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La Comisión de Economía del Congreso aprobó ayer por mayoría un dictamen que facilitará a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) el acceso a más herramientas de financiamiento.
La propuesta aprobada plantea otorgar la calidad de título valor, desde su notificación al proveedor, a la orden de compra y/o de servicios que emita una entidad del Estado.
Con esta medida se busca que las empresas proveedoras del Estado puedan negociar sus órdenes de compra o de servicio para cobrar en un menor plazo con una tasa de descuento, tal como ocurre con las facturas.
“Muchos emprendedores y microempresarios obtienen ordenes de compras o de servicios de alguna entidad pública, pero estas demoran en el pago”, dijo Anthony Novoa, presidente de la comisión de Economía.
Un millón
Al 1 de mayo había un millón de proveedores vigentes en el registro nacional de proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). De ellos, alrededor del 73% eran micro y pequeñas empresas (mypes).
“Así como al financiamiento de facturas se conoce como factoring, al financiamiento de órdenes de compra se le llama ordering”, indicó a Gestión Luis Terrones, secretario general de la Asociación Peruana de Factoring (Apefac). El Estado peruano es, además, el principal comprador de bienes y servicios en el país, dijo. “Me parece muy interesante la propuesta de incorporar al Estado al mundo del factoring o del ordering, pero se tiene que hacer una buena ley”, acotó Terrones.
Pagar más rápido
Para Rafael Zorrilla, gerente general de Perú Factoring, que una orden de compra o de servicio se convierta en un título valor favorece el acceso a financiamiento a los proveedores del Estado, mypes principalmente.
Con ciertas condiciones, podría ser importante para el desarrollo del mercado de factoring en el país, añadió. “Mientras el Estado pueda pagar más rápido, las pequeñas empresas van a tener liquidez para pagar a sus operarios y seguir dando vuelta a la rueda. Y es que hoy todo el mundo tiene problemas con su caja”, sostuvo Zorrilla. Hoy son pocas las entidades estatales que participan en operaciones de factoring. “Principalmente se hace con las más transparentes, que funcionan de manera pública privada o que tienen un buen record crediticio. Pero casi nada con gobiernos locales y regionales”, dijo el ejecutivo. En esa misma línea, Terrones refirió que son pocas las empresas del Estado que aceptan el factoring.
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Ineficiencia
Según especialistas, las entidades públicas pueden tardar en pagar sus facturas hasta seis meses. “Te dan una factura a 30 días máximo, pero igual te patean (el pago) fundamentalmente por temas burocráticos. La ineficiencia del Estado se traslada a los plazos de pago de las facturas”, acotó Terrones.
Con descuento de facturas una mipyme proveedora puede cobrar hasta en 72 horas.
Terrones explicó que el ordering es una operación de más riesgo que el factoring, al tratarse del pedido de un bien o servicio que aún no se ha entregado al comprador. Por ello, tiene mayor costo. En el factoring, las tasas de descuento están entre 12% y 20% anual, detalló. Zorrilla coincidió en que una orden de compra no tiene una fecha cierta de pago y advirtió que existe el riesgo de incumplimiento del proveedor. Si el Estado asume ese riesgo este mecanismo será importante para el factoring, estimó.
Adicionalmente, debería ir acompañado de una garantía de un fondo estatal para asegurar el pago, pues las cuentas de las entidades publica son inembargables, afirmó.