El viernes 7 de noviembre inició la etapa final de la audiencia que determinará si los pesqueros industriales podrán realizar sus actividades extractivas en las Áreas Naturales Protegidas (ANP).
La audiencia enfrenta las posiciones de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) contra las del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Ministerio del Ambiente (Minam), pero no es la única disputa.
Cronología de status legal
El caso inició en 2023, cuando la SNP pidió a Sernanp la eliminación de restricciones contra la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas, pero la solicitud fue rechazada mediante la carta 051-2023-SERNANP/DGANP-SGD. Se argumentó que el desarrollo de actividades pesqueras industriales afectaría los ciclos biológicos que garantizan la conservación de las especies que habitan en Paracas.
Mientras eso ocurría, la ONG Oceana solicitó al Minam la prohibición de la pesca industrial en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, que en el decreto de su creación -emitido en el 2021- ya permitía esta actividad extractiva en su zona de aprovechamiento directo (hasta los 1,000 metros de profundidad).
Posteriormente, a mediados del 2024, el Poder Judicial declaró infundada la demanda interpuesta por la SNP. El gremio decidió apelar, llevando el caso a una segunda instancia en la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.
En paralelo, el gremio recurrió al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), argumentando que la norma que prohíbe la pesca industrial en las ANP constituía una barrera burocrática. Sin embargo, el proceso fue suspendido ante la existencia de un proceso judicial en curso.
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Los argumentos para pescar
El 7 de noviembre, la Corte Suprema llevó a cabo la última audiencia que revisará la apelación presentada por la SNP que busca anular la resolución que establece la prohibición absoluta de la pesca industrial.
Para la SNP, el debate central es encontrar un equilibrio razonable entre la actividad pesquera y la protección de recursos naturales.
De acuerdo con Samuel Abad, abogado de la SNP, la pesca de mayor escala debería ser posible en ciertas áreas, siempre y cuando se evalúe técnicamente cada caso con un informe técnico.
“La posición de la SNP es que sí puede realizarse pesca de mayor escala en un área natural protegida siempre y cuando se determine en cada área si es posible o no luego de una evaluación técnica del Sernanp. Cuestionamos la prohibición absoluta”, comentó a Gestión.
Justamente, Abad observó que la directiva de Sernanp -emitida en 2021 durante el Gobierno de Pedro Castillo- establezca una restricción total a la pesca industrial pues, según indican, la ley de áreas naturales protegidas sí contempla su posibilidad en determinadas zonas de las ANP.
De hecho, indicó que si hubiera una prohibición absoluta no se hubiera establecido la autorización de pesca de mayor escala en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.
“Citamos el ejemplo de Nasca en nuestra demanda de acción popular. Le dijimos al Poder Judicial que es absurda esta resolución directoral porque existe un decreto supremo que permite la pesca de mayor escala. Esa resolución directoral es inferior a un decreto supremo y a una ley”, sostuvo.
Los cuestionamientos a la pesca en ANP
Oceana difiere de estas afirmaciones. Carmen Heck, vicepresidente adjunta de Oceana Perú, indicó que la prohibición no nace en la resolución de Sernanp sino en la misma Ley de Áreas Naturales Protegidas, vigente desde el 2001.
“La norma lo dice expresamente su artículo 112. El Ministerio del Ambiente demostró en el juicio que la prohibición en realidad se creó en 2001 a través del reglamento de la Ley de ANP. El Poder Judicial ha confirmado esto y se desestimó la demanda. Pero, la SNP en todo su derecho ha apelado la decisión”, recordó.
De hecho, el artículo 112.5 del mencionado reglamento estableció una prohibición a la “extracción de mayor escala, ya sea marina o continental dentro de las Áreas Naturales Protegidas, cualquiera sea su nivel”.
Heck añadió que existen antecedentes vinculados, pues el Ministerio de la Producción (Produce) emitió 99 multas a las empresas que intentaron realizar pesca industrial en el 2020.
Además, advirtió que hay un vacío normativo. Recientemente, se ha transferido la responsabilidad de fiscalizar la prohibición de pesca del Produce al Minam, lo que actualmente limita la capacidad de sancionar infracciones.
“Habiéndose dado esta modificación, el sector ambiente debe dar las normas que pongan en práctica esta transferencia de competencias. Lamentablemente, se ha creado un vacío normativo en el que, si bien la prohibición existe y está vigente, no hay un marco que permita sancionar en caso se infrinja esta prohibición”, refirió.
Este viernes la Corte Suprema realizará la apelación presentada por la SNP, que busca anular la prohibición absoluta de la pesca industrial en ANP. (Imagen: Andina)
Un pedido que va más allá de Paracas
Aunque en los últimos meses el debate giró en torno a la posibilidad de que se realice pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas, Abad afirmó que la demanda no involucra ni cuestiona la regulación de esta zona.
“Lo que está en discusión judicialmente no es Paracas. Si ganamos, no incide porque esta ANP tiene su propia norma de creación de 1975 y tiene su plan maestro de 2016. Ni la norma de creación ni el plan maestro son objeto de esta demanda”, aseguró.
El abogado de la SNP indicó que, si la Corte Suprema revoca la decisión de primera instancia y declara fundada la demanda del gremio, solo se eliminaría la prohibición absoluta, pero no se habilitaría automáticamente la pesca industrial en ninguna ANP.
En caso el resultado sea desfavorable para la SNP, Abad recordó que el proceso de acción popular que sigue es la última instancia en la Corte Suprema. Aunque aún les queda el proceso pausado en Indecopi, el representante legal no precisó si el gremio continuaría con este.
En cuanto a la demanda de Oceana para eliminar el permiso para pescar en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, los representantes precisaron que continúa en proceso, aún sin una sentencia, pero se esperaría tener una respuesta antes del cierre del 2025.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
