Pese al rechazo generalizado de la población a las autoridades en todos los estamentos del Estado peruano, recibimos estas Fiestas Patrias con reactivación económica en un marco de relativa estabilidad macroeconómica. El mercado laboral se ha recuperado a los niveles prepandemia y la inversión privada ha crecido en línea con la mejora en las expectativas empresariales.
Aun con un panorama externo incierto y una economía que muestra algunos signos de desaceleración, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima para este año un crecimiento de 3.1%. Este desempeño no puede dar pie al triunfalismo ni a la complacencia, dado que es una tasa insuficiente para acelerar la reducción de la pobreza que aflige a más de 10 millones de peruanos.
Un balance del último año de gestión presidencial muestra más falencias que aciertos. Entre los aciertos destaca el avance en la adjudicación de proyectos de Asociación Público-Privadas (APP) para el cierre de brechas de infraestructura. Además, se cerraron 224 inversiones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos por más de S/ 4,000 millones, lo que representa el 30% del monto total adjudicado históricamente.
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Pese a las expectativas generadas, no ha sido fácil alcanzar las metas planteadas en la suscripción de adendas de proyectos de concesión que están próximos a caducar. Con ello se pretendía movilizar nuevas inversiones privadas por alrededor de US$ 10,000 millones. Además, queda pendiente definir los cambios planteados en la normativa que regula las APP.
Por el lado menos auspicioso, hay al menos dos ámbitos de política pública -que se puede dividir en cuatro temas álgidos- en los que el discurso presidencial del año pasado tuvo particular incidencia con promesas específicas que han tenido escaso o nulo cumplimiento.
Cambiar esta situación en el último año de gestión estará limitada por mayores restricciones políticas típicas de años electorales. Lo más previsible es que queden múltiples promesas incumplidas que heredará el próximo Gobierno.
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Lucha contra minería ilegal e inseguridad ciudadana
Hace un año, la presidenta Boluarte se comprometió a renovar la estrategia nacional contra la minería ilegal mediante un nuevo enfoque que integraría formalización, persecución penal, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico local como pilares de intervención. Sin embargo, nada de esto se ha cumplido.
Por el contrario, el Poder Ejecutivo tardó en presentar al Congreso de la República una solución estructural a la problemática de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) y se amplió por sexta vez la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La continuidad de un régimen excepcional y “transitorio” que va durando 13 años ha desincentivado el cumplimiento con las condiciones requeridas al dar cabida al avance de la minería ilegal que hoy se constituye como la mayor economía criminal del Perú, superando de largo al narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Hay que reconocer que es un avance positivo que la última prórroga del REINFO haya aplicado solo a personas naturales o jurídicas cuya inscripción esté vigente o suspendida por un periodo igual o menor a un año contado hasta el 30 de junio de 2025. Con ello, más de 50,000 mineros han sido excluidos del registro.
La presidenta Dina Boluarte dará su último discurso como mandataria este 28 de julio. (Foto: Presidencia)
Sin embargo, tras movilizaciones y bloqueos de carreteras, el Ejecutivo enfrenta pretensiones inadmisibles de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, que incluyen la exigencia de que el Estado detenga operaciones de interdicción, elimine requisitos fundamentales del proceso de formalización, anule la exclusión de los registros que ya fueron depurados y los reincorpore en su totalidad.
Ceder ante estas pretensiones sentaría un precedente nefasto al abrir paso a una mayor minería informal encubierta, escenario probable dada la nula capacidad del Gobierno para encarar la presión social organizada. Peor aún, lograr la aprobación de una ley MAPE que definitivamente elimine el Reinfo y establezca un marco legal efectivo que facilite la formalización minera en diciembre luce poco probable por las aspiraciones políticas de legisladores ad portas de los comicios y los intereses subalternos que se imponen en el Parlamento.
El avance de las economías ilícitas viene de la mano de la inseguridad que azota al país. Es así como la mandataria aseguró que no entregaría el país a la delincuencia, haciendo énfasis en combatir el crimen transnacional con firmeza.
No obstante, si comparamos las cifras de denuncias en distintos delitos durante 2024 e inicios del 2025 con el año previo a la gestión de Boluarte, se observa un claro deterioro de la seguridad ciudadana.
Ante la ola de delincuencia, el Gobierno, de manera efectista, declaró estados de emergencia en distintos puntos del país. Sin embargo, en ningún momento presentó una real estrategia para combatir la delincuencia.
Por su parte, la legislación aprobada por el Congreso, con la anuencia del Ejecutivo, ha conducido a un agravamiento de la impunidad y la dificultad de luchar contra la inseguridad. Así, el Congreso promulgó la cuestionada Ley N° 32108 que, en opinión de expertos, favoreció al crimen organizado, pues limitó la definición de organización criminal y restringió allanamientos, lo cual le ha dificultado aún más la labor a la Policía Nacional del Perú por atrapar a estos delincuentes.
El avance del crimen organizado no se va a revertir con declaraciones de emergencia ni leyes improvisadas. Se requiere una mirada integral: prevención social, control territorial efectivo, tecnología aplicada, justicia funcional y colaboración público–privada.
Por lo pronto, el Gobierno debe enfocarse en mejorar la coordinación entre municipios, Policía y Ministerio Público; reforzar las unidades de inteligencia operativa, y garantizar que los recursos lleguen a las zonas más golpeadas por la violencia. En este sentido, no es posible que el departamento con menos policías per cápita del país sea La Libertad, foco de la criminalidad en el país después de Lima. El crimen avanza y la ineptitud del Gobierno se agudiza.
