Los recientes hechos relacionados a Petroperú y su pérdida de grado de inversión traen consigo un impacto fiscal, operativo y otro reputacional, este último vinculado al manejo de las entidades públicas, señaló Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas.
La semana pasada Standard & Poor’s Global Rating bajó la calificación de riesgo crediticio de largo plazo de Petroperú desde ‘BBB-’ a ‘BB+’, retirándole así el grado de inversión.
Débil gobernanza fue lo que expuso como motivo la calificadora, ello en medio de que la empresa estatal anunciara que PwC no firmó el contrato para la auditoría de sus estados financieros. Esto, como señaló la Contraloría, fue debido al cambio de condiciones del contrato de servicios de Petroperú en cuanto a la confidencialidad de la información.
“Este episodio denota una debilidad fuerte del gobierno corporativo de la empresa, y algo insólito es que no se publiquen los estados financieros auditados. Ello ha gatillado la reducción y pasar su calificación a un grado especulativo”, indicó Castilla.
Riesgo fiscal
Mencionó que Petroperú es una empresa bastante apalancada, la cual ha emitido bonos por US$ 3,000 millones (además de una deuda sindicada de US$ 1,300 millones), para financiar la refinería de Talara. Estos están vinculados a la calificación crediticia de la empresa lo que, con la reciente rebaja, suscita un riesgo desde lo fiscal.
“Si bien hay una alta garantía del Estado, nunca se ha acogido de ella. Esto (la rebaja de la calificación crediticia de Petroperú) encarece la deuda y puede gatillar cláusulas que exijan el repago inmediato del bono, por lo que el Estado tendría que intervenir con sus recursos para hacer frente a la obligación”, afirmó.
El pago de las obligaciones de Petroperú, según Castilla, significaría una contingencia que no está presupuestada para el gobierno, por lo que tendría que recurrir posiblemente a emisiones de bonos.
“Es posible que se tenga que sacar una ley para aumentar el tope de endeudamiento, y facultar al gobierno para que, probablemente, emita bonos para hacer frente a esta contingencia. Si a los tenedores de bonos de Petroperú se le da un bono soberano, es posible que no tengan problema en tomarlos. El deudor en ese caso sería el Estado peruano”, indicó.
Además, mencionó que las emisiones estarían sujetas a condiciones más duras por las rebajas en la clasificación crediticia para Perú, siendo la última la de S&P. “Es un tema importante, pero no creo, por los montos, que se deje de financiar otras cosas en el corto plazo”, precisó.
Riesgo operativo
Castilla mencionó que hay un riesgo desde lo operativo debido a las menores fuentes de financiamiento de corto plazo que tendría habilitada la empresa estatal. Esto en contra de la normalidad en sus operaciones.
“Si no tiene financiamiento se puede terminar en problemas operacionales que se pueden reflejar en los suministros, falta de mantenimiento o fallar en acuerdos con respecto al pago de proveedores”, indicó.
En ese sentido, mencionó que, sobre todo en el corto plazo, sí podría haber un impacto en las operaciones de Petroperú. “La empresa representa un riesgo que los bancos probablemente no quieren asumir, hasta que no se estabilice la situación. A raíz de todo esto muchas de sus líneas de capital de trabajo se han encarecido o le han cortado de financiamiento desde el mercado doméstico”, manifestó.
No obstante, el ex ministro señaló que, por ahora, el que tenga como respaldo al Estado hace que la ocurrencia de un escenario, en donde se dificulte la continuidad de las operaciones de Petroperú es mínima.
“No se espera que ocurra, porque el gobierno intervendría. En todo caso, se necesita de un plan de mejora de gobierno corporativo en la empresa, ayudaría a mejorar el riesgo de los papeles que ha emitido Petroperú. Esto ayudaría a mitigar el daño que se ha hecho. El nuevo gerente general tiene que hacer un planteamiento de cómo ser creíble para no dificultar sus líneas de financiamiento”, manifestó.
Riesgo reputacional
Vinculado a los dos puntos anteriores. Pablo Lavado, economista y ex viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, señaló que se continúa dando el mensaje de que las capacidades estatales para hacer empresa son “primitivas”. En ese sentido, precedentes como los que deja Petroperú, suman argumentos para la poca credibilidad en estas figuras empresariales, lo cual es más sensible en condiciones de ruido político.
“Uno espera una empresa estatal fortalecida, con cuadros técnicos y que sobre todo se maneje con transparencia. Es raro que se vea que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) presione al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a tomar una postura dentro del directorio. Dentro de lo que es manejo y gerencia, las pocas empresas públicas en el Perú no están dando la talla, y estos hechos lo corroboran. No se puede pretender hacer empresa pública si no se incorpora lo técnico”, afirmó.
En el mismo sentido, Castilla mencionó que lo sucedido con Petroperú da pase a que se siga vinculando a la empresa estatal con este tipo de hechos, y evita la entrada de mejores cuadros técnicos.
“Este tipo de casos alimenta la incapacidad o el riesgo de captura política de empresas públicas o subordinarlas a intereses políticos. El gobierno no cree en el manejo tecnocrático de las entidades públicas quitando idoneidad a las operaciones de estas entidades. Se necesita (para Petroperú) constituir una plana gerencial técnica y que tenga credibilidad, pero bajo estas circunstancias es difícil saber quién aceptaría el cargo”, afirmó.
En corto
Fitch Ratings bajó, a inicios de marzo, las calificaciones Issuer Default Ratings (IDR) de largo plazo en moneda local y extranjera de Petroperú a ‘BBB-’ desde ‘BBB’.
“Las revisiones y RWN reflejan la falta de transparencia financiera de la empresa y la gobernanza debilitada, como lo demuestra el retraso significativo en la auditoría financiera de fin de año del 2021 de la empresa”, explicó la agencia de calificación crediticia.