El presupuesto que recibirían en 2022 los gobiernos regionales y municipios (S/ 57,123 millones), más las transferencias que recibirán durante la ejecución del presupuesto (S/ 8,822 millones) y lo que podrían percibir por Foncor (S/4,000 millones), los haría acreedores de S/ 69,945 millones, según la Asociación de Contribuyentes del Perú.
“Es necesario prestar atención a la estrategia que utiliza el presidente Castillo para ganar el respaldo político, pues podría convertirse en un despropósito. Este monto que se está brindando equivale a 30% más de lo que administra el Gobierno Nacional. Pero más plata sin mejorar la capacidad de gestión, es una invitación al despilfarro”, indicó José Ignacio Beteta, presidente de la agrupación.
Un ejemplo es el “Fondo de inversiones” para la ejecución de los proyectos a cargo de los Gobiernos Regionales y Locales, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tendría un presupuesto de S/ 2,300 millones en 2022, el doble de lo que dispone actualmente.
Además, se complementará la normativa para autorizar el uso del Fondo de Compensación Regional (Foncor), el cual consiste en la transferencia de 2% de las operaciones afectas al Impuesto General a las Ventas (IGV) a los Gobiernos Regionales al 2024, mientras tanto en el 2022 y 2023 se transfiere 1% y 1.5% del IGV, respectivamente.
Es decir, de la tasa de 18% de IGV: 2 puntos porcentuales van para los municipios por Foncomún y otros dos irían a los Gobiernos Regionales por Foncor. Con esto, se estaría asignando alrededor de S/4,000 millones adicionales a las regiones.
Según Beteta es necesario abordar los problemas de fondo de un proceso de descentralización incompleto, que no ha logrado acercar el Estado a los peruanos, trabajar en este proceso para disminuir procesos, destrabar proyectos y desburocratizar el Estado.