Ha pasado casi un año desde que surgió la controversia entre Gases del Pacífico (filial de Promigas Perú) y el Organismo Supervisor de las Inversiones en Energía y Minería (Osinergmin) por la regulación de tarifas de la distribución de gas natural que realiza esa empresa en su concesión del norte, pero hasta ahora no hay humo blanco.
Por el contrario, las tarifas que definió ese ente regulador, no le están permitiendo a Gases del Pacífico (GDP) realizar las nuevas inversiones correspondientes a su Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029 en su área concesionada (Cajamarca, Lambayeque, Chiclayo, Pacasmayo, Trujillo, Chimbote y Huaraz).
Así lo refirió Wilson Chinchilla, vicepresidente de distribución de gas natural de Promigas Perú, durante la presentación de la décima edición del Informe Infogas 2025, que elabora la compañía.
Ya la empresa había indicado anteriormente que, a raíz de esta controversia, se estaban frenando inversiones por cerca de US$ 400 millones, y que se podría desencadenar el arbitraje.
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Empresa suspende inversiones
En su exposición, Chinchilla afirmó que la concesión de GDP en el norte, ha sido duramente afectada por una definición tarifaria que no permite la recuperación de los costos de prestación del servicio de distribución del gas natural.
Actualmente, reveló, GDP ha suspendido sus nuevas inversiones, de forma que los planes de masificación del gas que tenía esa empresa en su concesión del norte no van a ser posibles a futuro, lo cual -reconoció- afecta a miles de familias que hoy no cuentan con ese combustible en la zona.
Insistió en que esa concesión ha sido duramente afectada por una definición tarifaria que no permite la recuperación de los costos por prestar ese servicio.
“Esto es muy delicado, pues por muy buena política pública que haya, si la regulación no acompaña los objetivos de esa política, nada se logra en materia de masificación”, puntualizó.
Promigas ha invertido cerca de US$400 millones en su concesión del norte
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Disputa sigue sin resolverse
En el mismo foro, Aquiles Mercado, vicepresidente financiero de Promigas Perú indicó que, si bien las medidas regulatorias que aplicó Osinergmin se podrían revertir, las disputas (entre esa empresa y el regulador) continúan, sin poder resolverse.
Explicó que, con la tarifa de US$ 12 por millón de BTU que aplicaba la compañía al usuario final, realizó una inversión superior a la prevista, que permitió conectar a 300 mil usuarios, superando la exigencia de conectar a 150 mil consumidores, pero, en el proceso regulatorio su tarifa se redujo en 32%, lo que no hace viable su actividad.
Detalló también que el ente regulador reconoció solamente el 55% de las inversiones de la empresa, y que la tarifa no considera temas como la suficiencia financiera, el costo de la movilidad en cisternas de gas.
Todo ello, anotó Mercado, afecta los costos eficientes de la empresa, la remuneración adecuada del capital invertido, y que hoy lo que se requiere es restablecer el equilibrio financiero más que otra cosa.
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Empresa ya inició proceso de arbitraje
Frente a esa situación, el ejecutivo indicó que Promigas, como accionista de GDP han iniciado el camino para -de no llegar a un acuerdo con el Gobierno- acudir al tribunal de Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), señalando que considera ahora que es la única vía para llegar a acuerdos.
Miguel Maal, gerente general de Promigas Perú, detalló a Gestión que el 5 de noviembre se hizo la notificación de intención de elevarlo al CIADI ante el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y como parte del cual están en la fase de trato directo con el Poder Ejecutivo.
En esta etapa la empresa reafirma su compromiso de buscar una solución amistosa con el Estado en esta etapa. El trato directo, previo a llegar al CIADI, toma 6 meses. Es decir, si no hay una solución, se elevaría ya a la instancia internacional hacia mayo del 2026.
“Ya se le notificó al Gobierno el inicio de este proceso, pero la primera etapa que es la de trato directo, permite que las partes lleguen a un acuerdo antes de entrar en la parte legal”, anotó.
Miguel Maal, gerente general de Promigas, confirma que han iniciado proceso de arbitraje.
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Lo que se plantea en esta fase, mencionó, es que el Gobierno corrija la tarifa que ha establecido el regulador, pues no se le reconoce las inversiones realizadas y costos incurridos, lo cual limita y pone en grave riesgo la operación de la compañía, e impide que se siga creciendo en las conexiones de gas.
De no haber acuerdo en la etapa de trato directo, Maal indicó que entrarían ya a la etapa legal, donde van a solicitar un resarcimiento por el daño sufrido por la empresa, por las inversiones y costos no reconocidos, aunque evitó mencionar el monto que se exigiría por resarcimiento.
Aunque las nuevas inversiones de la empresa -confirmó- se han suspendido, la operación del servicio de distribución del gas natural lo continúan prestando “bajo los estándares más altos de calidad y con la confiabilidad que lo hemos venido realizando”.
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Es muy mala señal para el sector
El gerente general de Promigas consideró que, el hecho que surjan este tipo de controversias regulatorias es una muy mala señal para el sector de hidrocarburos y para el desarrollo de la infraestructura en general en el Perú, no solo para las concesiones de gas natural, sino las de electricidad, de vías, entre otras.
“La señal es muy negativa porque ustedes entenderán que, si se pierde la confianza o no se aplican criterios técnicos en esas regulaciones de tarifa, pues no va a haber inversionistas que quieran invertir en este tipo de servicios, llámese gas natural, electricidad, carreteras”, puntualizó.
En la exposición del informe Infogas 2025, Aquiles Mercado advirtió que ahora, todo inversionista en concesiones de servicios de distribución de gas va a enfrentar la incertidumbre de qué puede pasar durante la revisión de sus tarifas.
Refirió por ejemplo que está pendiente que el Gobierno termine de revisar la adenda que ha planteado Cálidda concesionario del servicio de distribución de gas en Lima y Callao para extender su concesión a siete regiones del centro y sur del país.
Indicó que eso implica planificar cerca de 3,700 kilómetros de redes en esas siete regiones, pero que existe temor respecto a si es que el organismo regulador entiende esa operación. “Se espera señales regulatorias adecuadas para que ese proyecto salga adelante”, anotó.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
