:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/55TJXKU5TFGWHAHXRMHCOODCYU.jpg)
Únete al canal de Gestión
El Congreso peruano actualmente tiene a su cargo el Proyecto de Ley 3518/2021, que, según alegan grupos que se oponen a este, traería consigo el “fin de las Reservas Indígenas” ya que podría llevar a que se eliminen las reservas ya creadas. Pero, ¿es esto cierto? ¿Qué es lo que realmente plantea el proyecto?
La propuesta normativa, planteada por el congresista Jorge Murante, de la bancada de Fuerza Popular, busca modificar la forma en la que se aprueban las Reservas Intangibles para los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento o Contacto Inicial (PIACI).
Hoy, estas reservas se aprueban mediante Decreto Supremo, es decir, por parte del Ministerio de Cultura, pero el proyecto plantea que el responsable de esta aprobación sea el Gobierno Regional de la localidad en la que se encuentra la zona a ser afectada.
Es decir, se estaría poniendo en manos del gobierno regional que estaría interesado en realizar obras y proyectos en la zona afectada decidir si la PIACI es creada o no.
Nada contenido dentro del proyecto, cabe indicar, afectaría a las reservas ya creadas.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de descentralización, Diana Gonzáles, indicó a Gestión que el proyecto actualmente no está en la agenda para dictaminar, por lo que aún tendrían que pasar meses antes de que se emita una decisión al respecto.
“La gente ha visto el proyecto en agenda y se ha asustado, pero aún no se sustenta. En todo caso, cuando se dictamine, ello se hará escuchando a todas las partes involucradas, incluyendo el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, quienes ya dieron una opinión negativa respecto a la iniciativa legal”, señaló.
Al respecto, la Defensoria indicó en un informe que el proyecto afectaría los derechos de las poblaciones indigenas al transferir facultades del Ministerio de Cultura a los gobiernos regionales, sin considerar la necesidad de especialización al respecto. Agregan que, de aprobarse la norma, se estarían infringiendo un número de derechos humanos.
Proceso de Aprobación
El proyecto busca que, para poder ser aprobada la creación de una PIACI, esta deba contar con la opinión positiva de una comisión conformada por un representante del gobierno regional antes mencionado, del Ministerio de Cultura, de los gobiernos locales del “área de influencia”, de los los gobiernos distritales de esta área, de las Comunidades indígenas de influencia, de un Antropólogo de universidad privada y otro de una universidad pública, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Salud.
LEA TAMBIÉN: Empleadores ahora deberán garantizar derecho de defensa de trabajadores en todo proceso disciplinario
Esta comisión es mucho más compleja que la que existía anteriormente, que solo solicitaba representantes de la Defensoría del Pueblo, el gobierno regional y local que corresponda y dos antropólogos.
Es decir, se estaría volviendo mucho más riguroso el aprobar la creación de un nuevo PIACI y además removiendo a la Defensoría del Pueblo del trámite de aprobación, entidad que ya manifestó estar en contra del proyecto normativo.
Razón detrás
El proyecto indica que, con la ley que viene siendo aplicada, se han creado PIACI sustentándose en “informes que no evidencian científicamente su existencia”.
Ello es un problema, indica la propuesta, dado que limita “innecesariamente el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en dichos territorios”.
Además, señala que se impide “la ejecución de proyectos de inversión pública o privada tan necesaria para impulsar el desarrollo de la Amazonía”.
En ese sentido, los gobiernos regionales señalan que volver a dicho territorio intangible “impide la ejecución de proyectos para impulsar la competitividad de la Amazonía, como la carretera lquitos-Saramiriza-Costa Norte, Interconexión Eléctrica al SEIN, Conexión de Fibra Óptica, entre otros”.
LEA TAMBIÉN: Prácticamente se ha perdido la campaña escolar en el sur, alerta Federación de Cajas
Efecto práctico
Gerardo Soto, socio del estudio Payet, señala que la situación actual genera, en términos generales, “un retraso en el desarrollo de los proyectos de inversión”.
“La creación de estas áreas de excepción (reservas indígenas) para realizar proyectos de inversión tiene un impacto negativo para proyectos de cualquier sector”, indica al respecto.
Según explica el abogado, está bien proteger las zonas que lo ameriten “pero percibimos que hay mucha amplitud de áreas que se quieren declarar como inaccesibles, al declararse reservas, y eso genera una percepción de que es más difícil hacer proyectos a nivel nacional e internacional”.
El abogado recalca, sin embargo, que el proyecto tiene errores que podrían prestarse a problemas a futuro.
“Según este proyecto, la categoría de pueblo indígena en situación de aislamiento o contacto inicial es declarada por ordenanza regional. Este tipo de situaciones debe analizarse desde una perspectiva nacional y no solo regional”, indica, agregando que, “de otra forma apreciaremos una especie de “competencia” para ver qué gobierno regional declara la mayor cantidad de pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial”.
Controversias pasadas
Según detalla el proyecto, anteriormente ha habido PIACI creadas de manera controversial, como la Reserva Indígena Napo-Tigre, que, indica la propuesta, fue aprobada sin el rigor científico debido, utilizando “evidencias indirectas con simples testimonios” en lugar de un real estudio científico, como lo solicitaba la ley.
Dicha reserva además fue materia de disputa con la Comunidad del Río Arabela, otra comunidad originaría, que abiertamente rechazó la creación de Napo-Tigre mediante una carta dirigida al presidente de la República.
Los pobladores del Río Arabela señalaron que hoy en día ellos son los únicos que habitan dicho terreno y que buscan acceder a servicios básicos que les corresponden como peruanos, lo que ahora se pone en riesgo debido a la existencia de la reserva.
