La justicia laboral en el Perú enfrenta un problema estructural que ha pasado desapercibido para muchos ciudadanos: la acumulación de procesos en la etapa de ejecución.
Aunque recientes reformas han logrado reducir los tiempos en la resolución de casos en primera y segunda instancia, el volumen de procesos pendientes de ejecución ha crecido hasta representar más del 50% de la carga procesal de los jueces laborales.
Este fenómeno, analizado en el Informe Procesal 2025 de Vinatea & Toyama, ha sido abordado en una entrevista con el abogado Luis Vinatea, socio del estudio.
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Sistema de justicia laboral en Perú con cambios
Históricamente, el sistema de justicia laboral ha tenido dificultades para manejar la creciente judicialización de los conflictos laborales. Si bien las recientes modificaciones normativas han permitido agilizar la resolución de casos en primera y segunda instancia, estas mismas reformas han generado una presión sobre la etapa de ejecución, trasladando el cuello de botella a una fase crítica del proceso judicial.
La reforma del recurso de casación mediante la Ley N° 31699 ha reducido en un 40% la cantidad de expedientes laborales que llegan a la Corte Suprema, estableciendo el principio del “doble conforme”, según el cual, si una sentencia de segunda instancia confirma la de primera, el caso no puede ser elevado en casación. Como resultado, los procesos que antes transitaban por la Corte Suprema ahora se dirigen directamente a la fase de ejecución.
Luis Vinatea resalta que, aunque esta reforma ha aligerado la carga en la Corte Suprema, ha desplazado el problema hacia los jueces de ejecución, quienes no cuentan con los recursos suficientes para manejar la creciente cantidad de casos acumulados.
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Evolución de la carga procesal laboral por etapa y distrito
El informe presenta un análisis detallado de la evolución de la carga procesal en los diferentes distritos judiciales del país, destacando que Lima concentra el 35% de la carga total en materia laboral, seguida por distritos como La Libertad, Arequipa y Cusco.
El abogado explica que la variabilidad en la carga procesal entre distritos responde a varios factores, incluyendo el desarrollo económico local, el nivel de formalidad laboral y la capacidad operativa de los juzgados especializados en cada jurisdicción.
Mientras que en algunos distritos la resolución en primera instancia es relativamente ágil, el retraso en la ejecución de sentencias es un problema recurrente en casi todas las regiones.
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AFP como principales actores en la acumulación de procesos
Uno de los factores que agrava esta situación es el alto porcentaje de litigios en los que el Estado es la parte demandada. Según el informe, el 40% de los procesos laborales tienen como demandado al Estado, y dentro de este grupo, un 30% corresponde a acciones contencioso-administrativas. La complejidad de las normas que regulan el pago de deudas del Estado alarga significativamente los plazos de ejecución, generando un efecto “cascada” que congestiona los juzgados laborales.
Además, un 80% de los casos asignados a los juzgados de paz letrados corresponden a reclamaciones de fondos previsionales gestionados por las AFP. Este volumen adicional de litigios también contribuye a la saturación del sistema. Luis Vinatea explica que la estructura de los procesos de cobro contra las AFP y el Estado suele presentar trabas administrativas que prolongan su ejecución, generando un impacto directo en la acumulación de casos.
La falta de mecanismos ágiles para resolver estos litigios termina por alimentar el cuello de botella en la etapa de ejecución, lo que retrasa la resolución efectiva de las demandas laborales. Según Vinatea, una solución viable sería implementar juzgados de ejecución especializados que puedan tramitar estos casos con mayor eficiencia.
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Menor judicialización en el sector privado
El informe destaca que los trabajadores privados acuden menos al Poder Judicial en comparación con los trabajadores públicos. Mientras que los empleados del sector público generan aproximadamente el 40% de las demandas laborales, representan solo el 20% de la fuerza laboral del país.
Esto sugiere que el sector público enfrenta mayores conflictos laborales, posiblemente debido a estructuras rígidas de contratación, procesos administrativos más complejos y dificultades para ejecutar pagos de beneficios laborales. En contraste, el sector privado tiende a resolver más conflictos por vías extrajudiciales o mediante acuerdos internos, lo que reduce su carga en el sistema judicial.
Luis Vinatea destaca que esta menor judicialización en el sector privado también se debe a la existencia de mecanismos de solución de conflictos más eficientes, como la negociación colectiva y los acuerdos directos entre empleadores y trabajadores.
Esta tendencia sugiere que el sector privado tiene una mayor capacidad para gestionar disputas laborales sin recurrir a la instancia judicial, lo que a largo plazo podría ser un factor clave para la modernización de la justicia laboral en el Perú. No obstante, advierte que si bien estos mecanismos reducen la litigiosidad, es importante reforzar las vías de conciliación para evitar conflictos futuros.
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Los temas más judicializados en el sector privado
Dentro del sector privado, los temas que generan mayor litigiosidad están relacionados con el pago de remuneraciones y beneficios sociales, las impugnaciones de despidos y las indemnizaciones por daños y perjuicios.
Las controversias sobre remuneraciones y beneficios reflejan problemas recurrentes en la liquidación de pagos, gratificaciones, vacaciones y compensaciones por tiempo de servicios, lo que lleva a los trabajadores a buscar justicia a través del sistema judicial.
Los despidos impugnados, por otro lado, muestran la tensión entre empleadores y trabajadores en la aplicación de causales de cese, con una significativa cantidad de demandas buscando reposición en el puesto de trabajo o compensaciones económicas.
Finalmente, las indemnizaciones por daños y perjuicios se presentan con frecuencia en casos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, donde los trabajadores buscan resarcimientos por afectaciones a su salud o seguridad laboral.
El abogado enfatiza que, aunque estas materias son recurrentes en el sector privado, la creciente judicialización de los despidos y los conflictos sobre beneficios sociales reflejan la necesidad de mayor claridad en la legislación laboral. Considera que una reforma en la normativa de despidos podría reducir significativamente el número de casos que llegan a los tribunales.
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Inspecciones de Sunafil
El informe presenta un gráfico que muestra la evolución del número total de inspecciones realizadas por Sunafil en los últimos años. Se observa un incremento progresivo en la cantidad de inspecciones, lo que refleja un mayor control sobre el cumplimiento de normas laborales.
Luis Vinatea señala que la alta carga de inspecciones no siempre se traduce en mejoras reales para los trabajadores, ya que el sistema de fiscalización carece de un mecanismo eficaz de seguimiento y ejecución.
El verdadero reto de Sunafil no es solo aumentar la cantidad de inspecciones, sino también garantizar que las sanciones impuestas sean ejecutadas de manera efectiva y oportuna.
Además, destaca que el diseño de políticas preventivas podría ser una estrategia clave para reducir la cantidad de conflictos laborales antes de que lleguen a la etapa judicial. Propone que Sunafil refuerce su capacidad de conciliación temprana para evitar que las controversias escalen innecesariamente hacia instancias judiciales.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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