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Reordenamiento, modernización e inversión pública
En otro ámbito, la presidenta anunció también la creación del Ministerio de Infraestructura para concentrar funciones hoy dispersas y acelerar el cierre de brechas. Para ello, se han realizado mesas técnicas y audiencias sin llegar a ningún consenso.
Además, anunció “la fusión de dos pares de ministerios”, con el fin de mejorar la eficiencia administrativa y el uso de recursos públicos. Sin embargo, tampoco se ha brindado información ni avances concretos a la fecha.
Mientras tanto, la necesidad de reordenamiento y modernización para eficientizar un Estado cada vez más elefantiásico se hace cada día más urgente. El frustrado intento de fusionar programas de inversión pública de distintas unidades ejecutoras del Gobierno, planteada por el exministro de Economía y Finanzas, José Salardi, probablemente haya sido una de las razones que gatilló su intempestiva salida del gabinete.
Sin mejoras en la institucionalidad que rige al gasto público, el Gobierno ha continuado prometiendo asignar montos récord a la inversión pública y mejorar la ejecución de los presupuestos disponibles. Si bien cumplió con esta promesa, al analizar la eficiencia en la inversión pública de los ocho ministerios que manejan más recursos, se observan importantes retrocesos. Al cierre del 30 de junio de 2025, hay más ministerios que han empeorado respecto al cierre del primer semestre de 2024, que los que han mejorado, aun cuando la ejecución ha sido mayor para casi todos los pliegos presupuestales.
Resulta muy preocupante que muchos proyectos estén costando más de lo previsto. Seis ministerios han gestionado proyectos con mayores sobrecostos respecto al cierre del primer semestre de 2024. Un caso alarmante es el Ministerio de Salud, cuyos proyectos registraron mayores sobrecostos en alrededor de 20 puntos porcentuales el último año. Se han deteriorado también los retrasos de proyectos. Así, la mayoría de ministerios superan los 1,000 días de retraso. Destacan como los que más empeoranlos casos del Ministerio de Educación (de 767 a 1,128 días) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (de 1,153 a 1,480 días).
La elevada incidencia de proyectos detenidos se ha exacerbado durante los últimos 12 meses. En el caso del Ministerio del Interior, estos representan casi el 50% de sus recursos en ejecución. En general, existen serias dificultades para el destrabe de inversiones: de los 1,792 proyectos detenidos al 30 de junio de 2025, el año pasado ya habían sido identificados 1,013.
Antes de seguir prometiendo más obras millonarias, el Gobierno debería priorizar la calidad del gasto y asegurar que la asignación presupuestal tenga impacto en la calidad de vida de los peruanos. De lo contrario, el descontento ciudadano seguirá en aumento ante el deterioro generalizado de la calidad de los servicios públicos.
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Reflexiones finales
A un año del final de su mandato, y con poco margen de maniobra, Boluarte y su Gobierno deberán hacer todo lo posible por dejar la casa en orden. Esto obliga a enmendar el rumbo en cuanto al desprolijo manejo de la política fiscal.
Si bien los ingresos tributarios se han recuperado por factores extraordinarios (elevados precios de las materias primas que producimos) y el déficit fiscal ha comenzado a mostrar una senda decreciente, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que recuperar la credibilidad perdida en un entorno de enormes presiones de gasto, merma en sus ingresos permanentes y acumulación de pasivos contingentes.
La presentación de la ley de presupuesto para el próximo año será la última oportunidad para retomar un manejo fiscal más responsable y menos proclive a ceder al clientelismo que ha caracterizado a esta gestión gubernamental. A esto se suma el largo rosario de promesas incumplidas ante la indolencia de nuestras autoridades y la frustración de la población.
“Promesas incumplidas y urgencia de nuevos liderazgos”
Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto
Lo que más recordamos del último discurso presidencial por Fiestas Patrias fue su excesiva duración. En la recta final de su mandato, la presidenta Boluarte muestra muy pocos logros que sean percibidos por la mayoría de los peruanos.
Es poco probable que el próximo 28 escuchemos una autoevaluación honesta de su gestión y planteamientos factibles para dejar el país en orden ante la transición política que se viene. En materia económica, la situación está mejor que hace 12 meses. El empleo se ha recuperado, la inversión privada ha crecido finalmente y hay avances reales en el objetivo de acelerar el cierre de las brechas de infraestructura.
Sin embargo, ahí terminan las buenas noticias. Las promesas incumplidas y la actitud frívola y permisiva del Gobierno ante la crisis de inseguridad y la violencia asociada al notorio avance de las economías ilegales erigen una barrera a un mayor bienestar de los peruanos. A esto se suma la creencia que anunciar presupuestos millonarios para financiar obras es el antídoto para todo. Sin mejorar la integridad y eficiencia estatal y su capacidad de dotar de mejores servicios básicos lo que se consigue es alienar más a electores e impulsarlos a caer tentados ante promesas populistas.
Teniendo un país repleto de oportunidades y una economía resiliente, lo que urge para encarar los desafíos pendientes y materializar un mayor progreso es un liderazgo realmente eficaz que sintonice con los problemas que agobian a la mayoría. Si bien esto no lo hemos tenido el último quinquenio, esta situación podría cambiar cuando nuevamente acudamos a las urnas. Al final, dependerá de nosotros mismos.
