La Asociación de Productores de Arroz (APEAR) demandó al Gobierno Regional de Arequipa y a la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) ofrecer información clara y verificable sobre la gestión y los avances de las etapas I, II y III del proyecto Majes Siguas.
La preocupación del gremio surge en un momento en que Arequipa busca atraer capital extranjero y posicionarse como un polo agrícola para inversiones provenientes de China, Japón y Estados Unidos.
“La Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) y el Gobierno Regional deberían brindar información correcta de lo que sucede allí para convertir el desierto arequipeño en un emporio agrícola de Sudamérica”, señaló el representante de APEAR, Sergio Dávila.
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La asociación sostiene que el proyecto Majes Siguas II debió avanzar entre 2010 y 2025 con la ejecución de 38,500 hectáreas. Sin embargo, según explican, “hasta el momento no se ha ejecutado nada”.
La incertidumbre -señalan- aumenta con el anuncio de Majes Siguas III. APEAR considera “inaudito” que el Gobierno Regional haya firmado un convenio para lanzar esta tercera fase cuando no está claro cuántas hectáreas tiene disponibles AUTODEMA. Tampoco se ha culminado la primera etapa del proyecto original.
El gremio advierte que esta falta de planificación podría constituir una irregularidad por el incumplimiento de los procesos establecidos en la ley.
Proyecto de irrigación en el país. Foto: difusión.
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Para Dávila, el Gobierno Regional y AUTODEMA deben aclarar el tipo de convenios firmados, los compromisos asumidos y la disponibilidad real de terrenos.
“Estamos vendiendo humo al mundo, a la región y al país. Es necesario que se pronuncien y den a conocer de manera transparente qué tipo de convenio se ha hecho y qué área estamos disponiendo para ofrecer la tercera etapa de Majes Siguas”, enfatizó.
La asociación también convocó a los gremios empresariales y profesionales -como la Cámara de Comercio y los colegios de Arquitectos e Ingenieros- a exigir claridad en el manejo de los proyectos.
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APEAR extendió su llamado a la transparencia al proyecto portuario Corío, considerado estratégico por su capacidad para recibir embarcaciones de gran tamaño. Dávila destacó que, a diferencia de otros puertos del país, Corío cuenta con 27 metros de calado, lo que permitiría el ingreso de naves con hasta 30,000 contenedores.
El gremio sostiene que, sin información clara, el Estado podría generar desconfianza entre inversionistas internacionales y afectar la viabilidad de proyectos clave para el desarrollo del sur del país.
“Es necesario cimentar la gestión en la transparencia para evitar barreras con la sociedad civil, el sector privado y la viabilidad de los proyectos”, concluyó el representante de APEAR.
