Presupuesto 2025 llega con “récord” de disposiciones complementarias, los cambios

Es importante resaltar que el Congreso tiene la función de revisar que la propuesta del Ejecutivo se alinee a las necesidades de los ciudadanos; sin embargo, se ha registrado un grave desbalance entre los poderes del Estado en favor del Legislativo.

Esto se hace evidente al observar que el número de proyectos de ley aprobados por insistencia ha aumentado considerablemente (de 8% en 2021 a 20% en 2024), lo que refleja la vulneración de parte del Congreso de las atribuciones del Ejecutivo. Actitud probablemente incentivada por la polémica interpretación del Tribunal Constitucional respecto a la iniciativa de gasto de los legisladores.

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Este desequilibrio ha generado que el Congreso, por ejemplo, se haya tomado la facultad de aumentar su presupuesto en 67% más de lo planteado por el Ejecutivo. Esto equivale a S/ 566 millones, de los cuales, S/ 272 millones son para sueldos. Así, el presupuesto aprobado para el Congreso el próximo año asciende a S/ 1,412 millones; un presupuesto mayor al aprobado para los gobiernos regionales de Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Tacna, Pasco y Huancavelica.

A nivel nacional, los pliegos más favorecidos –además del mismo Congreso– de la discusión y negociación en el Congreso han sido: el Ministerio del Interior (Mininter), que aumentó su presupuesto en 8.6% y el Ministerio de Defensa (Mindef) que lo hizo en 5.4%. Además, el Ministerio de Salud (Minsa) se vio también favorecido con un incremento del 2%.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) vieron reducidos sus presupuestos finalmente aprobados, respecto a lo originalmente planteado por el ejecutivo en 1.9% y 1.4% respectivamente. Situación increíble cuando estamos en plena crisis de estrés hídrico por falta de infraestructura.

En cuanto al presupuesto asignado a los gobiernos regionales, se evidencian cambios en 7 de los 26 gobiernos regionales. Los principales cambios, se dieron en La Libertad y Pasco, quienes fueron favorecidos con incrementos de más de S/ 35 millones con respecto a la propuesta del Ejecutivo, mientras que Piura y Huancavelica fueron los más perjudicados con una reducción de S/ 20 millones y S/ 63.8 millones, respectivamente.

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Gasto corriente al alza

El desproporcionado nivel de influencia del Congreso en el debate presupuestario se evidencia también en la cantidad de disposiciones complementarias aprobadas. Mientras que el proyecto original contaba de 57 disposiciones complementarias finales, la Ley finalmente publicada cuenta con 177 disposiciones complementarias finales; de lejos el mayor número aprobado desde por lo menos 2015.

Como muestran los ejemplos detallados a continuación varias de estas 120 disposiciones complementarias finales (DCF), incorporadas por el Congreso, están directamente asociadas con incrementos salariales o nombramientos de personal.

Por ejemplo, se faculta al Ministerio de Salud y sus organismos públicos a efectuar modificaciones presupuestarias por S/ 6.9 millones con el fin de cumplir con el nombramiento del 50% de su personal. Esto se hará con cargo a la reserva de contingencia, fuente que debería ser utilizada para gastos no previstos o emergencias y no para gastos corrientes, que además serán permanentes.

Igualmente se exceptúa al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales de la prohibición de incremento de remuneraciones, para que en marzo del 2025 les asignen una remuneración de S/ 2,945 a los auxiliares de educación nombrados y contratados en el marco de la Ley de Reforma Magisterial (Ley N° 29944).

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Respeto a bonificaciones, se aprueba un bono excepcional y por única vez para el personal de los Decretos Legislativos Nº 276, Nº 728 y Nº 1057; el personal médico y otros profesionales de la salud del Ministerio Público. También, se otorga una bonificación extraordinaria para el personal del Poder Judicial, Instituto Nacional Penitenciario y Ministerio Público.

Además, el personal en actividad del Servicio Diplomático de la República del Ministerio de Relaciones Exteriores en los niveles D y E recibirá una bonificación por trabajo efectivo.

En el Poder Judicial, al igual que en las otras instituciones mencionadas, los jueces supremos titulares e integrantes del Consejo Ejecutivo Poder Judicial recibirán una bonificación adicional.

Finalmente, se autoriza el otorgamiento de una bonificación extraordinaria, por única vez, de S/ 1,000 para el personal del Despacho Presidencial comprendido bajo los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276 y N° 1057 y, se autoriza a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a realizar transferencias de partidas a favor de las entidades administradoras del Decreto Ley Nº 20530, para el pago en la pensión, de la bonificación del Fondo Nacional de Ahorro Público (FONAHPU).

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Estos incrementos en la planilla del Estado tendrán un impacto no solo en el presupuesto de este año; sino que generarán presiones de gasto para los años futuros. Al respecto cabe mencionar que la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” ha pasado de S/ 51.6 mil millones en 2021 a S/ 83.7 mil millones para lo aprobado en 2025; un crecimiento de 62% en apenas 4 años.

Lo más grave es que continúa la creencia que más presupuesto solucionará los problemas que enfrentan los peruanos. Durante por los menos los últimos 10 años, si bien el presupuesto ha crecido significativamente, este crecimiento no se ha visto reflejado en una mejor calidad de vida de la población. En la práctica no hay una relación entre el presupuesto y el impacto que este genera.

Así mientras que el presupuesto total pasó de S/ 130 mil millones en 2015 a los S/ 251 mil millones recientemente aprobados; indicadores como anemia en niños menores de 3 años, acceso a agua las 24 horas, nivel de aprendizajes permanecen estancados, persistiendo así importantes brechas sociales. Esto es el caldo de cultivo para una sociedad más alienada con la autoridad ante la ausencia de servicios básicos de calidad.

Presupuesto desfinanciado e inconstitucional

Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto

La ley de presupuesto del sector público es la legislación anual más importante que se aprueba en el país. Brinda el marco de financiamiento para el adecuado funcionamiento del Estado y es el principal vehículo para que el Gobierno de turno materialice sus prioridades políticas.

En el reciente debate de esta Ley, los roles diferenciados por la Constitución entre los poderes del Estado se han visto vulnerados. Esto se verifica ante la inclusión de 120 disposiciones sin contar con los recursos disponibles.

Peor aún, el gasto corriente se incrementará mucho más de lo que reflejan los agregados publicados, al no reflejar la imposición de nuevas escalas remunerativas, bonificaciones y nombramientos. El propio ministro Arista advirtió durante su intervención en el pleno presiones de gasto de más de S/ 20,000 millones, monto que duplica el aumento presupuestario planteado.

Este desenlace confirma la victoria aplastante de los políticos sobre los técnicos y sucede cuando el Tribunal Constitucional nuevamente ratifica su irresponsable interpretación que el Congreso tendría iniciativa de gasto.