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El reciente estallido de protestas trajo consigo una discusión paralela: el rol político de los prefectos y subprefectos a nivel nacional. Cuando era ministro de Defensa, el ahora premier Alberto Otárola aseguró que los cesarían porque habían contribuido “a la desestabilización de las regiones” desde su posición.
Por otro lado, un proyecto de ley que busca eliminarlos ha avanzado en el Congreso. Uno de los argumentos que esgrime es que estos funcionarios generan un gasto injustificado al erario público. Ex ministros del Interior –y otras autoridades de la cartera– coinciden en que ya no son necesarios.
Por eso, resulta sumamente cuestionable la decisión que tomó el gobierno de Pedro Castillo de aumentar los recursos asignados a prefectos y subprefectos. Antes de que cayera por dar un autogolpe de Estado, el expresidente logró incluir en el presupuesto de este año una cifra récord para esos empleados públicos. Gestión la revela.
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Cargos desfasados
Los prefectos y subprefectos forman parte del grupo de “autoridades políticas designadas” por el Ministerio del Interior (Mininter), junto a los tenientes gobernadores, según la ley de organización y funciones de la cartera, dentro de la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN). Sus tareas son representar al Poder Ejecutivo en sus jurisdicciones, brindar garantías personales a personas amenazadas, autorizar eventos masivos y ocuparse de los bienes públicos no entregados o recogidos de rifas y colectas públicas.
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Gestión revisó la ejecución del gasto del Mininter para saber cuánto dinero del presupuesto público recae en estas figuras. El portal de Transparencia del Ministerio de Economía (MEF) revela que se asignaron S/ 77,419,237 a la categoría presupuestal “autoridades políticas” para este 2023.
Esta cifra es la más alta en, por lo menos, los últimos siete años. En dicho periodo, los recursos destinados a estos funcionarios nunca superaron los S/ 65 millones. El año pasado, por dar un ejemplo, se gastaron S/ 15 millones menos que el monto que el gobierno de Castillo metió en el presupuesto del 2023. Dicho aumento se incluyó en el proyecto de presupuesto público –una de las últimas propuestas del gobierno del profesor chotano– que fue aprobado por el Congreso el 30 de noviembre.
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Pero eso no es lo único que otorgó Pedro Castillo a estas autoridades durante su estancia en el poder. En 2022 se destinaron S/ 1,546,831 de las arcas del Mininter para adquirir hardware en todas las prefecturas regionales y subprefecturas a nivel nacional.
Específicamente, eran 540 las computadoras en las oficinas de estos funcionarios que estaban consideradas obsoletas a nivel tecnológico, según la descripción técnica de la compra, que este diario revisó. Desde el 2017, no se habían producido inversiones similares.
Para el ex jefe del gabinete de asesores del Mininter Leonardo Caparrós estas inversiones son prueba de que Castillo buscaba sostener a estas ‘autoridades políticas’. “Es una clara intención de mantener esa institución en el gobierno. Veo un ánimo de fortalecer, aunque sea una institución precaria”, afirma.
“Es una gota de agua dentro del (presupuesto del) Ministerio del Interior, pero (es una cartera en la que) se necesitan muchas cosas. Cualquier tema vinculado a seguridad sería un mejor uso (para esos fondos)”, considera Carlos Basombrío, ex ministro del sector, sobre este aumento presupuestal para prefectos y subprefectos.
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Concursos y regalos
La función más problemática de los prefectos y subprefectos es el manejo de bienes de concursos públicos, que son usados para generar redes clientelares y manejar apoyos políticos. “Los bienes son entregados a la DGIN. Es ahí donde se reasignan a pedido de los prefectos para su región o municipio como donación”, explica Caparrós.
Estos premios pueden ser televisores, bicicletas o computadoras, según Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública en el despacho del Interior. Los prefectos buscan darles un uso a estos bienes. “Hubo denuncias de entrega de presentes y obsequios a ciudadanos con afán de ganar su respaldo. Son fuentes de corruptela. Colocaban multas por actividad comercial sin la autorización de la DGIN y que luego servían para subvencionar a las organizaciones políticas en el poder”, recuerda Walter Albán, ex ministro del Mininter, de su paso por la cartera.
