En medio de la controversia entre la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Cosco Shipping por la exclusividad de servicios esenciales en el Puerto de Chancay, en el Congreso de la República del Perú se presentaron nuevos proyectos que proponen modificar lo establecido en la ley N° 27943 del Sistema Portuario Nacional.
Durante la reciente sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, se debatió el Proyecto de Ley N° 7141/2023-CR presentado por el congresista José Cueto para modificar los artículos 10 y 11 de la mencionada ley con el fin de fomentar la inversión privada en infraestructura portuaria nacional, así como de facilitar el transporte multimodal y el desarrollo de las cadenas logísticas en los terminales portuarios del país.
El congresista sostuvo que con esta iniciativa, que envió a la comisión en febrero, se busca que el problema respecto a la exclusividad no vuelva a ocurrir con otros posibles inversores extranjeros que quieran desarrollar una infraestructura portuaria privada en el Perú.
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“Lo que se busca con la modificación legislativa es dotar de un marco legal adecuado al otorgamiento de uso exclusivo de los servicios portuarios en el caso de las inversiones desarrolladas en el ámbito privado para evitar esta situación de ver diferentes entidades del Estado en conflicto por este tema, lo cual puede poner en riesgo la inversión privada en la infraestructura portuaria nacional, la promoción del desarrollo, modernización y competitividad de los puertos, la facilitación del comercio exterior”, dijo el congresista.
Como se recuerda, recientemente la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a pedido de la APN, presentó una demanda para revocar la exclusividad que se otorgó en el 2021 a Cosco Shipping para la operación de servicios esenciales en el puerto de Chancay. De acuerdo con la autoridad, esto fue producto de un “error administrativo” pues la APN no tiene facultad de dar este tipo de permisos.
La “madre del cordero” recae en Ley del Sistema Portuario Nacional. Según la APN la normativa no dice explícitamente que se pueda otorgar exclusividad a una inversión portuaria privada. Justamente, recordemos que el puerto de Chancay no es una concesión, sino una inversión privada. En contraparte, Cosco ha reiterado que sí hay un sustento jurídico que los respalda.
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¿Qué planean cambiar?
El primer cambio corresponde al artículo décimo de la ley N° 27943, en el cual se indica que la infraestructura portuaria puede ser entregada en administración al sector privado hasta por 30 años prorrogables en diferentes modalidades establecidas en la legislación.
Lo que se busca con ello es que la empresa que tenga la administración de una infraestructura portuaria pueda solicitar una prórroga cuya evaluación siempre estará sujeta a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en activos.
“Además, se ha incorporado que los planes de inversión podrán incluir intervenciones fuera del área de concesión que aporten mejoras en la conectividad del puerto y mejoren la competitividad logística”, indicó Cueto.
La segunda modificación es la referente al artículo 11 de la ley N° 27943, en el cual se establece que la ley del sistema portuario nacional contempla 2 modalidades de inversión privada e infraestructura portuaria: una dentro del régimen de la Asociación Público-Privada a través de las concesiones, y la otra que se realiza con autorizaciones administrativas que otorga la APN a quienes desarrollen infraestructura portuaria.
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En la primera modalidad se prevé la posibilidad de un uso exclusivo de servicios esenciales, el cual se encuentra reservado para los compromisos contractuales del Estado. Sin embargo, actualmente se indica que ese beneficio de exclusividad no aplica para aquellas inversiones que se desarrollan estrictamente en el ámbito privado, como es el caso del Puerto de Chancay.
Por ello, se plantea que se extienda esta posibilidad de dar la exclusividad de servicios esenciales a los proyectos de participación solo privada para cerrar el vacío legal detectado. Para ello, se emitiría una solicitud que sería evaluada junto a la solicitud de habilitación o antes de la emisión de la licencia portuaria adecuada.
“Lo que hace este artículo de la ley propuesta es fomentar la participación del sector privado en infraestructura portuaria, corrigiendo esta situación y dotando de un marco legal adecuado que permita otorgar al sector privado la facultad de prestar de manera exclusiva los servicios de actividades y los servicios portuarios básicos dentro del terminal, previa aprobación de la APN, teniendo en consideración la inversión comprometida y el impacto en la competitividad”, sostuvo Cueto.
Al respecto, el ahora expresidente del directorio de la APN, Walter Tapia, señaló estar “totalmente de acuerdo” con lo expuesto y afirmó que la autoridad busca tener ese marco legal en lo referente a la exclusividad y las renovaciones para las concesiones.
De aprobarse la iniciativa legislativa, se establece que el MTC y la APN deberán adecuar los reglamentos o otras normas complementarias que correspondan conforme a las precisiones efectuadas por la ley, dando un plazo máximo de 60 días calendario desde su publicación en el diario El Peruano.
¿Avanzaría la propuesta?
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, comentó en su participación en la Comisión de Transportes del Congreso que estaban de acuerdo con el texto antes mencionado y subrayó que habían dado sus comentarios al respecto. A su consideración, esta sería la salida para que Cosco Shipping Ports no pierda su exclusividad.
Sin embargo, recordar que la APN ha mencionado antes que de aprobarse esto, Cosco tendría que volver a pedir la exclusividad para el puerto de Chancay.
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