Conflictos sociales obstaculizan inversiones en minería peruana, afirma Raúl Jacob

La mina Antamina de BHP suspendió sus operaciones esta semana debido a bloqueos de carreteras por parte de comunidades aledañas; la semana pasada, un grupo de manifestantes prendieron fuego a las instalaciones de la mina Apumayo en Ayacucho.

En el caso de Antamina, los representantes de la minera y la población de Aquia (Áncash) firmaron el miércoles un acta de tregua para no continuar con las medidas de protesta en la zona y tenían previsto para hoy instalar una mesa de diálogo con el fin de resolver los problemas de la comunidad. Por otro lado, la empresa peruana Apumayo solicitó esta semana al Gobierno que tome medidas urgentes para restablecer el orden y Estado de derecho tras los actos vandálicos contra su campamento minero.

Si bien las minas operativas de Southern Copper no se han visto afectadas, su proyecto Tía María ha sido objeto de disturbios, dijo Jacob por teléfono.

“Estamos preocupados por una escalada del malestar social en el país”, advirtió Raúl Jacob. “El clima empresarial se está deteriorando y eso no es bueno para la inversión privada”.

“El Gobierno tiene que ser más proactivo en la solución de estas protestas”, agregó el ejecutivo en diálogo con Bloomberg.

El 60% de todo el cobre producido en el segundo mayor exportador mundial de este metal se extrae en el llamado corredor minero donde se desarrollan la mayoría de los conflictos sociales.

La minería también enfrenta cambios en la legislación tributaria a medida que el Gobierno de Pedro Castillo busca impulsar el gasto social.