Después que la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por pedido de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), pidiera anular la exclusividad de los servicios esenciales otorgada en 2021 a Cosco Shipping Ports por el puerto de Chancay, el Congreso de la República se embarcó con un proyecto de ley que daría un marco para que esto no se repita.
Pese a que fue la misma APN que dio hace tres años dicha exclusividad, hace un mes se dio cuenta que hubo un “error administrativo” pues ellos no estaban facultados. ¿Qué pasa? El puerto de Chancay no es una concesión, sino una inversión privada, lo que -a consideración de APN- complicaba la situación pues la ley no especificaba claramente qué sucedía en el caso de una inversión.
Al respecto, el Parlamento tomó las riendas del tema y decidió hacer modificaciones a la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) para incluir este tema. Además, agregó en el texto que las concesiones portuarias podrían prorrogar su periodo de 30 años por hasta 30 años más. Este segundo punto no tuvo la aceptación esperada entre los congresistas.
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Pese a que a mediados de abril recibió luz verde, en primera votación, en el Congreso; hoy el pleno votó a favor de que este dictamen se analice en la comisión de Economía. Esto dilata un tema que hoy va contra el reloj.
En noviembre próximo iniciará la operación del puerto de Chancay. A pocos meses de esto, ya Cosco Shipping Ports notificó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que iniciará una negociación para llegar “a buen puerto” en los próximos seis meses sobre el tema de la exclusividad -entre otros puntos-, de lo contrario, quedaría con carta libre para iniciar un arbitraje internacional.
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