Foto: GEC
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Este martes 7 de junio, la Tercera Sala Constitucional de Lima resolverá el recurso de apelación presentado por 18 empresas industriales para no pagar la tarifa por el servicio de monitoreo y gestión del uso de las aguas subterráneas.

Los industriales buscan -explicó Sunass- que se declare inaplicable el Decreto Legislativo N.º 1185 que creó el régimen especial de monitoreo y gestión del uso de las aguas subterráneas y es la base legal de la mencionada tarifa aprobada por el regulador.

Sunass indicó que con esta medida judicial, las empresas industriales insisten en su pedido de no pagar la tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a pesar de que, en diciembre de 2021, el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima declaró infundada su demanda de amparo.

En esa oportunidad esta instancia del Poder Judicial valoró el alegato de la Sunass acerca de que dicha tarifa tiene como origen una norma con rango de ley”, precisó el regulador.

Las empresas demandantes son: Ajeper, Tecnología Textil, Topy Top, Creditex, Universal Textil, Owens-Illinois Perú, Aris Industrial, Unión Andina de Cementos, Industrias Nettalco, Cía. Industrial Nuevo Mundo, Industrial Cromotex, Hilandería Algodón Peruano, Corporación Textil del Sur, Textiles Camones, Sudamericana de Fibras, Metalúrgica Peruana, NK Management y Molitalia.

-Riesgos-

El servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas tiene como finalidad cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo y asegurar la prestación de los servicios de saneamiento.

El no hacerlo, puede exponer a los acuíferos a una sobreexplotación y a efectos adversos como futuras crisis hídricas, tal como ya ha sucedido en otras ciudades del mundo”, agregó Sunass.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el 20% del agua potable que Sedapal distribuye para abastecer a la población de Lima y Callao proviene de fuentes subterráneas.

Sedapal cuenta, al 2020, con aproximadamente 414 pozos de agua subterránea, de los cuales 260 son reservados y se activan en casos de contingencias como en la época de estiaje (disminución de lluvias) o emergencias como la ocurrida en el 2017 a causa del fenómeno de El Niño.

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