Petroperú se encuentra en el foco de la noticia también en el cierre del año por el derrame de petróleo generado en el área del Terminal marítimo de la Refinería de Talara (Piura), cuya operación está a su cargo, la noche del viernes 20 de diciembre.
Preliminarmente, desde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se señaló que el área afectada es de alrededor de 10,000 metros cuadrados y se habrían perjudicado cuatro playas. Sin embargo, Ricardo Bancayan, alcalde de Lobitos, se refiere hasta a seis: Capullanas, la más afectada, Malacas, El Lanchón, Las Dos Piernas, Yapato y La Bola.
Desde Petroperú señalaron, la mañana de este martes 24 de diciembre, que “culminaron” las labores de limpieza en la playa Capullanas. “Se contrató los servicios de empresas especializadas para las evaluaciones finales y acciones que resulten necesarias en las siguientes etapas que corresponden”, complementaron.
Sin embargo, el derrame de hidrocarburos ocurrido en Piura no ha sido un caso aislado en la petrolera estatal en este año.
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Al menos siete
Gestión revisó todos los hechos de importancia remitidos por Petroperú a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) hasta el cierre de esta edición. Este Diario verificó que, al menos, siete derrames de petróleo se registraron en unidades a su cargo solo en este año.
Las comunidades afectadas pertenecen a las regiones de Amazonas, Lambayeque, Piura y Loreto. Según lo comunicado por la empresa pública, estos respondieron a responsabilidad propia, como de terceros.
Las unidades en las que se produjeron estos derrames fueron el Oleoducto Norperuano en cinco ocasiones, una en el Lote Z-69 y otro en la Refinería de Talara, la recientemente conocida. Los hechos se dieron en febrero, dos veces en marzo, una en julio, otro en octubre y ahora en diciembre.
De acuerdo con sus propios comunicados, en los casos donde no hubo responsabilidad de terceros, está la fuga de petróleo en una de las líneas de producción del Lote Z-69 (Talara, Piura), detectada en inspecciones en el mar, en julio.
“La empresa ejecutó (...) la reparación de la línea de producción, así como el despliegue de barreras absorbentes para la contención respectiva y la posterior limpieza del área afectada, lo que ha permitido recuperar la totalidad de las iridiscencias presentes en el mar y retirar el material impactado”, reportaron escuetamente.
El segundo fue en octubre: un “afloramiento de crudo” del oleoducto, a la altura de Pastaza (Loreto). Este caso es crítico. El portal Convoca detalló, a partir de un reporte de la OEFA, que se derramaron más de 40 barriles en un tiempo de alrededor de 12 horas. Esto representa más de 6,300 litros de petróleo.
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El tercer caso de derrame de responsabilidad propia identificado por Gestión es el reciente de Piura. Es importante señalar que en ninguno de estos reportes se informó qué cantidad de petróleo se “fugó” o derramó.
De otro lado, fueron cuatro las ocasiones en las que sí hubo culpa de terceros. Por ejemplo, en febrero, se reportó “tres cortes producidos por personas aún no identificadas”; en marzo, el afloramiento de hidrocarburo se dio “causado por un corte realizado con herramienta mecánica por terceras personas”; y en junio se halló una “conexión clandestina que provocó una fuga de crudo”.
En un hecho de importancia de mediados de marzo que informó de un nuevo derrame en Amazonas e, incluso, se reportó que “suman 11 los atentados registrados, los cuales se han centralizado en el Tramo II del oleoducto desde enero de 2023 a la fecha [marzo del 2024].
En todos estos casos de responsabilidad de terceros, Petroperú señaló que activó su planes de contingencias, que contempla el cierre de válvulas y envío de personal especializado, el despliegue de barreras de contención para evitar expansiones, además del diálogo con las comunidades afectadas para los trabajos respectivas. A esto se sumó la convocatoria a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público para proceder con las sanciones.
Mayores esfuerzos
Miguel Incháustegui, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), lamentó todos estos derrames por su impacto en el medioambiente y señaló que, en algunos casos más que otros, es una muestra de la falta de prevención para evitarlos.
