La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso de la República decidió convocar al Poder Ejecutivo de Perú para que explique los motivos detrás de sus observaciones al dictamen que proponía ampliar las prohibiciones de las llamadas spam.
La iniciativa legislativa del Parlamento había sido observada por el Gobierno en mayo y fue aprobada con modificaciones en septiembre en el pleno. Sin embargo, el Poder Ejecutivo volvió a cuestionar la propuesta, observándola otra vez, el 11 de octubre.
Codeco tenía previsto acoger los comentarios del Gobierno para volver a dictaminar el proyecto. Sin embargo, a pedido de un congresista de la comisión, se pedirá primero que un vocero del Ejecutivo sustente los cuestionamientos.
Así, al menos por ahora, la prohibición de las llamadas spam queda en pausa hasta nuevo aviso. Expertos analizan para Gestión lo ocurrido en el Congreso.
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Los cuestionamientos
La propuesta legislativa modifica dos literales del artículo 58.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor de Indecopi. Primero, fija una temporalidad prohibida para recibir llamadas comerciales.
“En ningún caso, las proposiciones solicitadas podrán realizarse entre las 20:00 horas y las 7:00 horas, ni los días sábados, domingos ni feriados”, señala la autógrafa. Además, establece como “única excepción” de autorización para el contacto los casos donde el consumidor se contacte primero con el proveedor o autorice expresamente su consentimiento libre para ello.
En la observación de la autógrafa, el Poder Ejecutivo cuestionó si estos cambios al Código realmente solucionaban el problema actual de las llamadas spam, especialmente por la restricción horaria de contacto.
“Este horario y días sí podrían resultar convenientes para determinado segmento de consumidores, dadas sus actividades laborales, de estudio y/u otros. Dicha regla debería flexibilizarse y estar sujeto a un acuerdo”, señala el documento.
También el Ejecutivo incluyó en su propuesta de nueva redacción la creación de un registro de exclusión de llamadas publicitarias “a cargo del sector privado o de administración mixta” para la inscripción de consumidores desinteresados en estas ofertas. Según el Gobierno lo anterior ya funciona en países como España o Estados Unidos.
Todas estas sugerencias iban a ser aceptadas por Codeco, según señaló Wilson Soto, presidente del grupo de trabajo, en la última sesión del lunes.
“Estamos de acuerdo con ellas. El texto del dictamen actual recoge las sugerencias del Ejecutivo en su totalidad sin alterar, ni en forma ni fondo, la parte no observada de la autógrafa”, había indicado antes de someter a votación el dictamen de allanamiento.
Sin embargo, fue el congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante, quien solicito frenar este proceso de aprobación que elevaría al Pleno –por tercera vez– la propuesta. “Antes de ponerlo a debate, pido una cuestión previa para que el Ejecutivo venga a explicar por qué la autógrafa actual no generaría cambios a la situación actual”, señaló el legislador. Este pedido fue acogido por Soto para luego pasar a otro punto de agenda.
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¿Qué caminos podría tomar Codeco?
“La propuesta del Ejecutivo de crear un registro va más allá de lo establecido en el proyecto original. Están proponiendo una iniciativa legislativa a partir de una observación”, argumentó Morante para pausar la votación de la autógrafa.
Para Mario Zúñiga, líder de Competencia y Mercados de EY Law, la advertencia del congresista naranja puede ser válida. “Es un punto atendible. Si lo vemos desde el punto de vista regulatorio, puede implicar un costo beneficio distinto (al proyecto original). Ahora, la problemática que busca solucionar sigue siendo la misma”, explica a Gestión.
Alex Sosa, director del área de Consumo, Publicidad y Privacidad del Estudio Muñiz, por su lado, cree que el Ejecutivo cometió un error en incluir en su propuesta de fórmula legal la inscripción en el registro. “La observaron con mucha razón, pero metieron la pata al incluirlo. Creo que exceden un poco sus facultades”, afirma a este diario.
Con la citación de un vocero gubernamental para que sustente las observaciones, son varias las salidas que Codeco podría tomar para finalmente regular las llamadas spam, consideran los abogados.
Zúñiga dice que una posibilidad es que Codeco apruebe el dictamen retirando el párrafo referido al registro. “Están desagregando la discusión. Ello podría acelerar el asunto porque retiras un tema a considerar. Estarían mandando el tema del registro a otro debate legislativo”, indica.
Sin embargo, Sosa cree que lo ocurrido hoy en Codeco más bien puede dilatar más el tiempo para concretar una nueva regulación de las llamadas spam. Por eso, indica, otro camino es que el Ejecutivo presente un proyecto de ley propio para crear la lista. Aunque recuerda que ya existió uno similar antes sin resultados.
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“El Código nació en 2010 y, hasta 2018 cuando se dieron los cambios hoy vigentes, existía el portal “Gracias, no insista”. Ahí se registraban correos o números de personas. Las empresas podían descargar un black list, pero pocas lo respetaban”, señala.
Por eso Zúñiga recalca que el problema con las llamadas spam no es la regulación vigente, sino su cumplimiento. “Ya violan la Ley de Datos Personales. Los cambios normativos no tendrán mucho efecto para personas que hoy ya sufren por ello”, acota.
El abogado señala que el Congreso se ha acostumbrado a sobrecargar a Indecopi de nuevas responsabilidades. “Es verdad que ha sido una institución eficiente, pero en cierto momento no aguantará. Si le exiges más, deberían darle también más recursos, ya sea económicos o humanos”, considera.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.
