Únete al canal de Gestión
La masacre de nueve trabajadores de minera Poderosa, en Pataz (La Libertad) al parecer ya se veía venir, pues la empresa señala que tuvo hasta 40 reuniones con autoridades en los últimos tres años, alertando de la inminencia de este desenlace fatal que finalmente ocurrió el último sábado.
Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la compañía, indicó que la mitad de esas reuniones la sostuvieron en los últimos tres meses alertando de esta situación de violencia (que involucra a mineros ilegales), pues está ya había causado la muerte de siete colaboradores de la empresa en los últimos dos años.
“Los sucesos en Pataz no han ocurrido de manera aislada, sino que son un espiral de deterioro de las condiciones de seguridad en la zona por el crecimiento exponencial de la minería ilegal y el divorcio entre esta y grupos criminales que se han establecido con notoria presencia”, citó De la Flor durante una conferencia de prensa que dio al lado de representantes de otros gremios empresariales, en la que abordaron este tema.
Explicó que los criminales -causantes de esta masacre- fueron traídos por mineros ilegales para que les dieran protección en su disputa con otros mineros que también operan al margen de la ley, pero finalmente los primeros han terminado ejerciendo el control de buena parte de la extracción ilícita de oro en la zona, de operaciones de Poderosa.
LEA TAMBIÉN: Se gastó más del 80% de recursos contra la inseguridad, pero falta estrategia clara.
Aún no pueden intervenir a operadores ilegales
El ejecutivo advirtió que, de poco o nada sirve tener a la Policía Nacional del Perú (destacada), porque ésta aún hoy no puede intervenir a los mineros ilegales que actúan en la zona, a pesar de que su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), del cual se amparan para extraer oro de esa mina, está suspendido.
En general, advirtió que, del total de 87,000 registros que tiene el Reinfo a nivel nacional, más del 70% están suspendidos por incumplimientos (a los procedimientos para la formalización), y que el 90% corresponde a mineros que operan en propiedad de terceros.
LEA TAMBIÉN: Poderosa: En los últimos tres años ha salido de Pataz US$ 2,500 millones de mineral ilegal.
Tres medidas urgentes
En tal sentido, de la Flor reclamó se que se necesita que el Gobierno adopte tres medidas urgentes, la primera, reforzar la presencia de las fuerzas policiales, prorrogar el estado de emergencia y en tercer lugar, disponer el despliegue de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la zona, dado que la PNP no se da abasto “y difícilmente lo hará por la naturaleza del desafío”.
“De poco o nada sirve tener a la Policía, si no puede interdictar las operaciones ilegales. Los policías cuando intentan entrar a la bocamina de los ilegales (éstos) sacan un papel del Reinfo y no pueden intervenir, el registro les da impunidad, y eso se debe acabar”, invocó.
Reinfo, “manto de protección a ilegales”
El ejecutivo insistió en que se debe poner fin a la vigencia del Reinfo, en vista que, reclamó, se ha convertido en el manto de protección de la ilegalidad. Recordó que hay tres proyectos de ley para extender la vigencia de ese registro en el Congreso de la República.
Otro tema de preocupación remarcó De la Flor, es la facilidad con la cual los ilegales pueden comercializar explosivos, pues a estos les toma tres días conseguir (se les venda) explosivos, cuando a un formal le toma tres meses (obtener el permiso) en Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Así las cosas, refirió que los mineros ilegales resultan teniendo polvorines más grandes que la propia empresa minera, señalando que hay un “trasvase” de explosivos legales que alimentan estas actividades ilícitas.
LEA TAMBIÉN: Reinfo fue un “fracaso” en su proceso de formalización minera, señalan expertos.
Plantas formales también involucradas
El representante de la compañía invocó también al Estado a seguir esta cadena ilegal, para determinar quién compra y vende el oro obtenido al margen de la ley.
Explicó que han identificado 48 plantas de procesamiento de oro en inmediaciones de la mina, pero denunció que también hay plantas que, siendo formales, procesan mineral de dudosa procedencia.
“No es difícil supervisarlos, no es imposible rastrear el origen de ese mineral que es ilícito y que ahora está manchado de sangre”, aseveró.
