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A casi un mes desde que el gobierno peruano firmara la carta de invitación para iniciar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -conformada por 38 de las economías más fuertes del mundo-, funcionarios de la Cancillería viajarán en estos días a Francia para continuar con las coordinaciones. Incluso, han adelantado que abrirían una oficina en la embajada de Perú en la sede de la OCDE, para monitorear el proceso de adhesión.
Perú ha esperado casi diez años para este momento. En el ínterin ha participado en el Programa País, un instrumento del organismo multilateral para apoyar a economías emergentes en el diseño de sus reformas y en el fortalecimiento de sus políticas públicas.
Fue en este espacio que el gobierno peruano se propuso tres retos: elevar la calidad de la educación, reducir la amplia informalidad y el alto porcentaje de la población (un tercio) sin seguridad médica y retiro; y, tercero, fortalecer el sistema tributario y en general la capacidad del Estado de proveer servicios de calidad en regiones remotas. Logrando, al 2020, la aprobación de 45 normas y estándares de las 248 que pide la OCDE: un avance del 18%.
“Luego del Programa País, Perú autónomamente decidió hacer un plan de trabajo de tres ejes: gobernanza, crecimiento inclusivo y temas sociales, que nos han permitido seguir avanzando. Hemos buscado temas álgidos y puntos primordiales para la OCDE, como anticorrupción, medioambiente, imposición, y puede parecer que un 20% de avance no es mucho pero es el 80% de las cosas más difíciles e importantes para la OCDE”, señaló Giovanna Gómez, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial Perú-OCDE de Cancillería.
De acuerdo a la funcionaria, Perú cuenta con siete de los ocho estándares de la OCDE: sobre evasión fiscal, imposición, código de declaración de inversiones, anticorrupción, gobernanza corporativa, recomendación del Consejo de buenas prácticas estadísticas, políticas de internet y estándares de transparencia. “El Perú avanzó muy bien, lo que no significa que no haya mucho trabajo por hacer”, agregó.
El camino pendiente
El siguiente paso es que los países miembros de la OCDE envíen al Perú una hoja de ruta en la que se detallará en qué aspectos el país tiene que comprometerse y ejecutarlos para ser evaluados -lo que podría tardar un mínimo de cinco años pues “es un proceso de idas y vueltas”- para, finalmente, ser invitados y pertenecer a la organización.
Gómez explica que la OCDE no solicita el cumplimiento de un determinado indicador -como un crecimiento mínimo en el PBI- sino, evalúa la gestión del Estado en sus políticas públicas y cómo mejora la calidad de vida de sus ciudadanos. Tampoco impone un método para desarrollarlo, “se trata de mantener el diálogo e intercambio de visión”.
“En esta hoja de ruta se incluirán temas sobre gobernanza, corrupción, medioambiente, pesca, temas fiscales, política regulatoria, educación, salud, empleo. Son temas para el desarrollo estructural del país”, acotó.
¿En qué temas está el Perú más atrasado?
Gómez menciona el medioambiente, aunque agrega que debido a la pandemia se ha ralentizado muchos temas en los que se venía trabajando pues se cambiaron las prioridades.
Pese a ello, anotó que se formuló un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, se propuso la Ley de profesionalización del contador público que son parte del fortalecimiento de investigación ante el cohecho nacional. Asimismo, actualmente se trabaja en otra norma relacionada al anti cohecho.
¿Casos de corrupción afectarían el proceso?
Consultada por si los posibles hechos de corrupción por los que está siendo investigado el presidente Pedro Castillo, y miembros de su entorno político, podrían afectar el camino de Perú a la OCDE, Gómez indicó que el organismo es respetuoso de cómo maneja cada país sus temas internos. Aunque añadió que “no puedo decirte qué afecta o no el proceso”.
“La visión de la OCDE es propositiva. No busca castigar al Estado sino verificar qué se ha hecho a la fecha y cómo mejorar, por eso la importancia de que los funcionarios sepan cuáles son las normas que nos afectan y cómo actuar frente a ello”, indicó.
Cabe señalar que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene una Secretaría de Integridad Pública la cual es parte del Comité Anticorrupción de la OCDE, en el que interactúan también la Cancillería, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia (Minjus).
Además, Perú es parte del Convenio Internacional Anticorrupción en Negocios Internacionales desde el 2018, por lo que ha sido evaluado en dos oportunidades.
“Si no logro mejorar la calidad de vida del ciudadano, no tiene sentido todo este esfuerzo del Perú hacia la OCDE”, subrayó Gómez.
