El Tribunal Constitucional (TC) inició un proceso para evaluar una solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad de una ley por la cual el Congreso de la República dispuso la prórroga del proceso de formalización de mineros informales hasta el 31 de diciembre de este año.
La solicitud la planteó el Colegio de Abogados de Loreto en contra del Parlamento (que aprobó esa norma el 2021), a raíz del impacto que generó la invasión de mineros ilegales en territorios de pueblos indígenas de esa región, afectando sus derechos y su salud, por el uso de mercurio en el tratamiento ilegal del oro.
La demanda es exactamente contra la Ley N° 31388, que prolongó el plazo del citado proceso con el fin de coadyuvar a la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Rreinfo).
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Audiencia pública
Como parte del procedimiento de evaluación de esta solicitud de inconstitucionalidad, el TC realizó el último martes 05 de noviembre una audiencia pública en la cual convocó a las partes involucradas.
En la audiencia, la parte demandante sustentó su solicitud para que el TC declare que el proceso de formalización de mineros informales (que se inició en el año 2002) ya no está vigente.
Requirió que, a consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de dicha norma, se consideren también inconstitucionales, por conexión, los respectivos reglamentos dados para ese procedimiento.
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Exhortación al Congreso
Se solicita que ese tribunal exhorte al Congreso a que no siga ampliando (a través de los diversos proyectos de ley que ha recibido) el plazo del Reinfo para concluir dicha formalización, pues ello afecta diversos principios y derechos constitucionales.
El argumento, según la parte demandante, es que, si bien la normativa para formalizar a los mineros informales es un régimen excepcional, han pasado 22 años de su aplicación, pero ha resultado en un fracaso.
A detalle, indica que, si bien el Reinfo tiene a 84,000 inscritos, 65,000 de ellos tienen su registro suspendido, mientras que, de los 19,000 que todavía lo tienen vigente, a más de dos décadas, solo el 2% ha concluido sus trámites de formalización.
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Congreso defiende norma
El abogado Juan Carlos Prado, en representación del Congreso, defendió la vigencia de la citada ley, señalando que el plazo para concluir la formalización (hasta este 31 de diciembre) permite que el Gobierno tenga tiempo suficiente para aprobar (a nivel del Ejecutivo) el proyecto de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape), para su envío al Parlamento.
Además, refirió que si no se llegaba a aprobar esa prórroga, automáticamente los más de 20,000 pequeños mineros y artesanales que se encontraban en el Reinfo en vías de formalización, caerían en la ilegalidad.
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El Congreso, recordó Prado, está a la espera que el Gobierno finalmente presente el mencionado proyecto de la ley MAPE.
Tras escuchar los alegatos de estas y otras partes involucradas, la presidenta del TC, Luz Pacheco, informó que la vista de la causa quedó al voto de los miembros de ese tribunal.
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¿Se podría poner freno al Congreso?
Consultado sobre el tema, Omar Awapara, secretario general de Transparencia, indicó a Gestión que, si el TC emite un fallo a favor del pedido de inconstitucionalidad de la Ley N° 31388, que prorrogó del plazo del proceso de formalización, el Congreso ya no tendría sustento para aprobar más proyectos de ley para prorrogar el Reinfo.
El experto, además vocero del Colectivo PAS, refirió que las propuestas legales para extender la vigencia de dicho registro, porque no se avanzó en la formalización, no puede ser un pretexto para extender ese régimen, pues ha demostrado que no ha funcionado.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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