
2025 será un año positivo, y de crecimiento si se le compara con periodos pasados, para diversos actores del sector construcción e infraestructura. Pero, lo que también es un acuerdo casi unánime, es que en 2026 el optimismo será más moderado.
Si bien persisten grandes oportunidades de inversión, con carteras en diversas modalidades bastante robustas, también son reiterativos los riesgos que podrían frenar su éxito. Solo bajo Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), hay poco más de US$ 16,000 millones que dependen de ello, según datos que ProInversión compartió con Gestión.
Señales de esa potencial ralentización en la adjudicación de proyectos y promoción de proyectos inmobiliarios en 2026 ya se observan en algunos indicadores este último trimestre del 2025.
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La cartera robusta que ya se perfila en 2026
Según los datos de ProInversión, durante 2026 se adjudicarían 53 proyectos APP y PA, más 9 adendas. Vale precisar que la cartera está dividida en dos. Antes y después de julio, cuando se producirá el cambio de gobierno.
Si todo camina bien y se cumplen las fechas previstas hasta julio del 2026, el nuevo gobierno tendrá en sus manos de esta lista 31 proyectos por US$ 7,900 millones más una adenda por US$ 2,000 millones, destacándose proyectos como Adenda TGP, Iniciativa Estatal de Proyectos en Activos (IEPA) Sechura, Vía Evitamiento Cusco, entre otros.
Proyectos bajo análisis
El sector más presente en esa cartera es Transportes con 23 proyectos en total. Aquí, resalta la firma de la adenda para la Línea 1 del Metro de Lima (US$ 3,231 millones), pero también llama la atención que 4 de los 6 proyectos más costosos que se adjudicarían en el segundo semestre del 2026 involucran al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Todas son obras viales.

Además de ello, orientados a otras necesidades, tomarán protagonismo proyectos como un PA en Sechura (US$ 2,157 millones), cuyo objetivo es desarrollar la explotación y el procesamiento de roca fosfórica. En hidrocarburos también están en agenda dos adendas: una con Cálidda (US$ 643 millones) y otra con TGP (US$ 2,000 millones).
Fuera de las APP, en Obras por Impuestos (OxI) también sobran las oportunidades de inversión. Solo en proyectos priorizados, lo que significa que la entidad a cargo ha ratificado su necesidad en consejos distritales, regionales o el que corresponda, hay 1,991 proyectos por S/ 28,771 millones esperando un financista. Otras 675 OxI potenciales están a nivel de idea, en formulación, o ya cuentan con informe aprobatorio de Contraloría.
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Otros proyectos que aguardan decisiones
Esto fue descartado por la nueva titular del MEF, Denisse Miralles, en entrevista con este Diario, pero el MTC de Aldo Prieto no ha detallado sí comparte esta idea. Tampoco se conoce qué ocurrirá, antes que acabe la gestión de José Jerí, con otros anuncios que se dieron en torno a proyectos que irían bajo G2G.
Por ejemplo, previo al cambio de gobierno, la gestión de César Sandoval anunció que Corea del Sur tenía interés en las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima. También manifestó que un consorcio de empresas de este país haría los estudios de prefactibilidad del llamado “Tren Grau”, que uniría Tumbes con Tacna.

De igual manera está por verse cuál será el futuro del Tren Lima-Chosica. Como ya contó Gestión, se espera que ProInversión se involucre en el proyecto vía asistencia técnica. Se necesitarían 3 adendas para hacerlo viable. El compromiso es que antes del cambio de gobierno se cierre la primera.
Fuera del MTC, también hay dudas respecto a la cartera del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). En marzo, el Gobierno anunció la promoción de 22 proyectos de irrigación por US$ 24,061 millones, algunos de ellos ya bajo G2G, otros en APP, pero gran parte de ellos por definir su modalidad.
Aquí figuran proyectos que ya conocidos, como Chavimochic III, Chinecas o Majes Siguas II. La operación de estos tres figura como APP en la cartera oficial a la fecha de ProInversión para los años 2027 y 2028. Pero poco se sabe hoy del futuro de otros anunciados en ese grupo como Pampas Verdes (Lambayeque), Trasvase Marañón, Poechos o Alto Piura.
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Un problema claro
Frente a este panorama, Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), recordó que hoy Perú también ha renovado tres leyes claves para capitalizar el desarrollo de los proyectos listados aquí. En los últimos 2 años, se ha publicado una nueva Ley de Contrataciones Públicas y actualizado los marcos que regulan las APP, PA y OxI. Aunque falta que se publiquen los reglamentos de estos dos últimos instrumentos para entrar en vigencia total.
A criterio del especialista, el gran problema, como deja en evidencia la extensión de la cartera en varias modalidades, es una que ya había observado hace poco Olivier Coupleux, jefe de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la Unión Europea en Perú, conversando con Gestión: hay grandes problemas en la implementación.
“La falta de voluntad política es el gran inconveniente: se siguen entregando recursos con criterios no técnicos o se privilegia zonas o entidades que no están preparadas para gestionar una cartera de inversiones adecuada”, lamentó.
Ello, marcó, también está afectando la promoción de proyectos inmobiliarios. Para 2026, se anticipa un recorte en los subsidios de vivienda, lo que frenará la venta. También está en el aire que sucederá con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) que mantiene problemas para financiar la cartera de proyectos que heredó de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
Por todo lo anterior, Valdivia recordó que si bien el consenso entre entidades públicas y analistas privados es que la construcción crezca 4.5% este año, el resultado se reduciría e 2026: todos coinciden en una ralentización, promediando un 2.8% de avance.

“Otro tema es que nuestro principal activo siempre fue respetar contratos y tener un manejo sensato de lo monetario, las tasas de interés y la disciplina fiscal. Eso se ha roto groseramente en el último tiempo. Eso afecta también a las empresas”, agregó.
Por su parte, Paola Lazarte, exministra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), coincidió en la visión de la ausencia de decisión política para hacer realidad estas obras en promoción.
“Las necesidades y los marcos existen, pero lamentablemente no se tiene una hoja de ruta creíble para los proyectos. Todos deberían ser ejecutables sin perjuicio de quien sea ministro o presidente. Se pierde mucho tiempo discutiendo la modalidad de ejecución”, recalcó.
Lazarte manifestó también su preocupación por las señales negativas que está trayendo la disputa legal en torno a la concesión de Rutas de Lima (RdL) en la capital. De igual forma, el enfrentamiento, hoy aparentemente resuelto, entre el MTC y al Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por el Tren Lima-Chosica.
A su criterio, las dudas y críticas que han despertado ambas APP, justamente de transportes, pueden ir en desmedro de lo atractiva que sea la cartera.
“Me preocupa lo que ha pasado en ambas concesiones. En el Tren Lima-Chosica su promoción ha sido inversa a lo regular. Hoy tenemos el material rodante pagando intereses y generando perjuicio al Estado. En el caso de RdL, será la justicia la que determine sí hubo o no corrupción, pero marcará un precedente. Ambos casos han sido muy tocados políticamente”, sostuvo.

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes fui parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.








