Proyecto marco de zonas francas con luz verde del Mincetur, pero no del MEF

La iniciativa plantea que se establezca un régimen de exoneración tributaria de tal forma que se aplique sólo el pago de una tasa del 15% del Impuesto a la Renta (IR), sobre la renta neta generada durante 30 años para las empresas que operen en esas ZEEP.

Ello, a fin de que se promueva que en las ZEEP se desarrollen actividades industriales que generen valor agregado, empleo directo e indirecto, encadenamientos productivos, aumento y diversificación de exportaciones no tradicionales, exportación de servicios, diversificación productiva, desarrollo industrial y tecnológico, etc.

El dictamen recoge en un texto sustitutorio, dos iniciativas similares, planteadas por los congresistas José Salhuana (Alianza para el Progreso), y de José Jerí Oré, de Somos Perú.

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Mincetur respalda el proyecto

Ruthy Céspedes Cruzado, funcionaria de la Dirección de Facilitación del Comercio Exterior del Mincetur, durante sesión de la Comisión Especial Proyecto Chancay, indicó que ese ministerio expresó su respaldo al proyecto que había presentado Salhuana.

Señaló que el Mincetur considera que la creación del régimen tributario aduanero incluido el texto sustitutorio del dictamen aprobado, es una iniciativa consistente, promueve la seguridad jurídica (para las inversiones), y el empleo tecnificado, y que resguarda la labor del Estado en materia de control, e incorpora recomendaciones de la OCDE.

Dio a entender que hay algunas recomendaciones que el citado ministerio planteo para hacer viable el proyecto, como contener criterios básicos como la evaluación del impacto social y económico de las zonas económicas especiales a través de un plan maestro.

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Oportunidades de negocio

“Las zonas económicas especiales requieren un esquema estructurado, por ello corresponde al sector privado identificar las oportunidades y decisiones de negocio, sin perderse los controles del Estado, y tienen la potencialidad de reconfigurar la matriz del país, impulsando mano de obra con valor agregado, internacionalizar nuestras empresas y posicionarnos como país exportador con valor agregado”, citó.

Además, la funcionaria del Mincetur refirió que ese proyecto tomó en consideración los aportes de gremios como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

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Recogió observación del sector empresarial

En efecto, ese gremio señaló que los proyectos de ley originales (previos al texto sustitutorio) para la creación de zonas económicas especiales (ZEE), no lograban equiparar las condiciones de las que gozan nuestros socios comerciales que han creado zonas económicas especiales privadas (ZEEP).

Esta última observación, finalmente fue incorporado en el texto sustitutorio para la elaboración del dictamen final, pues crea el marco legal para las ZEEP.

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MEF se opone

Sin embargo, el presidente de la comisión de Economía, congresista Ilich López (AP), reconoció que existían diferencias entre el dictamen aprobado por ese grupo de trabajo, y las observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en cuanto al tamaño de las zonas económicas y la tasa impositiva aplicable.

Efectivamente, según el dictamen, el MEF formuló observaciones, como que (el proyecto) contraviene el artículo 79 de la Constitución, pues no plantea un tratamiento tributario especial para una determinada zona, sino que los inmuebles de propiedad del operador, del Estado o de un tercero, sean considerados como ZEE.

Además (objetó), establece que el Mincetur sea la entidad encargada de la aprobación, modificación o pérdida de calificación de una ZEE, mediante resolución ministerial.

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Dificultaría fiscalización de Sunat

Igualmente, observa que, dado que los beneficios tributarios propuestos no se conceden a la ZEE sino a los operadores y usuarios, habría tantos beneficios tributarios como operadores y usuarios existan.

Ello, advierte, dificultaría el control y fiscalización por parte de Sunat, y además demandaría mayores recursos para una óptima administración.

Asimismo, considera que se crearían condiciones que favorecerían la informalidad, así como la elusión y no pago de tributos, y que se crearían condiciones de arbitraje fiscal entre tasas del IR, entre otras observaciones.

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SOBRE EL AUTOR

Elías García

Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.