
En medio de la polémica por presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra carretera Boca del Río (Tacna) a la empresa China Gezhouba Group, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) aseguró que el proceso se ajustó estrictamente a la Ley de Contrataciones del Estado.
Pese a que se advierte que la empresa que recibió la licitación ha sido cuestionada por posibles fraudes y abandono de obra, José Palomino, director ejecutivo encargado de Provías Nacional, indicó que no hubo una causal para anular el proceso.
De acuerdo con el representante de Provías, las denuncias ciudadanas o los antecedentes de incumplimiento no impiden que cualquier persona natural o jurídica pueda contratar con el Estado, a menos que el Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la “inhabilite o la sancione” formalmente.
Ante las denuncias que les llegaron previa la selección, Palomino afirmó que se remitió la información a la Contraloría, la Fiscalía, el Congreso de la República y el OECE el 11 de julio. En tanto, la Oficina de Integridad del mismo Provias recomendó que el comité de selección fuera reconformado antes de otorgar la buena pro el 31 de julio.
“A la oficina de asesoría jurídica de la entidad se le pidió hasta en tres oportunidades que se manifieste sobre el caso y concluyen que no hay causal para que se dé la nulidad al proceso de selección. Entonces, bajo esos bajo esas condiciones, nosotros hemos continuado con el proceso de selección y hemos reconformado el comité de selección”, dijo a Canal N.

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Palomino precisó que las denuncias, recibidas en junio tras la presentación de ofertas, alertaban de indicios de favorecimiento de parte del comité de selección, pero no sustentaban esa información.
Ahora, teniendo en cuenta que el contrato con la empresa china aún no se ha firmado, recordó que existe un plazo de 8 días hábiles para que cualquiera de las nueve empresas que participaron en el proceso pueda presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
“Es el Tribunal de Contrataciones del Estado el que va a determinar qué hacer con esta adjudicación, si se firma el contrato o se anula el proceso. Estamos a la espera de si es que alguien presenta un recurso de apelación que no está de acuerdo con las decisiones del comité“, refirió.
Otro cuestionamiento en el proceso fue el hecho de que las tres empresas finalistas hayan presentado la misma oferta económica, lo que hace sospechas que se buscaba que el proyecto quedará en manos de cualquiera de ellas.
Al respecto, Palomino afirmó que es legal que los postores presenten ofertas al 90% del valor referencial, incluso con coincidencia hasta en los céntimos.
“Es usual y permitido que las empresas presenten ofertas idénticas al 90% del valor referencial. No hay irregularidad en eso”, agregó.
Además, añadió que de las tres ofertas presentadas, dos quedaron descalificadas porque no acreditaban la experiencia requerida, dejando a Gezhouba Group como la única empresa que cumplía con todos los requisitos.
