Formalmente ha iniciado ante el Tribunal Constitucional (TC) un proceso para bloquear las “ayudas” del Gobierno peruano a Petroperú. El Colegio de Abogados de Arequipa solicita al TC declarar como inconstitucional el último Decreto de Urgencia (DU) que emitió el Ejecutivo para la petrolera estatal.
La queja directa es contra el DU N° 013-2024, que se publicó hace solo 10 meses, en septiembre. El pasado 7 de julio ingresó al TC el expediente respectivo y ahora se espera siga su curso en la máxima instancia de interpretación de la Constitución.
El colegiado critica específicamente que dicho dispositivo legal se habría emitido sin la justificación suficiente que exige la Carta Magna para recursos como ese. Buscan evitar que se perpetúe este mecanismo para la petrolera estatal.
LEA TAMBIÉN: Petroperú: Reestructuración financiera sería “nuevo salvataje, pero con otro nombre”, advierten
Objetivo claro
Según se alude en el recurso de 55 páginas, que revisó Gestión, se busca evitar que se “instaure un régimen permanente de subsidio estatal vía decreto” para Petroperú.
Se indica además que la Constitución señala que para que un DU sea válido, deben cumplirse dos criterios: excepcionalidad y necesidad. Ambos, a consideración del Colegio de Abogados de Arequipa, no se cumplieron bajo ninguna circunstancia en septiembre, cuando se emitió el DU.
En otras palabras, se acusa que el Ejecutivo habría desvirtuado esta herramienta para atender la crisis financiera de Petroperú, que es estructural, no circunstancial.
Walter Gutiérrez, ex Defensor del Pueblo, lidera el equipo detrás de esta demanda de inconstitucionalidad. Foto: GEC.
En ese sentido, no había una emergencia imprevisible en septiembre, ya que no existía un riesgo real de desabastecimiento de combustibles, como se dijo en su momento.
“Permitir que se emitan DU en casos de problemas estructurales equivaldría a convalidar una urgencia gubernamental autoinducida. No es admisible que se opte repetidamente por la vía excepcional en lugar de encarar soluciones legislativas o administrativas de fondo a tiempo. Lo estructural no puede convertirse en excepcional por mera acción discursiva”, sentencia la demanda.
Walter Gutiérrez, abogado que lidera el equipo que encabeza esta demanda, dijo a Gestión también que tampoco se respetaron las instancias para sustentar un DU correctamente.
“Esta situación debió ser, primero, controlada por el propio Ejecutivo (...) El segundo filtro es el Congreso de la República, porque la propia Constitución, señala que este tipo de normas son evaluadas por el Parlamento, pero no lo hizo. El tercer y último filtro es el TC, y ahí es donde estamos ahora”, comentó.
LEA TAMBIÉN: Banco de la Nación le extiende el brazo a Petroperú: ¿Qué pasó con préstamo de US$ 1,000 millones?
Un planteamiento interesante
En conversación con Gestión, Luciano López, abogado constitucionalista, auguró un posible éxito de esta demanda en el TC porque el DU cuestionado no cumpliría con los requisitos que exige la ley.
“Definitivamente el DU, en mi opinión, es inconstitucional porque no supera algunos requisitos que la propia jurisprudencia del TC ha establecido. Concretamente, los de excepcionalidad y transitoriedad”, remarcó.
López agregó que la crítica del Colegio de Abogados de Arequipa tiene sustento, si se toma en cuenta que el deterioro financiero de Petroperú es conocido hace tiempo. Con la emisión de DU consecutivos, tampoco se cumpliría que estas normas sean temporales.
A David Tuesta, ex ministro de Economía, el planteamiento de la demanda, desde el punto de vista económico, también le parece razonable.
“Las urgencias son cosas que no se pueden prever, como pandemias o terremotos. Pero el asunto con Petroperú en ese salvataje (el de septiembre del 2024), como los anteriores, no son urgentes, requieren cambios estructurales”, recalcó.
En una línea similar opinó Luis Miguel Castilla, también ex titular de Economía y Finanzas, quién comentó que, de tener éxito, el Gobierno vería cerrada la puerta más utilizada en los últimos años para “salvar” a Petroperú.
De tener éxito la demanda contra el DU, el pleno del Congreso pasaría a ser la principal instancia de evaluación de posibles apoyos económicos para Petroperú. (Foto: Congreso).
“Sin embargo, ese tipo de cuestiones (apoyar a la petrolera) se podrían gestionar aún con una ley del Congreso. Es la misma lógica económica detrás que impide modificar la ley de presupuesto con un DU”, explicó.
Castilla indicó también que sería interesante que esta demanda tuviera éxito porque, incluso si el Gobierno insistiera en el futuro con un DU para Petroperú, tendría que ser más meticuloso con su justificación.
“Una sentencia podría limitar mucho más los alcances de los DU. Eso podría limitar bastante al Gobierno, pero tomará tiempo”, manifestó.
Tuesta, por su parte, se mostró poco confiado de que, incluso en ese escenario, una ley discutida en el Congreso para Petroperú brinde mayores garantías técnicas, en caso se busque un nuevo apoyo económico.
“Que sea legal allí no significa que darle dinero a Petroperú sea el camino para salvarlo. Recordemos que del Congreso salen leyes como la del Foncomun. No podemos santificar esa vía”, sostuvo.
LEA TAMBIÉN: Petroperú registra ebitda positivo en primer trimestre, pero aún enfrenta retos en sus finanzas
Plazos largos que exigen medidas más prontas
Gutiérrez, cuando detalló las motivaciones de la demanda del Colegio de Abogados de Arequipa, estimó que, en “el estado ideal de las cosas”, a finales de este año el TC podría tener una sentencia.
Sobre ello, López comentó que un recurso como este podría resolverse en al menos 8 meses o un año, pero que dependerá mucho de la importancia que le dé el Tribunal al asunto.
“Los actuales magistrados en algunos casos han resuelto en 4 o 5 meses. Este recurso podría tener la misma suerte, pero dependerá de que el TC se acuerde que es el guardián constitucional, no de las leyes del Congreso o de los actos del Ejecutivo”, apuntó.
En el medio, frente a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya anunció una “reestructuración financiera” para Petroperú; y que el Banco de la Nación ha reprogramado hasta finales del 2028 el préstamo que le dio a la petrolera por US$ 1,000 millones, se requieren medidas urgentes.
Petroperú dejó de estar bajo el control de Fonafe en 2006.
Para Tuesta, hay dos leyes clave que el Congreso podría impulsar en esta nueva legislatura: que el directorio de Petroperú no se escoja por mandato presidencial, y que la empresa regrese bajo el control de Fonafe.
“Así tendría que ser porque Petroperú ha demostrado que no sabe que hacer por sí sola. Hoy, el MEF y el Minem no tienen voz ni voto para tomar decisiones técnicas. Si la presidenta no quiere, no se hace nada”, lamentó.
En respaldo a lo anterior, Castilla recordó que en 2024 el MEF aumentó su participación en la Junta de Accionistas de Petroperú, sin mayor cambio.
“Se suponía que eso ayudaría, que le quitaría la discrecionalidad al Minem, pero el MEF no tiene la fuerza de antes para imponer disciplina. Lo político manda hoy, por eso la reticencia a volver a Fonafe”, refirió.
Licenciado en Comunicaciones con especialidad en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Desde 2020 cubre temas económicos, políticos y sociales.
