Este miércoles el Gobierno dictó un decreto legislativo que establece medidas especiales para impulsar el desarrollo de la petroquímica en el Perú, al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso.
Dichas medidas -a través del DL 1689- priorizan la producción de urea y otros fertilizantes en beneficio de la agricultura nacional, así como buscan -según esa norma- garantizar el suministro de gas natural y obtener un precio final competitivo del mismo para que sea viable instalar plantas petroquímicas en el país.
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Precios máximos
Así, la norma establece que los titulares de contratos para exploración o explotación de gas natural, celebrados o por celebrar, pueden dar precios máximos para ese gas en boca de pozo que se consuma por la petroquímica, y siempre que ello no afecte su sostenibilidad económica y financiera.
También permite que puedan convenirse (entre las partes interesadas) fórmulas de reajuste de los precios máximos y/o medidas promocionales particulares o distintas.
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Minem será mediador
Igualmente, determina que la empresa concesionaria de transporte de gas natural por ductos puede aplicar descuentos al servicio de transporte de gas natural destinados para esa industria.
Asimismo, dispone –entre otras medidas- que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) podrá actuar como promotor de la inversión cuando los titulares de contratos de gas natural o el concesionario de transporte y el inversionista en la petroquímica no lleguen a un acuerdo en el precio (del gas) o tarifas para su transporte por ducto.
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¿Y quién se encargará de las negociaciones?
Para Erick García Portugal, ex director general de hidrocarburos del Minem, las medidas que dispone el citado DL son buenas, pero le falta algo importante, como es establecer quién se encargará de las negociaciones para lograr los precios y tarifas más adecuados que hagan viable económicamente esa industria.
Recordó que actualmente, los contratos de licencia de gas natural establecen dos tarifas, una para generación eléctrica, que es de US$1.80 por millón de BTU (de ese combustible), y otra de US$3.20 para los demás tipos de consumo en el mercado local.
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¿Cuál sería el precio ideal?
En esa línea, el experto refirió que, lo ideal sería que el precio del gas para la petroquímica sea igual o menor a lo que pagan los generadores eléctricos, pero si resulta mayor, simplemente no será viable para la petroquímica.
Sin embargo, advirtió que es difícil que cualquier inversionista interesado en instalar plantas petroquímicas, tenga un poder de negociación tal como para lograr por sí solo que los proveedores actuales del gas (el Consorcio Camisea), acepten reducir sus precios del gas.
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Poder de negociación sólo desde el Estado
Así, concluyó que el único que puede tener poder de negociación es el propio Estado, en primer lugar a través del Minem –como ente promotor de inversiones en hidrocarburos-, y en segundo lugar, mediante Perupetro, cuyo rol es de ser negociador de contratos para esa industria.
Por su parte Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro, señaló que hay aspectos positivos del DL, como establecer plazos perentorios de las autoridades involucradas, para dar opiniones o autorizaciones para desarrollar la petroquímica, o establecer el silencio administrativo positivo para sus proyectos.
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Se olvidaron de las regalías
Sin embargo, refirió que un tema clave es la negociación de precios del gas natural, pero que un elemento que no se ha incluido en el citado DL, es el de las regalías que se deban aplicar sobre el precio del gas a usarse para la petroquímica (y que modifica el precio final).
Al respecto, mencionó que quien determina (o puede negociar en este caso) las regalías, es Perupetro, pues tiene la facultad normativa para ello, pero ello no se ha considerado en la mencionada norma.
Reservas actuales no alcanzan
Otro aspecto que ésta no ha considerado, advirtió, es el de las reservas de gas natural que se necesitaría asegurar para la petroquímica, pues estas (bajo el contrato con el consorcio Camisea), alcanzan sólo para entre 13 a 15 años.
No obstante, refirió que el desarrollo de la petroquímica requeriría contar con reservas de ese combustible por lo menos para un periodo de 25 años, y que extender la vigencia de Camisea pasa porque el Estado, a través de Perupetro, se decida a renegociar dicho contrato.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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