Arequipa.- La minería informal así como la ilegal están avanzando en tal medida en el país, que están afectando incluso la producción de la minería formal en diversas zonas del país, pero frente a lo cual no hay aún medidas concretas de parte del Gobierno.
Así se puede concluir, del debate del tema, que fue abordado durante la Cumbre Minera, que forma parte del programa de conferencias del Perumin 36, con participación de diversas empresas mineras, gremios y de autoridades del sector.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) por ejemplo, advirtió que el estudio “Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú” que realizó la consultora V&C Analistas” ha arrojado cifras preocupantes sobre esa problemática.
LEA TAMBIÉN: Metso y los proyectos en Sudamérica: 3 iniciativas se concentran en Perú.
Detalló que el informe estima que la minería ilegal ocasiona pérdidas al Perú por más de S/22,700 millones al año (2.5% del PBI), y que mueve más recursos económicos que el narcotráfico y pone en peligro la seguridad nacional, la biodiversidad, el ambiente, los derechos humanos y la salud de los peruanos.
Carlos Castro, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios de Las Bambas, advirtió que el avance de la minería ilegal es un problema nacional que afecta a todos, incluidas las empresas mineras formales. Citó como ejemplo el caso de Mina Poderosa, de oro, en La Libertad, que en julio sufrió una contracción en su producción en un 60% debido a la minería ilegal que se desarrolla en su zona de actividad.
Recordó que también afectó a la mina Las Bambas, que el 14 de abril último fue invadida, justo cuando acababa de obtener su permiso para iniciar actividades en uno de sus tajos de producción cuprífera.
“Hay que ver la correlación demostrada entre esta actividad ilegal, con otras actividades a las que promueve y financia para realizar actos ilegales que han llevado a mineras formales a paralizar su producción”, aseveró.
LEA TAMBIÉN: Hitachi Energy apunta a crecer 10% en nuevos proyectos al cierre de 2023 y 2024.
¿Qué hace el Estado para enfrentar esta situación?
Para Jaime Chávez, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la situación expuesta no va a cambiar en el corto plazo, pues refiere que, según expertos, la minería ilegal tiene como causas la pobreza, la ilegalidad y el creciente precio del oro.
En tal sentido, coincidió en que debe haber incentivos para reducir la cantidad de personas dedicadas a esa actividad al margen de la ley, como la reconversión laboral, de forma que puedan incorporarse a la actividad minera, aprovechando su experiencia adquirida.
Otros incentivos, anotó, pueden ser la aprobación de políticas fiscales de forma que se generen fuentes de empleo intensivos en mano de obra.
No obstante, el viceministro de Minas cuestionó que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), se constituya en un disfraz que usa la minería ilegal para evitar ser tocada por la ley.
Vale recordar que el REINFO es un padrón administrado por el Minem, que agrupa a todas las empresas y negocios que se dedican a la explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal, y las exime de responsabilidad penal por el daño que ocasiona al país.
LEA TAMBIÉN: Nuevas “Zonas Francas” pueden ser administradas por privados, plantea Mincetur.
Pero, además, el Gobierno prorrogó la vigencia del proceso de formalización minera integral hasta el 31 de diciembre del 2024, mediante la Ley Nº 31388.
En esa misma línea, el estudio antes mencionado realizado por encargo de la Snmpe, recomienda el cierre del REINFO y ponerle fin al proceso extraordinario de formalización, dejando expedita la vía ordinaria para quienes deseen realizar actividades mineras formales.
Dante Vera, gerente general de V&C Analistas, a cargo de dicho estudio, consideró que se requiere afianzar la presencia del Estado, lo que implica reformular y fortalecer el rol rector del Minem en las tareas de supervisión y seguimiento.
También se debe reformular, planteó, a las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM), -a cargo de la formalización minera- asegurando una adecuada provisión de recursos para el monitoreo y fiscalización oportunos, además de capacitación.
