Oro rompe récord, pero proyectos auríferos son escasos en Perú: ¿cuál es el panorama?
En los primeros nueve meses de 2024, la producción de hidrocarburos en Perú generó S/ 1,903 millones en concepto de canon y sobrecanon, según informó Perupetro. Los recursos fueron distribuidos entre las regiones de Cusco, Loreto, Ucayali, Piura, Tumbes y la provincia de Puerto Inca en Huánuco. La empresa estatal indicó que los fondos se destinan a proyectos de infraestructura y desarrollo local, conforme a las disposiciones de la normativa vigente.
Del monto total recaudado, la región de Cusco recibió S/ 1,286 millones, Piura S/ 312.8 millones, Loreto S/ 165.4 millones, Tumbes S/ 83.64 millones, Ucayali S/ 45.8 millones y la provincia de Puerto Inca en Huánuco S/ 8.9 millones. La transferencia de estos fondos se dirige a gobiernos regionales, municipios, universidades e institutos nacionales de cada área beneficiada.
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El canon y sobrecanon por hidrocarburos representan el porcentaje de los ingresos obtenidos por el Estado peruano a través de la explotación de recursos hidrocarburíferos en diversas regiones del país. Desde su implementación en 1993, el monto acumulado de estos recursos asciende a S/ 43,342 millones, de acuerdo con los datos oficiales.
La legislación establece que los recursos provenientes del canon deben financiar o cofinanciar proyectos de infraestructura de impacto regional o local, así como fomentar la inversión en desarrollo productivo de las comunidades que se encuentran en zonas de explotación. Adicionalmente, en el caso de universidades e institutos nacionales, el canon debe destinarse exclusivamente a la investigación científica y tecnológica orientada al desarrollo de la región.
Al cierre de 2023, la transferencia anual de canon y sobrecanon por hidrocarburos ascendió a S/ 2,633 millones. Estos recursos continúan siendo una fuente de ingresos significativa para las regiones productoras, en apoyo a los planes de desarrollo regional y local.
La asignación de estos fondos busca contribuir al financiamiento de proyectos que respondan a las necesidades de infraestructura y desarrollo de cada región beneficiada, con la administración de los recursos regulada y fiscalizada en el marco de las leyes nacionales peruanas.
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