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Tras los sucesos de las últimas semanas, es probable que Pedro Castillo sea el siguiente presidente del Perú. Pese a que su plan de gobierno no detalla qué medidas laborales busca imponer en un eventual gobierno suyo, el candidato ha señalado que ve a Bolivia como un ejemplo a seguir, y el mismo Evo Morales declaró que Castillo ganó con su “propuesta”. Entonces, ¿qué podemos esperar en un futuro gobierno del candidato de Perú Libre?
Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, señala que, en base a las experiencias bolivianas y venezolanas, se prevén dos posibles escenarios de la evolución de la legislación laboral, uno en un caso moderado, y otro en un caso extremo (ver tabla).
En un escenario moderado se podrían ver más dificultades para despedir al personal, al imponer nuevas restricciones en estos supuestos, reducciones de jornadas de trabajo, limitación a los contratos de plazo fijo, una elevación de la indemnización por despido, entre otras medidas. Es decir, un Estado altamente proteccionista.
Por otro lado, en un gobierno más radical, se podría ver la prohibición absoluta de los contratos a plazo fijo, despidos que solo sean posibles mediante autorizaciones judiciales, aun si tienen causal, aumentos obligatorios en los salarios de los trabajadores, una igualdad plena salarial e, inclusive, se podría prohibir a empresas cerrar, como se vio en Venezuela.
Caso Bolivia
Pablo Carrasco, director general del estudio Carrasco, de Bolivia, señala que, en su país, el derecho laboral se define en base a movimientos sociales instigados por los trabajadores.
Carrasco indica que desde que comenzó el gobierno de Evo Morales, las políticas laborales, así como los ministros del Ministerio del Trabajo, son fijados por los sindicatos, habiéndose dejado de lado al empleador y así eliminando el diálogo tripartito.
Esto ha llevado a medidas como la eliminación de la desvinculación laboral, un incremento salarial extremadamente alto y la imprescriptibilidad de los derechos laborales, entre otros.
Además, indica que existe un “proteccionismo pleno”, donde el 99% de los reclamos laborales fallan a favor del trabajador.
Caso Venezuela
Por su parte, César Carballo, abogado laboralista de Venezuela, señala que en su país los cambios fueron mucho más drásticos.
“El Gobierno no es imparcial. Abiertamente, el Gobierno dice que quiere reducir la importancia del sector privado y se fueron expropiando empresas poco a poco”, explica Carballo.
El especialista agrega que la situación, sin embargo, no ha mejorado para los trabajadores.
“Se ha demolido la institución del sindicato. El Gobierno intercede en ellos y se controlan sus elecciones internas. Si un sindicato no realiza su elección a tiempo está en “mora electoral”, , cuando tienen dicha condición, no pueden ejercer acciones colectivas, quedan cuadripléjicas”, señala Carballo, quien agrega que en el 2018 el 60% de sindicatos se encontraban en mora electoral.
Además, indica que un empleador no puede cerrar su empresa si así lo desea. Si lo intenta, se le obliga a reabrir, de lo contrario puede ser operada sin su presencia.
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EN CORTO
Entendimiento. Jorge Toyama, Pablo Carrasco y César Carballo coinciden en que lo más importante para una empresa hoy en día es fomentar las buenas relaciones entre empleador y trabajador, tener lazos estrechos con los sindicatos y fomentar una cultura de pertenencia en la empresa. Plantean que se busque crear ambientes en los que se pueda trabajar.