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Las empresas dedicadas a la actividad acuícola se beneficiarán hasta el 31 de diciembre del 2031 con la depreciación para efecto de la determinación del impuesto a la renta en razón de 20% anual del monto de las inversiones en infraestructura de cultivo y canales de abastecimiento de agua.
Así lo dispone el dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
La presidenta de ese grupo de trabajo, Silvia Monteza (AP), sustentó el dictamen que propone la Ley de Promoción y Fortalecimiento de la Acuicultura, que tiene por objeto establecer medidas para fortalecer el desarrollo de este sector sostenible en el país y promover las sinergias entre las empresas dedicadas a esta actividad a nivel nacional.
Indicó que con la propuesta para la actividad acuícola procede la recuperación anticipada del IGV pagado con adquisición de bienes de capital, insumos, servicios y contratos de construcción en la etapa pre operativa de la actividad.
El referido dictamen recoge las iniciativas 094/2021-CR, 150/2021-CR, 436/2021-CR y 553/2021-CR, el primero del congresista Jorge Flores (AP) y dos del congresista del periodo anterior, Fernando Meléndez (APP).
La propuesta es aplicable a las personas naturales o jurídicas que cuenten con derecho administrativo y habilitación sanitaria vigente para realizar la actividad de la acuicultura en cualquiera de sus categorías productivas.
Se refiere a la acuicultura de recursos limitados, de micro y pequeñas empresas (mypes), y la de mediana y gran empresa a nivel nacional, las que deben cumplir con todas las obligaciones tributarias correspondientes.
La propuesta también crea el programa de financiamiento y garantía para el sector acuícola, dependiente del Fondo Crecer y del Fondo Mimype, que deberán contar con fondos reembolsables y no reembolsables, los que se definirán en sus respectivos reglamentos.