Quavii, marca comercial de Gases del Pacífico, es una empresa de Promigas en Perú, responsable de la distribución de gas natural en el norte. Hoy, esta compañía está lista para llevar al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), así lo confirma en exclusiva Miguel Maal Pacini, gerente general de la firma, a Gestión, después de idas y venidas con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Una vez que se terminó la vigencia de la tarifa que inicialmente había establecido ProInversión dentro del proceso para adjudicar el proyecto, correspondía que el Osinergmin calculara una nueva para los próximos cuatro años. El proceso fue así: la prepublicación de la tarifa, por parte del regulador, tuvo lugar el 20 de noviembre del 2024; la publicación -tras comentarios- fue el 27 de diciembre; y la absolución del recurso de reconsideración (presentado por la empresa ante el organismo) fue el 5 de este mes.
La clave está en entender cómo se compone la tarifa. Cuando Osinergmin da a conocer su posición tras analizar el recurso de reconsideración de la empresa, reconoce una tarifa al usuario final de US$ 14.66 por millón de BTU, donde US$ 8.7 por millón de BTU corresponde a la distribución y transporte virtual (US$ 1.37 el transporte virtual y US$ 7.34 para la distribución).
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Este US$ 8.7 por millón de BTU está por debajo del US$ 12 por millón de BTU inicial establecido por el contrato de concesión y, para la empresa, no toma en cuenta las inversiones eficientes que se han realizado. De hecho, Maal remarca que el Osinergmin y la empresa han tenido notables diferencias en todos los componentes de la tarifa.
“Esto realmente es muy negativo para el sector porque no se está reconociendo las inversiones eficientes que realizamos. Por supuesto, desincentiva futuras inversiones, deja muchas inquietudes de la estabilidad regulatoria e incluso uno podría catalogarlo como una expropiación”, precisó.
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-Tras agotar la vía administrativa, ¿han conversado con el Osinergmin?
Cuando Osinergmin resuelve el recurso de reposición se agota la vía administrativa del proceso. Ya no hay ningún otro camino administrativo que adelantar frente al regulador.
-¿Qué sigue ahora?
Lo que nos corresponde es solicitarle al Ministerio de Minas y Energía (Minem) la suspensión de las obligaciones del contrato e iniciar las acciones legales a través de un arbitraje internacional en el Ciadi contra el Estado peruano, con el fin de que nos reconozcan las inversiones eficientes que Promigas ha realizado en la concesión norte. No nos queda otro camino.
Esperamos, porque obviamente el interés y el compromiso de Promigas de continuar la masificación persiste, que durante la etapa de trato directo, lleguemos a un acuerdo con el Estado que permita corregir esta situación.
-Pero, ustedes ya habían presentado la suspensión de obligaciones...
Sí, pero como fue durante el procedimiento administrativo, el Minem nos dijo que había que esperar a que culmine dicho proceso para poder atender la solicitud. Ahora nos corresponde nuevamente solicitarles esa suspensión dado que ya fue agotada la vía administrativa.
-¿Qué se suspendería si reciben luz verde del Minem?
Como hay una serie de compromisos que se estarían asumiendo con la aprobación de esa tarifa, los cuales no son viables ejecutar, lo que nosotros queremos es que el ministerio los suspenda.
Pero, con respecto a la operación de la concesión, vamos a seguir operando, atendiendo a nuestros clientes actuales y por supuesto preservando todos los niveles de seguridad y de confiabilidad que hemos venido haciendo.
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-¿Qué exactamente Promigas no podrá atender?
Las nuevas inversiones, principalmente, las que se están exigiendo que se realicen hacia el futuro. Si se aprobaba la tarifa de manera correcta, teníamos previsto invertir unos US$ 335 millones en los próximos 7 u 8 años para continuar con la masificación y dar beneficio a unas 340 mil viviendas, lo que significa un poco más de 1.2 millones de peruanos.
-¿Cuándo se va a gatillar el trato directo, como parte del proceso de llevar al Perú al Ciadi?
Eso debiera iniciar en abril o más tardar principios de mayo. Ahí debería dar inicio la etapa de trato directo.
-¿Qué van a pedir en el trato directo? Es decir, ¿se buscará llegar a un punto medio?
Estamos en toda la disposición e interés de continuar con la masificación, por lo tanto, nuestro interés es llegar a un acuerdo, pero eso también va a depender mucho de la voluntad del Estado peruano y de los compromisos que quiera asumir para continuar con esta masificación.
No se trata de llegar a un punto medio, sino sencillamente de corregir y de establecer los cargos justos que permitan exista una competitividad en el futuro del gas natural, pero también que se reconozcan las inversiones eficientes y se provean los recursos.
-¿Se retirarían de la concesión?
No. Estamos enfocados en las acciones propias de la etapa de negociación y, de no prosperar, el inicio del arbitraje.
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Un contexto de demandas contra Perú
Quavii, en la concesión de la región norte, ha superado los compromisos que se había establecido con el Estado peruano en el contrato de concesión. “Tenemos 295 mil hogares disfrutando de gas natural versus un compromiso que había de 150 mil viviendas”, refirió Miguel Maal.
La decisión de Promigas se suma a la recientemente anunciada por Brookfield, el gestor de fondos de inversión, de también demandar al Perú ante el Ciadi.
“Si bien hay voces dentro del Gobierno que promueven la inversión, quieren que aumente y dar estabilidad jurídica, desafortunadamente vemos casos como el de Brookfield o nuestra situación, por la cual ahora nos vemos obligados a adelantar esta acción legal”, remarcó.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.
