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Más formalización y reducir las actividades ilegales son los pendientes más críticos del sector minero en Perú. Desde diciembre, a raíz de los atentados a Minera Poderosa en La Libertad, su necesidad de atención ha crecido. Sin embargo, según constató Gestión, esa urgencia no se ha visto reflejada necesariamente en la asignación de mayores recursos para conseguirlo.
De acuerdo con la información que ofrece Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para 2024 -hasta ahora- el Estado dispone de S/ 20.7 millones (presupuesto institucional modificado - PIM) para labores de formalización minera. En el caso de reducción de minería ilegal, los recursos ascienden a S/ 2.9 millones.
Así, el PIM para la formalización minera este año -a la fecha- es el más bajo desde 2018 (S/ 18.8 millones). En el caso de lo destinado para erradicar la minería ilegal, lo asignado en 2024 se mantiene en lo entregado desde 2021, entre S/ 2 y S/ 3 millones.
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El análisis
Sobre el PIM de casi cerca de S/ 21 millones, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) precisó que dicho monto incluye el saldo de balance del año 2023.
Según informó el Minem a Gestión, la cartera ha optado por realizar transferencias directas a los gobiernos regionales (GORE) para este fin. En total se disponen de S/ 7.5 millones. Desde abril, se han autorizado desembolsos a 13 de los GORE, por S/ 4.3 millones. Vale recordar que son los gobiernos regionales quienes están a cargo del proceso de formalización minera integral.
Si bien entre los GORE a los que ya se autorizó una transferencia está La Libertad, donde se ubica Minera Poderosa, Gestión constató que los S/ 673 mil que el Minem autorizó a inicios de mayo en la Resolución Ministerial 181-2024-MINEM/DM, aún no aparecen en la base de datos de Transparencia Económica.
Para el extitular del Minem, Luis Miguel Incháustegui, es lamentable que, a raíz de constantes ataques que sufre Poderosa, el Estado no disponga de más recursos directos (no transferencias extraordinarias) para la formalización minera, y menos autorice más dinero para combatir la minería ilegal.
“Hay que resaltar esas cifras. El presupuesto ha ido disminuyendo en vez de aumentar. No hay combate sin recursos. Si es por la condición económica, deberían buscar financiamiento o invitar a las empresas a aportar”, refiere.
Como se recuerda, Minera Poderosa sufrió un nuevo atentado a sus operaciones en Pataz la semana pasada, esta vez, a una torre de alta tensión eléctrica. En diciembre fue el más grave: dejó un saldo de nueve fallecidos.
Sobre este último ataque, fuentes de la empresa aclaran que este no paró la producción de su mina, pero tienen claro que el fin de los autores es desplazarlos. “Los perpetradores son mineros ilegales que están coludidos con elementos criminales. Buscan generar terror y tomar control de la zona para reemplazar a las empresas formales como nosotros que trabajamos en Pataz”, afirmaron.
Por ello, exigen que el Estado fortalezca la labor de interdicción para retirar a los mineros ilegales que actualmente trabajan en “sus propiedades”. Al respecto, el Minem indicó a Gestión que los últimos acontecimientos en Pataz en contra de Poderosa corresponden a actos de minería ilegal, por lo que son delito.
“Las acciones de interdicción y control está a cargo de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, por lo que es importante tener en cuenta, las competencias y funciones de las diferentes entidades”, apuntaron. Para ello, un contingente de más de 300 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército permanecen en la zona.
Sin embargo, las fuentes de Poderosa señalaron a Gestión que no hay apoyo permanente. “El sábado tuvimos noticias de que se preparaba otro intento de toma de la misma zona y comunicamos el hecho a la PNP para que tomara acciones, pero no actuaron. No se entiende la falta diligencia en su respuesta frente a estos hechos”, dijeron.
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Nuevo enfoque
El Minem también precisó cuáles son los objetivos de las transferencias extraordinarias para la formalización minera. Estos serían cuatro: evaluación de los instrumentos de gestión ambiental para la formalización; evaluación de requisitos para obtener las autorizaciones; el sistema de ventanilla única; y, la implementación de los servicios de la política nacional.
Sin embargo, para Incháustegui, el problema con ello es que no son metas concretas. “Deberían tener objetivos claros y medibles. En la medida que haya más formalización, se les da más recursos a quienes cumplan su tarea. Es un tema por trabajar”, plantea.
En ese sentido, Incháustegui recalca que la erradicación de la minería ilegal solo será posible con un nuevo proceso de formalización minera, que no dependa de mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia acaba este 31 de diciembre del 2024.
“No hay manera de combatir la minería ilegal si no resolvemos los problemas que ha generado el Reinfo. Es un mecanismo fracasado en la práctica. Al amparo de este, los mineros ilegales se han aprovechado de un manto de impunidad”, reclaman las fuentes vinculadas a Poderosa.
El Minem ratificó la semana pasada en el Congreso que no se extendería más la vigencia del registro. Aparte, según Máximo Lantayo, especialista de la Dirección General de Formalización Minera de la cartera, de los más de 92 mil inscritos en el Reinfo, se espera que solo 22,500 culminen su formalización al cierre del 2024.
El Minem aclaró a Gestión que La Libertad es la sexta región con más inscritos en el Reinfo, de los cuales el 67% está suspendido. Pataz y Santiago de Chuco concentran el 62% de los inscritos totales. De estos, solo 297 se han formalizado con el Reinfo.
Pedido de facultades
En el último pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo, el Gobierno plantea que el Minem tenga, de manera temporal, a su cargo el proceso de formalización minera. Esta solicitud aún debe ser evaluada por la Comisión de Constitución.
También proponen crear un único proceso de formalización que transparente y sistematice la información de los sujetos, autorizaciones y plantas de beneficio; promocione la asociatividad minera, la comercialización que permita la trazabilidad de los minerales que provengan de esta actividad; y establecer una regulación específica para Madre de Dios.
Para Incháustegui, si bien los planteamientos son positivos, habrá que ver la celeridad con la que se concretan. “Cuánto más rápido se formalicen los mineros artesanales, más rápido se combatirá a los ilegales. Necesitamos un nuevo proceso, que rectifique las malas experiencias del pasado”, explica el ex ministro.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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