Puntualmente sobre el reciente caso de Piura, llamó la atención de que no se tenga información clara, pese a varios días de transcurrido, de qué cantidad de hidrocarburo contaminó el mar piurano.
“Se está denunciando que la contaminación está avanzando de sur a norte, hacia Máncora. La OEFA debe tener un informe más claro del impacto, si se solucionó o no la ‘fuga’. En el caso de Repsol, por presión del público y la prensa, se supo cuánto se derramó y los fondos para remediarlo. Hasta ahora no se sabe nada”, comentó.
Sobre los atentados por terceros al oleoducto, Inchaustegui observó que los casos son más complejos por involucrarse, incluso, hechos delictivos, pero apuntó que puede mejorarse los temas de seguridad y de gestión social.
Con este punto coincidió María Julia Aybar, presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), señalando que deben tomarse mayores acciones para prevenir daños de terceros.
“Es más complejo, pero que siempre se vea afectado por daños de terceros no significa que no deban tomarse mayores acciones para prevenirlo, cualquier acción. El ducto está expuesto en una zona de la selva complicada y también está la realidad de los hechos delictivos. Entonces, no es solo prevención”, subrayó.
De hecho, en su portal web, Petroperú señaló que “los riesgos sociales han pasado al primer lugar”. “Se trata básicamente de actos delictivos, como los cortes en la tubería. Además, están las conexiones para robar. Adicionalmente, se tiene la toma de las estaciones lo cual interrumpe la operación de bombeo, así como el retraso para la ejecución de los trabajos de mantenimiento a lo largo del ducto”, se precisa. También se informó que “lo que más demora [frente a abordar un derrame] es la remediación (entre un mes y un año)”.
Precisamente, a fines de noviembre, se informó que pobladores loretanos ingresaron a la Estación Morona del oleoducto y retuvieron trabajadores. Meses atrás, en agosto, también se reportó que docentes y pobladores de Loreto tomaron la estación 5 del oleoducto. Esta instalación ilegal duró más de 35 días. Aunque no implican un impacto ambiental, estos casos muestran el espacio pendiente por trabajar en el campo social.
A diferencia del oleoducto, Aybar recordó que los ductos modernos, por ejemplo los operados por Camisea, están enterrados.
La vocera de la SNMPE recordó que el oleoducto es esencial para el desarrollo del país porque permite trasladar toda la producción de petróleo que se puede generar en la selva, pero presenta oportunidades para ser mejor aprovechado.
“Tenemos que darle valor a eso”, apuntó. “Petrotal, de los productores principales en el país, podría aumentar su capacidad si estaría operativo todo el oleoducto norperuano. Debemos hacer todo los posible por aprovecharlo. Pero Petroperú no está en condiciones de hacer esas inversiones. Una idea puede ser concesionarlo, con las condiciones que corresponda”, apuntó.
Actualmente, Aybar comentó que hay estaciones del oleoducto que están paradas porque no hay suficiente crudo para trasladar. En ese sentido, sale más costoso mantener su encendido. “Tiene que promoverse mayores inversiones en exploración”, apuntó.
En general, Aybar comentó que el rubro de hidrocarburos es riesgoso, pero sumamente relevante para la economía del país, por lo que corresponde tener planes con altos estándares, tanto en la etapa preventiva, como la de control y remediación de daños.
“En este rubro se debe tener muchísimo cuidado. En los planes de contingencia se debe considerar acciones claves para prevenir [estos derrames] y también la parte post. Estos tienen que ser supervisados por el Osinergmin y la OEFA. Incluso, desde la SNMPE nos comunicamos con Petroperú y ofrecimos nuestro apoyo”, apuntó.
A su turno, Incháustegui también criticó la falta de reglamentación de algunas leyes impulsadas durante la contaminación de Repsol para agilizar que se comparta información entre las diferentes instituciones sobre estas tragedias. A esto sumó un recordatorio de que Petroperú debe cumplir, de manera estricta, con el pago de las indemnizaciones a los afectados en Piura y otros. “No debe haber una distinción de si es una empresa pública o privada [para las indemnizaciones y sanciones]. Hay que monitorear que se efectúen”, complementó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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