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Del grupo de “autoridades políticas designadas” del ministerio, solo los tenientes gobernadores no reciben un sol del Estado, ya que trabajan ad honorem. Aunque, según Caparrós, tienen oficinas, por lo que dentro de esos S/ 77 millones asignados para el 2023 también estarían sus costos de mantenimiento, como luz y agua.
En cambio, un prefecto regional gana S/3,554.87, mientras que un subprefecto provincial recibe S/3,254.87. Los subprefectos distritales, la escala más baja, perciben un sueldo de S/2,954.87. Dentro de esos salarios, reciben S/ 1,560 del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), un beneficio que corresponde a todos empleados estatales incorporados al régimen 276 gracias a una norma aprobada en 2019, durante la presidencia de Martín Vizcarra.
Según cifras difundidas a finales del año pasado, la DGIN del Mininter tiene 26 prefecturas regionales en todo el país, 186 subprefecturas provinciales y 1,396 subprefecturas distritales. Estas últimas son apoyadas por más de 158,000 tenientes gobernadores.
Reemplazables
Los prefectos y subprefectos existen casi desde el inicio de la República. El problema –y la razón principal por la que el Congreso busca eliminarlos– es que sus tareas podrían ser (o ya han sido) reemplazadas por otras entidades.
“Se justificaban antes de la descentralización. Con ella, no tiene sentido mantenerlos. Los gobernadores regionales deberían tener más importancia y asumir sus funciones. El otorgamiento de garantías debería asumirlo la Policía Nacional”, considera Ricardo Valdés. “En el caso de promociones comerciales y rifas se entendía antes porque no había una entidad encargada, pero ya la hay: Indecopi”, agrega el ex ministro Walter Albán.
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Para el ex ministro Carlos Basombrío, su existencia ya no tiene razón de ser más allá de lo político: “Es una organización obsoleta que sirve de botín para los partidos, en el caso del partido de gobierno, para poner gente vinculada al Movadef, lo que le da un tono más siniestro a toda esta historia”.
El 42.5% de los prefectos y subprefectos nombrados entre febrero y septiembre del 2022 eran militantes de Perú Libre y 16 aparecían en el padrón de adherentes del Movadef, de acuerdo al proyecto de ley que espera ser debatido en el Congreso.
Proyecto que propone eliminar prefectos sigue en espera
El proyecto de ley N° 028882, que dispone la eliminación de los cargos de prefectos regionales, subprefectos provinciales y subprefectos distritales todavía se encuentra a la espera de ser agendado en el Pleno del Congreso, de acuerdo a su expediente.
La iniciativa legislativa vio la luz antes del estallido social en el que se vinculó a estos funcionarios designados por el Mininter con hechos de violencia. Nilza Chacón, congresista fujimorista, lo había presentado a finales de agosto del 2022.
Un dictamen favorable fue aprobado en la Comisión de Descentralización a mediados de noviembre. Desde entonces, no ha sido puesto a debate en el hemiciclo. Diana Gonzáles, presidenta del grupo parlamentario, precisó a Gestión que buscará la priorización de la iniciativa antes que acabe esta legislatura, el 31 de enero.
Cabe precisar que no sería la primera vez que se eliminarían estos cargos. En el 2006, el gobierno de Alan García lo hizo. “Fueron restituidos en el gobierno del presidente Humala, mediante la creación de la Oficina Nacional de Gobierno Interior. Creo que fue una decisión equivocada”, sostiene Walter Albán, ex ministro del Interior.
CLAVES:
- PURGA. Hasta finales de diciembre, el gobierno de Dina Boluarte había destituido a 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país.
- LAS ZONAS. Los principales departamentos donde se retiraron a estos funcionarios fueron Ayacucho (46), San Martín (34), Junín (33), Puno (31) y Cajamarca (19).
- OFICIALIZACIÓN. Estos ceses se concretaron mediante resoluciones supremas, firmadas por la presidenta Dina Boluarte, y resoluciones directorales, firmadas por Benigna Aguilar, directora de la Dirección General de Gobierno Interior.
