El Congreso aprobó el presupuesto público para el 2025 el 30 de noviembre. Fue el 11 de diciembre que el Gobierno promulgó la ley respectiva para oficializarlo.
El Congreso aprobó el presupuesto público para el 2025 el 30 de noviembre. Fue el 11 de diciembre que el Gobierno promulgó la ley respectiva para oficializarlo.

El realizó diferentes observaciones sobre el , que fue recientemente aprobado por el Congreso y oficializado por el Poder Ejecutivo. Apuntaron que los recursos estatales, para el próximo año, no “estarían, efectivamente, equilibrados, como lo exige la Constitución”.

En un comunicado difundido este viernes 20 de diciembre, el CF explicó que el Poder Ejecutivo, desde un inicio, presentó en agosto una propuesta de presupuesto que no era consistente con la real capacidad de generar ingresos fiscales y con las metas de endeudamiento expresadas en el vigente.

“Posteriormente, durante el proceso de debate y aprobación en el Congreso de la República, se realizó una recomposición de la asignación presupuestal que incrementa la rigidez fiscal al continuar, entre otros, priorizando el gasto en remuneraciones en detrimento de la inversión pública”, agregó el CF.

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Inconsistencias y riesgos

El CF apuntó que, en primera instancia, la propuesta del Ejecutivo para el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2025 debió ser “más austera”, considerando que arrastra los errores de proyección de los ingresos del 2024 que se usaron de base para la formulación de este año.

Cabe indicar que, para el 2024, los ingresos del Gobierno General habrían sido aproximadamente S/ 14 mil millones menores a los originalmente proyectados. El no corregir dicha sobreestimación de ingresos al formular el PIA 2025 constituye una fuente adicional de riesgos fiscales en la medida que el presupuesto autorice gastos que no cuenten con financiamiento”, advirtieron.

. Para el CF, ampliar su crecimiento en S/ 3.7 mil millones, que supera a lo estimado en remuneraciones por el MMM (S/ 2.2 mil millones), es inconsistente con el objetivo de consolidación y responsabilidad fiscal”.

El CF recordó que esto preocupa aún más si se toma en cuenta que este tipo de gasto ya ha registrado incrementos históricamente altos en el 2023 (S/ 7 mil millones) y en el 2024 (estimado en S/ 5.9 mil millones).

La entidad también alzó su voz de protesta porque el presupuesto público 2025 incorpora 120 disposiciones complementarias finales adicionales a lo que se establecía en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, lo que sería el mayor número desde al menos el 2009.

“De acuerdo con el análisis de la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal por lo menos 102 de estas disposiciones generan nuevas obligaciones de gasto (en materia remunerativa, de compras públicas, inversiones y creación de unidades ejecutoras), y la mayoría (65 disposiciones) no cuentan con una cuantificación de su costo fiscal”, recalcaron.

El CF sostuvo también que otra fuente importante de gastos adicionales a los previstos en el PIA 2025, pero que han sido aprobados en conjunto con la ley de presupuesto, son las autorizaciones para concertar deudas con el por más de S/ 12 mil millones para el financiamiento de diversos proyectos, principalmente para el sector Defensa.

“La incorporación de dichos recursos en el presupuesto se haría recién cuando se firmen los convenios de financiamiento autorizados por la Ley de Endeudamiento, lo cual implica que potencialmente el presupuesto puede incrementarse, por este único factor, hasta en 1.1 puntos porcentuales del PBI (5% del PIA) mediante los créditos suplementarios que se aprueben al amparo de esta autorización”, calcularon.

Finalmente, el CF también alertó de una “flexibilización de los requisitos para que los gobiernos subnacionales puedan exonerarse del cumplimiento de las reglas fiscales”. Al respecto, la entidad reiteró que no debería vincularse el cumplimiento de las reglas fiscales a la obtención de calificaciones crediticias, pues estás responden a su valoración de capacidad de pago, no de sostenibilidad fiscal.

Ello hubiese evitado que la continúe en una senda de sobreendeudamiento que afecte la sostenibilidad de sus finanzas y la adecuada prestación de servicios públicos. “No obstante con la norma aprobada, la MML puede continuar endeudándose sin límite”, aseguraron.

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¿Inconstitucional?

Para el CF, es importante destacar que las iniciativas de gasto introducidas por el Congreso de la República en la Ley de Presupuesto 2025 podrían ser inconstitucionales aún bajo la reciente interpretación del

Recientemente, indicó la entidad, el TC resaltó que las iniciativas parlamentarias que incidan en el gasto público “deben coordinarse con el Poder Ejecutivo en ejercicio del deber de cooperación”.

Por ello, manifestaron que ven importante formalizar, a través de una norma, los mecanismos que garanticen que en dicha coordinación se cuente con la aceptación explícita por parte del Poder Ejecutivo, pues dicho poder del Estado es el responsable exclusivo de administrar la hacienda pública.

“Esto le abre al Ejecutivo una vía para iniciar demandas de inconstitucionalidad en resguardo del balance presupuestario y la sostenibilidad fiscal”, agregaron.

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