Junto a la última ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) aprobado a fines del año pasado, el Gobierno peruano también dispuso que la rectoría de los procesos ya no esté a cargo de los gobiernos regionales, sino que vuelva al Gobierno nacional. Transcurrido la mitad del plazo establecido de seis meses, el proceso enfrenta significativos retos.
“El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ejerce la rectoría de la actividad de la pequeña minería y minería artesanal, incluyendo la supervisión y coordinación en el ámbito regional, así como implementar las políticas para su formalización, incluida las de verificación y fiscalización y otros trámites administrativos”, dictó la Ley 32213.
Pese a este normativa, Jorge Luis Montero, titular del Minem, dio a conocer que desde su cartera enviaron equipos de técnicos para recuperar presencialmente los expedientes de formalización en algunas regiones donde observan “trabas” al respecto.
“Hemos enviado equipos a algunas regiones porque no quieren cooperar, se observa una suerte de desacato”, comentó Montero, la tarde de este jueves 6 de marzo, en el marco del evento “Aportes y propuestas para una minería formal y sostenible: impulsando la pequeña minería y minería artesanal”, organizado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y el OMI (Observatorio de Minería Ilegal).
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Consultado por Gestión sobre detalles, Montero prefirió no responder de cuántas y qué regiones están implicadas para evitar dar “información imprecisa”. “He pedido información, todavía la están preparando, pero lo cierto es que hay regiones que no participan del proceso de formalización, pues tienen expedientes de registros que no suben al sistema. Tendremos que evaluar estos casos”, respondió.
Montero remarcó que, según dispone la normativa, “al final del día, el proceso de formalización se va a centralizar”. “Cada región tendrá que hacer su descargo [sobre la demora o traba en la entrega de expedientes”, complementó.
De hecho, el ministro también indicó que, recientemente, desde el Minem tuvieron que revertir una normativa que promulgaron y dispuso, erróneamente, la suspensión de más de 10,000 Reinfo.
“Tuvimos que corregir una resolución. Ocurre que los expedientes estaban en los gobiernos regionales, pero no fueron subidos al sistema. Pero si no lo suben, no tenemos manera de hacerle seguimiento. Hemos enviado personal a cinco regiones [para recoger qué pasó en estos casos]”, señaló. “Ya todos llegamos a la conclusión de que la descentralización de competencias para la formalización minera no ha funcionado”, añadió.
Montero también fue enfático al apuntar la existencia de corrupción en los procesos de formalización a nivel de los gobiernos regionales. “Hay muchos casos. Vemos también que hay estadísticas que llaman mucho la atención. ¿Por qué no caminan rápido? ¿Por qué otros sí? Presuntamente son actos de corrupción. Una manera de controlar esta presumible corrupción es centralizar [las funciones]”, señaló.
Sin embargo, el cambio de la rectoría no significa que los gobiernos regionales dejarán de tener participación alguna. Montero destacó que debe mantenerse y fomentarse el trabajo articulado para ciertas funciones en el marco de la formalización minera.
Con vista a acelerar los procesos, el ministro subrayó que las condiciones actuales no cambiará el escenario. “Formalizarse no es la gran cosa [en trámites], no es un gran desafío, pero no les interesa porque no importa para su negocio”, indicó.
Por ello, mencionó que el proceso debe pasar por un mecanismo más eficaz. “Se necesita un mecanismo de mercado que otorgue incentivos: financieros, comerciales, líneas de financiamiento para que mejoren sus procesos, para que vean que les conviene ser formales”, resaltó.
Postura legislativa
La congresista Diana Gonzáles (Avanza País), también vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, consideró que no sería una sorpresa estos hechos, pues el trabajo que vinieron realizando los gobiernos regionales “es lamentable y sus números [de eficiencia en los procesos] no los respaldan”.
“Fue un escenario que se analizó en su momento para cambiar la rectoría de la formalización. Comparto que es un proceso fallido. Una vez más, saludo que se aprobó que la rectoría regrese al Minem y que sean ellos los que respondan, que asuman funciones y dejen de ser un mero administrador”, declaró a este diario.
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Asimismo, indicó que será importante que desde la presidencia de la comisión de la cual es parte se priorice el debate del dictamen sobre la nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala, más conocida como Ley MAPE. El titular es el legislador Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial). Esta semana, la mesa de trabajo se instaló y no tuvo en su agenda este tema. Sin embargo, la semana que viene está citado el ministro Montero.
“Es importante que se priorice el tema con el dictamen. Esto no se aprobará en un día. Luego, se deberá tener la buena voluntad de la Mesa Directiva para que pueda incluirse en el Pleno”, agregó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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