Las demoras procesales son un problema recurrente en el sistema judicial peruano, afectando tanto a ciudadanos como a empresas. Mediante diversas sentencias del Tribunal Constitucional (TC), se evidenció cómo los largos tiempos de espera en los trámites judiciales pueden comprometer derechos fundamentales, como la propiedad y el debido proceso.
Es más, casos recientes mostraron cómo estas demoras generaron situaciones de irreparabilidad, donde las violaciones de derechos ya no pueden ser revertidas, a pesar de fallos favorables.
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Casos
Uno de los principales problemas observados es la falta de celeridad en la resoluciones. Un caso fue un proceso de vulneración del derecho de propiedad por la construcción de una obra pública que no tuvo la adecuada compensación y tardó varios años en ser resuelto (TC-03258-2010). A pesar de que el Tribunal Constitucional falló a favor del demandante, la obra ya se había completado, resultando imposible la restitución de su derecho afectado. Aunque se reconoció una indemnización, el daño en sí ya era irreparable.
Otro caso de demora procesal consistió en un procedimiento coactivo en el que se solicitaba la suspensión de la demolición de un establecimiento (TC-603-2004). Se inició un recurso legal en busca de frenar la acción, pero las instalaciones fueron destruidas previo a la resolución del caso en las instancias judiciales. Nuevamente, el Tribunal Constitucional reconoció la vulneración del derecho al debido proceso, aunque la intervención llegó demasiado tarde para evitar la demolición.
Recientemente, se tuvo una fuerte reacción pública relacionada a la programación de audiencias judiciales: se fijó el inicio de un juicio oral para el año 2037. Esta demora fue percibida como una falla significativa del sistema judicial para gestionar los casos de manera oportuna. Si bien la fecha fue reprogramada, la situación más que evidenció la falta de eficiencia en la administración de justicia y su afectación en la confianza del sistema.
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Posibles causas
Manuel Villa-García, socio del Estudio Olaechea, explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que deben haber 20 jueces supremos en la Corte Suprema, pero actualmente hay 54. Este exceso de jueces supremos finalmente termina generando un caos. La provisionalidad de los jueces empieza en la Corte Suprema y se extiende a todo el sistema judicial, provocando retrasos significativos. Un expediente en la Corte Suprema puede demorar entre dos y tres años en resolverse.
“Si la cabeza está mal, lo de abajo también lo estará”, señaló Villa-García, refiriéndose a la Corte Suprema.
Destacó que la provisionalidad genera una cadena de retrasos en todo el sistema judicial. Villa-García explicó que, cuando se llama a jueces superiores para integrar la Corte Suprema, se dejan plazas vacías en las Cortes Superiores, que a su vez deben ser llenadas por jueces de primera instancia.
Esta situación afecta a los 33 distritos judiciales del Perú, exacerbando los problemas de carga procesal y generando retrasos. Cada año, se generan más de 200,000 nuevos expedientes, lo que agrava el panorama.
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Presupuesto y personal como factor fundamental
A su turno, Ana María Arrarte, socia del Estudio Echecopar, enfatizó que el presupuesto es una limitante crucial para abordar las demoras procesales en el sistema judicial peruano. A pesar de la necesidad evidente de un mayor presupuesto para el Poder Judicial, señaló que el problema, incluso, va más allá de aumentar los fondos disponibles: también se requiere un uso correcto.
La abogada mencionó que existen órganos jurisdiccionales que carecen de suministros esenciales, como papel para imprimir, personal suficiente para atender a los usuarios o notificar resoluciones judiciales. Incluso, se apunta a la necesidad de espacios adecuados para operar. Estos problemas son evidentes hasta en Lima, la capital del país, pero la realidad es más crítica en otras regiones.
Además de un aumento de recursos financieros, Arrarte señaló que es necesario contar con más jueces titulares y personal de apoyo calificado. Esto implica un proceso de selección riguroso, con filtros académicos, profesionales y éticos para asegurar que el nuevo personal cumpla con los estándares necesarios. La falta de recursos y personal adecuado no solo retrasa la tramitación de los casos, sino que también afecta la calidad de la justicia impartida.
Para ilustrar la magnitud del problema, Arrarte mencionó que el Poder Judicial estimó, en el Plan de Descarga del Poder Judicial 2025 - 2026, el costo necesario para aliviar su carga mediante la creación de más órganos jurisdiccionales. Para el 2025, por ejemplo, se estimó que se requerirían más de S/ 931 millones para la creación de estos nuevos órganos y un presupuesto adicional de S/ 705.5 millones destinado a asegurar la continuidad de estas mejoras. Estas cifras reflejan la necesidad urgente de una inversión significativa para mejorar la infraestructura y los recursos del sistema judicial peruano.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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