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Finalmente, luego de 11 días desde que se aprobó su autógrafa, la ley de presupuesto público 2025 fue publicado. En general, los recursos totales del Estado peruano para el próximo año ascenderán a más de S/251,801 millones, de acuerdo con la Ley 32185. Esto representa un crecimiento de 4.57% respecto al presupuesto aprobado inicialmente para el 2024.
Uno de los principales cambios responde a un hecho que Gestión ya había advertido: los gastos corrientes, que en el proyecto de ley original ascendían a S/ 100,161 millones, sufrieron un incremento de más de S/ 1,814 millones hasta la norma final.
Sin embargo, no es lo único llamativo. Expertos explican a este Diario que, si bien no se alteró el tope presupuestal general, sí se realizaron variaciones en demérito de algunos sectores que inicialmente contaban con más recursos disponibles. Uno que otro “viso de inconstitucionalidad” también estaría presente.
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Reasignaciones
La primera versión del presupuesto público 2025 la dio a conocer el Poder Ejecutivo cuando presentó el proyecto de ley 08758 el 29 de agosto de este año. De esa versión a la ley aprobada hay ciertas variaciones entre cada sector para los que se reparten los S/251,801 millones totales.
Gestión revisó que, de las 25 funciones que componen los recursos del Estado, 17 sufrieron cambios en su presupuesto final en la ley aprobada respecto a la iniciativa legislativa original. Vale precisar que este cotejo se hizo con los anexos de autógrafa aprobada, a falta de que se publiquen los anexos de la Ley 32185.
Precisamente es la función congresal –o legislativa- a la que mayores recursos se le agregaron. Pasó de tener asignados poco más de S/ 822 millones en el proyecto de ley original a superar los S/ 1,375 millones en la Ley 32185. El incremento de su presupuesto es de casi 70%.
Otra función estatal que sufrió un impulso parecido es orden público y seguridad. En el proyecto de ley del Ejecutivo tenía asignados alrededor de S/ 15,531 millones. Sin embargo, en la norma final que oficializa el presupuesto público 2025 superó los S/ 16,356 millones.
En el lado contrario, los sectores saneamiento y educación son los rubros que recibieron recortes en mayor proporción durante el trámite legislativo de la elaboración de su presupuesto del próximo año.
La disminución más fuerte ha sido para la función educación. Tenía más de S/ 49,611 millones asignados para los tres niveles de gobierno en la iniciativa legislativa inicial. Sin embargo, en la versión final de la ley sus recursos bajaron a cerca de S/ 48,412 millones. Esto es una reducción de casi S/1,200 millones.
En el caso de saneamiento, uno de los sectores donde existe mayor brecha de acceso en el Perú, contaba con alrededor de S/ 7,043 millones asignados en el proyecto de ley que ingresó al Congreso en agosto. En la Ley 32185, se determinó que, finalmente, tenga poco más de S/ 6,164 millones disponibles. Esto es casi S/ 880 millones menos.
Al respecto, Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, precisó que las reducciones e incrementos por funciones llaman la atención sobre todo porque están vinculadas a la expansión del gasto corriente.
“Lo que inicialmente se pensaba dedicar a inversión en infraestructura, por ejemplo en educación, ha pasado a estar destinado a remuneración a profesores. No basta solo con decir que destinarán más recursos a un sector. Si van a aumentar los sueldos a profesores, puede ser, pero deberían ir sujeto a estándares, a mejoras en el servicio. Hoy es un aumento ciego”, refirió.
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Otros cambios
Como Gestión contó, solo un día antes de que se publicará la ley oficial del presupuesto público 2025, entre el proyecto de ley original y la autógrafa que dio forma a la norma final se efectuó una reducción de S/1,814 millones destinados a las inversiones del Estado.
Estos recursos estaban originalmente destinados al financiamiento de obras públicas, sobre todo educativas, en gobiernos subnacionales. Ahora, viraron a remuneraciones. Se incrementaron S/1,455 millones en este frente. Ambas figuras quedaron finalmente validadas en el presupuesto público final.
Al respecto, Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, se mostró preocupado por el significado de este desbalance en el presupuesto estatal, ya que iría en contra de la Constitución, al no estar precisado explícitamente cómo se financiarán dichos aumentos.
“También preocupa el aumento en salarios a policías y militares, ya que no se dice de dónde saldrá el dinero. Eso implicaría tener un presupuesto desequilibrado, lo cual sería inconstitucional”, indicó el también expresidente del Consejo Fiscal.
El sustento de lo afirmado por el ex ministro está vinculado al artículo 81 de la Constitución, que dice textualmente que “el presupuesto debe ser equilibrado”. “El gasto que demande su ejecución no puede exceder el monto calculado para los ingresos”, complementa.
Otro aspecto que también sería inconstitucional, agregó el ex ministro, es que en una de sus disposiciones finales, la ley de presupuesto del 2025 extiende el fraccionamiento especial del Decreto Legislativo 1634 hasta el 28 de febrero del próximo año.
Oliva recordó que el artículo 74 de la Constitución dice textualmente que “las leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria”, por lo que la prórroga contenida en la Ley 32185 no sería, estrictamente, legal.
Sobre estos puntos, Odar coincidió con el ex titular del MEF y recalcó que estas decisiones presupuestarias viene siendo una postura del Gobierno, incluso desde el armado del presupuesto público 2024, por tomar con demasiada ligereza las proyecciones de ingresos respecto al gasto corriente.
“Típicamente el Perú tiene déficit fiscal, pero lo que está pasando en este gobierno es que el déficit está bastante por encima de la meta prevista. Eso es un riesgo porque se están tomando supuestos exageradamente optimistas. El ajuste necesario se sigue postergando”, comentó.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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