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Desde el inicio de la crisis sanitaria y económica, varias instituciones y grupos políticos han propuesto que el Estado realice un control de precios con relación a los medicamentos.

El 15 de mayo, la bancada de Frente Amplio decidió responder a estas peticiones y presentó el proyecto de ley 5211/2020-CR, el cual propone que la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) pueda regular los precios de medicamentos de primera necesidad, así como productos para la salud y, en tiempos de crisis, fijar un monto máximo para su venta a consumidores.

Incumplir lo dispuesto en el proyecto de ley resultaría en sanciones penales y administrativas para el infractor.

De acuerdo a la bancada de Frente Amplio, esta medida es necesaria debido a que “las cadenas de farmacias monopólicas han aprovechado la pandemia como una oportunidad de negocio estableciendo precios abusivos” señalando que la realidad ha demostrado que “la salud es una mercancía” en el Perú.

Los congresistas señalan que la economía social de mercado que permite a los proveedores de medicinas regular sus precios es secundaria a “la primacía de la persona”, por lo que es necesario que se tomen medidas legales para garantizar la salud de las personas y su acceso a medicinas.

Alegan que los problemas actuales del sector farmacéutico “no pueden ser resueltos, ni lo serán, sólo por el mercado”.

Crítica

Sin embargo, Pierino Stucchi, socio del estudio Muñiz, señala que “no existe fundamento para que los derechos de libertad de contratar y propiedad”, los cuales serían afectados por esta norma al permitir la regulación de precios por parte del Estado, “sean recortados”.

De acuerdo a Stucchi y un grupo de abogados del estudio Muñiz comentan que el incremento en precios de medicamentos no se debe a un aprovechamiento abusivo por parte de las farmacias, sino que responde a la escasez mundial de medicamentos, lo cual impide su adquisición a precios bajos.

Por otro lado, señalan que la información utilizada por el proyecto de ley no es adecuada, ya que, pese a que señala que hubo un incremento de precios en marzo del 2020, ignora que hubo una rebaja en los precios en abril a niveles de abril del 2019.

No daría solución

Stucchi también comenta que la propuesta legal no daría los resultados esperados. Comenta que, de darse una reducción de precios, esto causaría que se agoten de manera más rápida los productos médicos y que personas que no necesariamente necesitan estos medicamentos terminen comprándolos.

Además, señala que regular un precio máximo para medicinas básicas llevaría a que los proveedores opten por la comercialización de medicinas no reguladas por esta norma.

Adicionalmente, señala que estos precios harían que las empresas no tengan incentivos para producir o adquirir estos medicamentos, por lo que llevaría a una mayor escasez para la población.

Finalmente, comenta que fijar los precios en cada nivel de la cadena de producción, así como en cada presentación del medicamento sería una tarea demasiado difícil y que no se puede esperar que los precios de un producto sean los mismos en épocas de emergencia que en etapas regulares.

Alternativas

Stucchi y el equipo del estudio Muñiz señala que la verdadera solución al incremento de precios se encuentra en incentivar el ingreso de nuevas empresas al mercado farmacéutico, generando competencia y “arrancando el problema de raíz”, forzando a los demás actores del mercado a reducir sus precios.

Stucchi señala que para poder lograr esto se deben "reducir las barreras a la importación y la autorización para comercialización de medicinas”, lo cual facilitaría la entrada al mercado farmacéutico de nuevos actores.

Asimismo, señala que el Estado debería aprovechar el uso de su capacidad de compra conjunta de medicinas para poder proveer de medicinas a las personas con más bajos recursos.

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