Luego de la tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza de Trujillo -donde el colapso de un techo dejó seis víctimas mortales y decenas de heridos-, se presentó en el Congreso de la República de Perú una iniciativa que derogaría el proyecto que modificó la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley N° 28976), la cual restringió la capacidad de los municipios para clausurar locales por incumplimientos de seguridad.
El proyecto de ley N° 10320, presentado por los congresistas del Bloque Democrático Popular permitiría restituir las facultades que tenían los municipios para clausurar establecimientos que tuvieran deficiencias de seguridad.
Según indica la iniciativa legislativa, la finalidad del proyecto es no permitir autorizaciones de funcionamiento a establecimientos con fallas de seguridad, teniendo en cuenta que la actual ley limita la capacidad de las autoridades municipales para realizar inspecciones completas y garantizar la seguridad de la población.
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Como se recuerda, la norma vigente -la Ley N° 31914- solo permite la clausura del área específica donde se identifique un riesgo, sin afectar el funcionamiento total del establecimiento, pero reduce significativamente las inspecciones de seguridad en todo el negocio.
“Esto limita la capacidad de las autoridades para realizar inspecciones completas y garantizar la seguridad en todo el local. Además, la ley prohíbe que el levantamiento de la clausura dependa del pago de multas, lo que, aunque corrige una práctica común, no resuelve el problema de fondo: la falta de controles efectivos”, indican.
De acuerdo con la justificación del proyecto, la tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo pudo haberse evitado si las autoridades municipales hubieran tenido mayores atribuciones para fiscalizar y sancionar las deficiencias estructurales. Como se recuerda, la Municipalidad de Trujillo clausuró temporalmente el centro comercial, pero esta reabrió con la Ley N° 31914.
“En el caso, especifico la falta de supervisión exhaustiva, no solo al momento de otorgar licencias sino en inspecciones periódicas, nos exige a evaluar temas relevantes sobre el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades municipales y Defensa Civil, la fiscalización por personal técnico capacitado, entre otros, la responsabilidad de la empresa administradora del centro comercial de garantizar la seguridad de los usuarios, identificando y mitigando riesgos”, añadieron.
En caso el proyecto de ley propuesto sea debatido y aprobado, entraría en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, y el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 10 días para adecuar las disposiciones legales o administrativas que se opongan a la iniciativa.
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