Petroperú S.A. informó que ha iniciado un proceso judicial contra Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros, por su negativa a dar cobertura de la póliza de seguro vinculada a su proyecto de modernización de la refinería de Talara.
Explicó que ha presentado demanda de obligación para que la aseguradora le reconozca a la petrolera estatal el pago de US$432.8 millones, más los intereses correspondientes, por el retraso del proyecto de modernización de esa planta, debido a los impactos generados por el Covid-19.
Refirió que la compañía aseguradora en mención se habría negado a otorgar cobertura e indemnizarle conforme establece la póliza de Todo Riesgo para Contratistas -Retraso en la Puesta en Marcha (CAR/ALOP), contratada por Petroperú.
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Detalló que los impactos por el Covid-19 estaban expresamente cubiertos por la cláusula 9 (Enfermedades Infecciosas y Lesiones Corporales) de la sección II de la póliza CAR/ALOP.
La demanda fue presentada el pasado agosto ante el 14°Juzgado Civil - Comercial de Lima, según la empresa, con el fin de proteger los intereses del Estado peruano, y garantizar el cumplimiento de los pactos contractuales suscritos en salvaguarda del citado proyecto.
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Juzgado admitió a trámite la demanda
Petroperú indicó que, en el marco de la tramitación del proceso, mediante Resolución N°1 del 29 de septiembre del 2025, el Juzgado admitió a trámite la demanda de esa empresa, y que otorga a Mapfre Perú un plazo de 30 días luego de notificada para que cumpla con contestar la demanda.
Asimismo, dispuso notificar con la demanda y el auto admisorio a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
La solicitud de notificación a la SBS y SMV fue planteada por Petroperú S.A. “dada la relevancia sistémica del caso para el mercado financiero y asegurador, así como por el impacto económico de la controversia en el Estado Peruano”.
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El Proyecto Modernización Refinería Talara -remarcó la empresa- es un proyecto de necesidad pública e interés nacional (declarada por Ley N° 30130), orientado a la seguridad energética y a la producción de combustibles limpios, para la preservación de la calidad del aire y de la salud pública.
Por ello, añade, la adecuada ejecución de las coberturas contratadas y el cumplimiento de las obligaciones aseguradoras tiene un impacto directo en la gestión de riesgos del Estado y en la confianza del mercado.
El objetivo de la acción judicial es obtener el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la aseguradora y resarcir los perjuicios económicos efectivamente verificados por la paralización de la obra, la cual fue declarada de necesidad pública e interés nacional, subraya.
Finalmente la empresa indicó que reafirma su respeto al debido proceso y a la transparencia, manteniendo su disposición a colaborar con las instituciones correspondientes.
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