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Las Asociaciones Público - Privadas (APP) son una de las principales herramientas que maneja el Estado peruano para cerrar brechas de infraestructura en varios sectores económicos. Ha funcionado en áreas como transporte. Sin embargo, no ha sido así en el caso del sector saneamiento, donde solo hay un “puñado” de APP activas a la fecha, de acuerdo con ProInversión.
En 2002 entró en operación la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Chillón, la primera APP en saneamiento del Perú, según José Salardi, director ejecutivo de ProInversión. Desde entonces solo se sumaron cuatro APP más en este sector. Estas son las PTAR Taboada, La Chira, el Trasvase del Proyecto Derivación Huascacocha - Rímac y la única desalinizadora activa de país: Provisur, en Santa María del Mar, Lima.
A la fecha, las PTAR, adjudicadas por ProInversión mediante APP, tratan más del 70% del desagüe de Lima y Callao: PTAR Taboada, PTAR La Chira y recientemente Provisur. El resto está a cargo de Sedapal.
El compromiso de inversión de las APP activas en saneamiento es de US$ 470 millones, según ProInversión. Hacia 2026, la agencia planifica adjudicar 21 proyectos APP más en este sector por una inversión conjunta de US$ 2,280 millones, casi cinco veces más lo que se avanzó en los últimos 22 años.
Sin embargo, hay retos de financiamiento y operación que deberán resolverse en el camino para garantizar su sostenibilidad, precisa Emerson Castro, director de la Dirección de Portafolio de Proyectos de ProInversión, a Gestión.
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Retos propios
Según Castro, la representatividad del sector saneamiento entre las APP totales promovidas en Perú es ínfima en comparación a otros sectores como energía o transporte.
“Son sectores con mayor experiencia y número, lo que les ha permitido fortalecer su capacidad técnica y su personal instalado para que estos proyectos sean sostenibles durante su concesión. El esquema APP mueve 5% en agua y saneamiento. Quisiéramos que llegue a un 35%”, indica el funcionario de ProInversión a cargo de la cartera APP en saneamiento.
La primera complicación que enfrenta esta modalidad en el sector saneamiento responde al tipo de servicio y su rasgo social, explica Castro. “En transmisión eléctrica los contratos APP fluyen rápidamente. La gente por pequeños aumentos de tarifa no sufren impactos sociales, cosa que con el agua es totalmente diferente”, afirma.
El funcionario de ProInversión sostiene por ello que este tipo de proyectos necesitan ser explicados a detalle a la población potencialmente beneficiada. “La gente debe internalizar que les pueden cobrar más, en un debido momento, pero porque sube la calidad del servicio”, refiere.
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El segundo reto, crucial para concretar acuerdos con el privado, es el financiamiento. Como ya contó Gestión en varias oportunidades, los cobros por el servicio no le alcanzan a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) para solventar sus inversiones. De hecho, según Sedapal, Perú tiene la tarifa promedio más baja de la región.
Por ello Castro saluda que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) este facultado hoy para cofinanciar iniciativas privadas en este sector. “Ayuda, pero debe ser momentáneo porque la gente debe entender que también debe colaborar más. Gran parte de las obras se seguirán manejando con las EPS, lo que implica fortalecerlas. Más adelante podríamos empaquetar EPS para ayudarles en la operación y mantenimiento de sus obras”, explica el funcionario de ProInversión.
Según Castro, otra alternativa para promover las APP en saneamiento son las PMO (Oficinas de Gestión de Proyectos, en español). “Ya el marco legal lo permite como un mecanismo adicional para fortalecer el cumplimiento contractual. Es crucial para para la gobernanza”, apunta.
Además, según el funcionario de ProInversión, están coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que la agencia puede intervenir hasta la puesta en operación comercial y no sólo hasta el cierre de contrato, como indica la regulación APP, en determinados proyectos para garantizar su continuidad.
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Meta 2024
El portafolio de 21 APP para saneamiento que ProInversión quiere cerrar al 2026 busca beneficiar a más de 7 millones de habitantes en 14 regiones. Este año, hay nueve proyectos de ese grupo que registrarían avances importantes. Siete de ellos serían declarados de interés, se adjudicarían dos y se lanzaría la convocatoria de uno (ver tabla).
El más avanzado de todos es la PTAR Puerto Maldonado, que se adjudicaría en junio. La obra es de iniciativa estatal cofinanciada por un plazo de 22 años e implicará una inversión de US$ 89 millones. El otro proyecto que se adjudicaría en 2024, en diciembre, es la primera fase de Obras de Cabecera.
Según Castro, se decidió partir el proyecto en dos partes por pedido de Sedapal. “La primera fase es el mejoramiento de presas y la segunda una línea de conexión de 10 kilómetros con un túnel, que tiene una parte técnica más compleja y una liberación de terrenos en proceso”, comenta.
Entre los proyectos que se declararán de interés figura la Desaladora Ilo, por US$ 110 millones; y seis PTAR más. Según Castro, para todos estos proyectos ya se cuenta con una primera versión del contrato y nacieron como iniciativas privadas.
“Eso significa que estén en etapa de estructuración. En los próximos queda pedirle opinión al MVCS, con su aprobación, haremos lo mismo con el MEF y Contraloría General de la República. Luego de eso se procede a la firma del contrato”, detalla el funcionario de ProInversión.
El resto de proyectos del paquete que se adjudicaría hacia 2026 incluye la implementación de servicios de agua potable y saneamiento en lugares como Loreto, Iquitos o Cajamarca. También está la PTAR y Desaladora Paita y Talara, que tiene un monto referencial de US$ 150 millones, pero aún ProInversión está definiendo las fechas de adjudicación.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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