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Reducir los gastos no productivos, así como racionalizar las exoneraciones tributarias, son algunas de las propuestas planteadas por expertos a los candidatos que postulan a la Presidencia y el Congreso de Perú en las elecciones de abril próximo para recuperar las finanzas públicas golpeadas por la pandemia del COVID-19.
El economista Luis Alberto Arias explicó que “mientras el virus esté circulando”, el Ejecutivo tiene que seguir apoyando a la población con la financiación de bonos, debido a las medidas de confinamiento para detener los contagios.
En ese sentido, Arias agregó que “el reto pospandemia es cómo hacer para reducir el déficit fiscal y cómo hacer para aumentar el gasto social”, durante la presentación del proyecto “Perú Debate 2021, propuestas hacia un mejor gobierno”.
Debido a los gastos incurridos por el Estado para afrontar la emergencia sanitaria, que ha dejado más de un millón de contagiados en el país, el déficit fiscal ha subido de 1.6% en el 2019 a 8.9% en el 2020.
-Recortar gastos, mantener bonos-
Sin embargo, el investigador de INDE Consultores explicó que la tarea del próximo gobierno es definir a dónde queremos ir, cómo financiar las propuestas. En ese sentido, “la reactivación (económica) va a ayudar en algo”.
Arias planteó “recortar los gastos no productivos, racionalizar las exoneraciones tributarias y llevar adelante un plan agresivo para reducir la evasión tributaria, a nivel local e internacional”.
Sobre los gastos no prioritarios que planteó recortar en 1% del PBI mencionó los viajes, servicios de telefonía, publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional, servicios de limpieza, servicios de seguridad y vigilancia, entre otros.
Igualmente, dar prioridad a los gastos sociales comprendidos en salud, educación, transferencias a sectores vulnerables y pensiones.
-Atacar pobreza extrema-
De otro lado, en el tema de la Protección Social y lucha contra la pobreza, la investigadora Norma Correa planteó garantizar un compromiso al más alto nivel para la lucha contra la pobreza, que afecta al 20% de la población, y erradicar la pobreza extrema que subió a 6.3% en el 2020.
Correa mencionó la institucionalización del cuidado infantil diurno y el fortalecimiento del Sistema Integral de Salud (SIS), además de un fondo público para enfermedades de alto costo.
En el caso de la atención sanitaria, Correa citó un estudio que plantea la creación de una unidad de prestación de primera atención y otra para alta complejidad en Lima Metropolitana, que concentra a un tercio de la población nacional y se ha convertido en el foco de contagios y muertes de la pandemia.
-Incluir pequeños agroexportadores-
Por su parte, el economista Gustavo Yamada mencionó que “el boom agroexportador de las empresas medianas y grandes, aún no ha integrado a la pequeña agricultura familiar”, formada por 350,000 unidades con potencial exportador.
La agroexportación en Perú ha crecido de US$ 627 millones en divisas en 1998 a US$ 6,291 millones en el 2018.
En tal sentido, una investigación de Daniel de la Torre y Carlos Heros plantea crear plataformas locales de servicios para la competitividad e integración al mercado exterior.
Respecto a la gobernabilidad democrática, el investigador Carlos Ganoza propuso la creación de un viceministerio de coordinación, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que esté a cargo del cumplimiento de las reformas de Estado, la revisión de cuentas, y de orientar la discusión de políticas.
-Crecen empresas sociales-
En tanto, Jorge Caillaux destacó el reconocimiento legal de las empresas con propósito social y ambiental, que ofrecen un proceso de transparencia de sus actividades, informes anuales sobre sus propósitos sociales y ambientales, aunque aún no tienen un beneficio tributario.
“En Perú tenemos más de 100 empresas de este tipo, asociadas con el sector financiero y organizaciones de investigación y educación”, anotó Caillaux.
-Reformar movilidad urbana-
Respecto a la movilidad urbana, Marcos Alegre indicó que en Perú se realizan 24.5 millones de viajes diarios, donde más del 51% se hacen en transporte público, pero que 26% de su flota tiene más de 20 años de antigüedad.
En ese aspecto, planteó la promoción de micro-movilidad para viajes cortos, la reducción de impuestos para empresas que incentiven el uso de la bicicleta e información de rutas peatonales y de ciclistas seguras.
Sobre el manejo de residuos sólidos, Alegre planteó la creación de una superintendencia nacional de residuos sólidos, que opere como autoridad autónoma, y centros integrales que resuelvan la necesidad de 3 de cada 10 habitantes que no tienen un servicio de recolección a domicilio en las ciudades.
Las propuestas de políticas de Estado están contenidas en 20 documentos elaborados por expertos, académicos y la sociedad civil reunidos por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el Instituto de Estudios Peruanos, entre otros.