiles y otras se dan cuenta, pero no pueden hacer mucho”. “Finalmente reciben el amparo en el Congreso”, complementó.
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¿La Ley Mape sería una solución?
Los líderes de opinión concordaron en que leyes para combatir la minería ilegal hay muchas, pero el cumplimiento es el ingrediente que falta. “La Ley Mape es uno de los intentos, pero hay que seguir explorando medidas que busquen reducir los espacios que la corrupción o la criminalidad aprovechan: las esperas formales”, agregó Tamayo.
La solución, detallaron los tres expertos, es difícil porque el precio del oro es un incentivo económico importante para el Perú. “El precio sigue subiendo, lo que motiva a que exista y aumente esta actividad”, razonó Tamayo.
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